El último año del gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle vino a interrumpir casi una década y media de vigoroso crecimiento de la economía chilena (los primeros cuatro años de esa administración fueron los de mayor crecimiento de la historia del país). En 1999 el PIB se contrajo –levemente, pero contracción al fin– por primera vez en catorce años a consecuencia de la crisis asiática, que desde el otro lado del mundo golpeó con fuerza a los países exportadores de materias primas. Al año siguiente asumió el mando de la nación Ricardo Lagos, el primer gobernante de izquierda desde que Allende lo hiciera treinta años antes, con una economía internacional todavía convaleciente (aunque en su primer año, el primero del tercer milenio, el país volvió a crecer a una tasa que nos soñaríamos en la situación actual). 

Fue a fines de 2001 cuando una iniciativa del todo inédita, bajo el nombre de Agenda Pro-Crecimiento, comenzó a tomar forma. Las circunstancias que impulsaron a sus creadores a darle vida eran casi benignas comparadas con las que ahora ensombrecen el panorama económico en Chile y el mundo. Tomaron parte en esa singular tarea el gobierno, representado por Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda de entonces, y la Sofofa, presidida por el empresario Juan Claro. En pocos meses se alcanzó un acuerdo que contemplaba importantes reformas en sectores claves de la economía para mejorar la productividad y promover el crecimiento. Al fin, se trató de un notable esfuerzo, ampliamente publicitado, que movilizó al gobierno y empresarios tras un gran objetivo, con resultados positivos para el desarrollo futuro del país.

Traer a colación este recuerdo de hace 20 años no es simple nostalgia. El actual momento económico se ha tornado extraordinariamente desafiante y el crecimiento comienza a menguar peligrosamente, justo cuando la economía más lo necesita. Ni que decir de lo mucho que serán requeridos los aportes al fisco que produce el crecimiento, indispensables para darle expresión material a los derechos sociales que se fraguan en la Convención Constitucional. 

El presidente Boric necesita dar una clara señal en cuanto a que el crecimiento será una prioridad para el gobierno (con los datos disponibles sería inimaginable que no lo fuera). Una agenda pro-crecimiento –el nombre de aquel entonces sirve bien en la coyuntura actual– podría cambiar las coordenadas más bien sombrías en las que se está moviendo la economía este año (y también en los que vienen). Ni la reforma de pensiones ni la tributaria, que el ejecutivo tiene en carpeta para ser presentadas prontamente al Parlamento, tendrán efectos de corto plazo en el bienestar de los chilenos ni tampoco en el clima económico de este año. Contra todo pronóstico –la alianza oficialista no parece sentir una natural vocación en esta materia– una decisión de esta importancia constituiría una audaz jugada en el gran tablero de la política, y le permitiría al gobierno tomar la iniciativa en un momento que no le sobra nada. Podría ser también el cierre algo más definitivo de la nefasta política de los retiros de fondos previsionales que sufrió un duro revés esta semana en el Parlamento. 

En Mario Marcel el mandatario tiene a un ministro de primer nivel para encabezar, en la parte que concierne al gobierno, una tarea de semejante calado. Por su lado, la Sofofa presidida por Richard von Appen dispone de equipo y experiencia para adentrarse en estas lides. ¿Marcel y Von Appen emulando a sus antecesores Eyzaguirre y Claro? Seguramente los agentes del mercado apreciarían semejante combinación con beneplácito. Sería un cambio positivo en el inquietante clima que se ha instalado en el país en estos días.

En una nada fácil entrevista con Tomás Mosciatti el año pasado, el entonces candidato Gabriel Boric, presionado por el entrevistador, aventuró una cifra de crecimiento para los “primeros años” de su gobierno en caso de triunfar en la elección presidencial: un nada despreciable 3,5%. En la ocasión, no se explayó sobre la forma como se podría alcanzar una tasa de crecimiento a todas luces ambiciosa. La inesperada designación de Mario Marcel en el ministerio de Hacienda fue una inequívoca señal que esa aspiración no era tan solo un decir. Desde entonces los acontecimientos se han precipitado –la instalación del gobierno, el avance de la Convención Constitucional, la guerra de Ucrania y, sobre todo, la inflación–. En estas circunstancias, al presidente y a su gobierno le vendría bien embarcarse en una iniciativa que, tal como hace 20 años fue un hito en el gobierno de Ricardo Lagos, podría imprimirle liderazgo a su gestión, el que se ha resentido mucho más rápido de lo que nadie imaginó, y de paso podría poner al país en una dirección que ha extraviado ya por demasiado tiempo.

*Claudio Hohmann es ex ministro de Estado.

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