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Publicado el 03 de octubre, 2018

Juan Pablo Couyoumdjian: El proceso presupuestario y las políticas públicas

PhD Economía, académico Universidad del Desarrollo Juan Pablo Couyoumdjian

La evaluación del funcionamiento de distintos programas públicos debiera jugar un rol clave al momento de definir en qué se invertirá el presupuesto de la nación.

Juan Pablo Couyoumdjian PhD Economía, académico Universidad del Desarrollo
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Al ingresar en los últimos días al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto del sector público para 2019, es importante recordar que la discusión que se avecina no sólo trata sobre el financiamiento de las actividades del Estado como un todo (y sobre la mentada responsabilidad fiscal), sino también de la financiación de distintas políticas públicas específicas. A nivel organizacional, y en términos generales (dejando de lado los gastos asociados a proyectos de inversiones específicos), los procesos presupuestarios le tienden a otorgar un peso especial a la situación ya existente, y se busca determinar niveles de reajustes adecuados a partir de esto. Pero en verdad esta debiera ser una oportunidad para evaluar cómo están funcionando distintos programas, y determinar los ajustes que se requieran. En este sentido, y en el caso concreto que examinamos, la evaluación del funcionamiento de distintos programas públicos debiera jugar un rol clave en el proceso presupuestario.

 

Desde el punto de vista de un buen diseño de las políticas públicas, uno espera que los programas públicos tengan una evaluación ex ante que justifiquen su implementación. Si bien es el proceso político el que determinará las prioridades sociales, este ejercicio puede y debe estar acompañado de un buen diseño técnico. Pero aquí no estamos hablando sólo de esto. Nos referimos a la evaluación ex post de programas públicos.

 

En nuestro país la Dirección de Presupuestos (DIPRES) realiza una labor clave en esta línea (y también en muchas otras, por ejemplo, a través de la elaboración de indicadores de desempeño en distintas reparticiones públicas que, a falta de una “reingeniería” global en esta área, que sigue siendo un tema pendiente en el país, pueden servir como herramienta para modernizaciones focalizadas de la acción del Estado). A través de la evaluación de programas se busca determinar, entre otras cosas, la eficacia y la eficiencia de distintos programas públicos: eso se refiere al cumplimiento de los objetivos planteados, y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La publicación de los estudios en estas áreas por parte de la DIPRES es, entonces, un aporte fundamental al debate sobre las políticas públicas, y debiera ser un insumo importante en las discusiones presupuestarias, incluyendo la que viene ahora.

 

Justamente porque en base a estos resultados se debieran tomar medidas que no van a dejar a todos contentos, es importante tratar de establecer mecanismos que permitan la replicabilidad de estos estudios. La academia está internalizando los problemas asociados a la replicabilidad e irreplicabilidad científica; el punto fundamental a anotar aquí es que la no replicabilidad de un estudio científico legítimamente pone en duda sus resultados. He aquí la relevancia de este tema para la evaluación de las políticas públicas. La replicabilidad de los estudios de evaluación de la política pública es clave para no cometer errores que pueden tener efectos significativos sobre el bienestar de la población como un todo. Por supuesto, en la medida que distintos estudios de este tipo muestren resultados disímiles, y estas diferencias se generen por diferencias metodológicas, hay un espacio para discutir los supuestos implícitos en distintas aproximaciones; de eso se trata el análisis técnico de las políticas públicas.

 

Al final del día la disposición de las autoridades y parlamentarios, responsables en último término del presupuesto del sector público, a considerar los resultados de estos estudios es clave. Eso puede implicar un reconocimiento de que algunas políticas no resultaron como se esperaba. El trabajo de la DIPRES, y los nuevos estándares que se podrían aplicar en materia de replicabilidad de estos estudios, están basados en que existe una voluntad de tomar en cuenta estos datos. De esto es de lo que depende la calidad del proceso de las políticas públicas.

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

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