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Publicado el 21 de junio, 2020

Juan Omar Cofré: La exitosa experiencia española que la política chilena pasó por alto

Doctor en Filosofía, profesor de Filosofía Política y Jurídica, miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales Juan O. Cofré

En Chile se instaló un malentendido. Se ha creído que la fuente última de legitimidad democrática reside, y sólo la puede garantizar, una asamblea constituyente. Eso es un error. La fuente última de legitimidad democrática no puede estar en una asamblea, si no en el pueblo. De ahí emerge la soberanía popular.

Juan O. Cofré Doctor en Filosofía, profesor de Filosofía Política y Jurídica, miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
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En este escrito se analiza brevemente la experiencia española, post dictadura franquista, de tránsito a la democracia, y la plena integración  de ese país a la Europa contemporánea, liberal y democrática, tras la promulgación de su nueva constitución de 1977. Chile en cambio, busca desesperadamente una estabilidad política y económica que después de 40 años de retorno a la democracia, ha sido defectuosa y sigue en buena parte pendiente. ¿Por qué quienes tuvieron conocimiento de la experiencia ibérica decidieron ignorarla e insistieron en sus respectivas propuestas conflictivas y fallidas?

El retorno de España a la democracia

Chile sigue enfrentando una situación complicada que es necesario atender con decisión y realismo político. Los conflictos de interpretación entre las partes que han suscrito el Acuerdo Político se están reavivando y crecerá la tensión a medida que se vaya superando la pandemia. Desafortunadamente, todo esto puede fácilmente convertirse en una disputa muy difícil de desactivar. En este sentido, creo que debió mirarse, en su momento, la experiencia española de la década del 70 del siglo pasado para encontrar la inspiración política que, al parecer, nos ha faltado. Pienso que ello nos habría ayudado a superar la crisis política y de credibilidad de que adolece la vida ciudadana y que, seguramente, superados nuestros apremios internos, volverá a aflorar.

Veamos. Sólo con la muerte de Franco en 1975, España dio los pasos correctos para transitar a la democracia e integrarse plenamente a la Europa liberal y democrática, tan admirada por nosotros e Iberoamérica. El régimen dictatorial de Franco promulgó entre 1938 y 1967 un conjunto de leyes denominadas “Leyes Fundamentales del Reino”, con el fin de afianzar la continuidad del régimen autoritario más allá de la muerte del caudillo. Recordemos que entre 19346 y 1939, España vivió la peor guerra civil europea. Al asumir el rey D. Juan Carlos en 1975 como Jefe de Estado, se encontró con un panorama político cargado de tensión. Los partidarios de la continuidad -una parte muy importante de la población- reclamaban  legitimidad por haber triunfado en la Guerra Civil, y haber gobernado cuarenta años el país. España no requería cambios estructurales, se argumentaba. Bastaba  con una adecuación institucional para continuar la marcha, según el camino trazado por la dictadura. Después de todo, el pueblo español había salido de la pobreza, había superado el desorden político y ya para entonces era un país en el que se podía vivir en paz, y con un progreso económico que avanzaba a buen ritmo. ¿Por qué entonces arriesgarlo todo en una revolución jurídica y política que llevara a una constitución que no parecía imprescindible para el éxito económico y político del país?

El bloque opositor, en cambio, estimaba absolutamente necesario desmontar la institucionalidad heredada, desactivar principalmente las leyes Fundamentales de Sucesión de la Jefatura del Estado (1947) y la Ley Orgánica del Estado (1967), promulgadas por Franco, y dar paso a un régimen democrático. Era una situación muy delicada porque cada uno de los dos bloques políticos quería imponer su voluntad sin transar, lo que amenazaba una vez más al Reino con un conflicto al estilo español, es decir violento.

En este punto, con muy buen sentido, el Rey escuchó a los políticos moderados que constituían la derecha, el centro y la izquierda, y llamó a la presidencia del Gobierno a un político dotado de grandes virtudes cívicas y de una trayectoria intachable. Adolfo Suárez tuvo la difícil tarea de conciliar los extremos, buscar acuerdos y dar comienzo al proceso de evolución a la democracia. Su Gobierno estaba obligado a observar y hacer cumplir la legalidad vigente, pero al mismo tiempo estaba urgido a dar pasos decisivos y seguros hacia un ordenamiento jurídico compatible con un estado de derecho, libre, democrático y pluralista.

El Gobierno de Suárez, escuchando a todos, elaboró un proyecto de ley que permitía transitar sin interrupción desde la legalidad entonces vigente a una nueva juridicidad que abriera las puertas al pluralismo y a la democracia. Tal fue la “Ley  (Fundamental) para la Reforma Política” (1977). Suárez se dio cuenta, sin embargo, que si esta Ley salía únicamente de la matriz legal franquista, carecería de legitimidad democrática. Por eso decidió llamar, antes de promulgarla, a un referéndum (plebiscito) el 10 de diciembre de 1976. El electorado aprobó el proyecto con una alta mayoría, con lo cual  la Ley consiguió obtener una legitimidad formal y material indiscutibles. Sin este paso esencial todo lo venidero habría sido frágil y transitorio por su déficit democrático.

De acuerdo con esta Ley, las nuevas Cortes (Cámara de Diputados y Senado), ahora elegidas democráticamente, asumían funciones legislativas y constituyentes. De este modo el Gobierno de Suárez evitó la asamblea constituyente, pero reconoció el poder soberano del pueblo (que es lo único que en un proceso democrático no se puede pasar por alto o limitar por otros poderes políticos) para pronunciarse sobre la principal cuestión, la constitucional, cuya resolución fue esencial para la paz de la nación.

Quedaron así, pues, echadas las bases para estudiar, aprobar y promulgar una nueva constitución para España. La cuestión siguiente era cómo avanzar en tan difícil tarea. Para ello se establecieron al menos los siguientes pasos: Primero, de acuerdo a la nueva Ley, las Cámaras serían responsables de estudiar y proponer un nuevo texto constitucional al pueblo español. Segundo, se estableció un procedimiento unánimemente aceptado en orden a buscar acuerdos y, de ese modo, evitar que simplemente, usando la regla de la mayoría, unas fuerzas políticas aplastaran sistemáticamente las aspiraciones de las otras. Sánchez Agesta, un jurista de gran prestigio, recuerda que se aspiró a que se diese prioridad a las propuestas constitucionales que contasen con el mayor apoyo posible de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Eso evitaría que el día de mañana un partido o agrupación, que vio frustradas sus demandas, al alcanzar una mayoría circunstancial, comenzara a promover reformas o una nueva constitución. Tercero, se consensó un cronograma que evitara que el proceso se extendiera “ad calendas graecas”.

Establecidos estos criterios, se formó una  Comisión de la Cámara de 36 miembros. Estos constituyeron un Comité de 7 redactores en el cual estuvieron representados todos los partidos, incluido el Partido Comunista recientemente legalizado. Este Comité presentó un proyecto que aprobaron ambas Cámaras. Los desacuerdos pasaron a una Comisión Mixta (Cámara de Diputados y Senado). Aprobado el proyecto, el Ejecutivo lo sometió a referéndum de la Nación, el 6 de diciembre de 1978. Fue ampliamente aprobado y ya el 29 de diciembre de ese mismo año se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y España dio a luz una razonable y moderna Constitución que hasta aquí ha permitido la buena marcha y progreso del Reino, crecimiento económico en paz, y un grado aceptable de equidad y justicia social, pese a las dificultades que todos los gobiernos tuvieron con el problema vasco, el separatismo catalán, y últimamente con la pandemia. Entre la instalación de las nuevas Cortes (14 de julio de 1977) y la publicación de la Constitución (29 de diciembre de 1978) apenas transcurrió un año y medio.

¿Asamblea Constituyente o Congreso extraordinario?

Algunas personas calificadas consideran que el tema constitucional no es una cuestión relevante en Chile; que no es una preocupación que quite el sueño a nadie. Incluso algunos piensan que tan sólo plantear el tema ya es absurdo. No somos de esa opinión; tal vez no sea una cuestión de vida o muerte, pero según lo que se ve y escucha, un gran número de personas de izquierda, de centro e incluso de derecha, quiere al menos una revisión a fondo de la Constitución, porque cree que de alguna manera esta posibilita la injusticia social, la desigualdad y la iniquidad que, ciertamente, existen.

Los españoles ante igual tesitura pudieron haber optado por una asamblea constituyente elegida directamente por el pueblo soberano. Por razones que sería muy extenso exponer aquí, no lo hicieron, y optaron en cambio por encargar la misión de redactar una nueva carta fundamental a un nuevo congreso, elegido por la ciudadanía, para que asuma esa importante tarea institucional, y para que, una vez concluida su primera misión, continúe con la tarea legislativa que el nuevo orden democrático de suyo supone.

La idea de una asamblea constituyente a la que muchos españoles aspiraban fue descartada en definitiva después de una intensa discusión política. Un congreso democrático, elegido con todas las garantías posibles propias de una democracia, si se constituía con el expreso mandato de asumir la obra de redactar una nueva constitución, valía tanto como una asamblea constituyente, pues mantenía a salvo la soberanía (voluntad absoluta del pueblo) no intervenida ni distorsionada de ninguna manera por fuerzas políticas o antiguos poderes constituidos. El pueblo aceptó esta modalidad y la aprobó mayoritariamente.

En Chile, en cambio, se instaló un malentendido respecto de este punto. Se ha creído que la fuente última de legitimidad democrática reside, y sólo la puede garantizar, una asamblea constituyente. Eso es un error. La fuente última de legitimidad democrática no puede estar en una asamblea, si no en el pueblo. De ahí emerge la soberanía popular. Antes de la Revolución Francesa algunos pensadores creían que la soberanía residía en el monarca, por derecho divino. Gracias al pensamiento político ilustrado europeo, esta doctrina fue derrotada y reemplazada por la teoría de la soberanía popular. Desde entonces, y hasta ahora, se considera que el pueblo y sólo el pueblo (se dice también “nación”) tiene el poder de hacer la ley fundamental, transformarla o derogarla por intermedio del mandato que entrega a sus representantes, legisladores o constituyentes.

De ese modo entonces, el verdadero y único soberano legítimo puede decidir derogar la constitución y darse una nueva; y como no puede hacerlo directamente por razones prácticas, elige democráticamente a sus mandatarios para que lo representen en una asamblea constituyente, o en una asamblea legislativa que excepcionalmente asuma también funciones constituyentes.

El pueblo español, al votar y aprobar en referéndum el 10 de diciembre de 1976 la Ley para la Reforma Política, concedió su asentimiento para que la nueva constitución sea preparada por el poder legislativo extraordinario. Y esa decisión fue tan legítima como si hubiese decidido instalar una asamblea constituyente.

La gran fortaleza del proceso español se puede sintetizar en cuatro puntos esenciales:

  1. Los partidos políticos, y la ciudadanía defendieron con gran entereza, patriotismo y serenidad la compleja y complicada cuestión política que se les presentaba. Así y todo, fueron capaces de anteponer los intereses superiores de la Nación, a los partidistas y privados. Este talante democrático y generoso fue decisivo para llevar a buen puerto los anhelos democráticos del pueblo español.
  2. Siempre se buscó, y consiguió, un equilibrio que considerara y respetara a todos por igual, sin privilegiar ni a izquierdas ni a derechas. Las ideas de igualdad, libertad, justicia social y pluralismo (como en su día las ideas de libertada, igualdad y fraternidad orientaron la Revolución francesa), actuaron como preceptos regulativos básicos de todo el proceso político.
  3. Se retomó y respetó a cabalidad el principio de soberanía popular, es decir el poder de decisión de la comunidad en virtud del cual ningún otro poder político puede ser pensado y menos coactivamente instalado en un estado de Derecho. En esta versión el pueblo decide, entendiendo por “pueblo”, el conjunto y cada uno de los ciudadanos habilitados para decidir o votar en una justa democrática.
  4. Respeto real e irrestricto al pueblo elector y soberano. Esto quiere decir que a la hora de elegir este congreso extraordinario, ningún poder constituido gozó de ventajas preestablecidas.

En fin, si Chile hubiera actuado al modo español, y en el país hubiese soplado un viento respetuoso, patriótico y democrático de verdad, los resultados habrían sido harto mejores que los que al final se establecieron (y que no han dejado plenamente convencido a nadie). En tal caso, por ejemplo, todo grupo político o ciudadano formalmente constituido debería haber quedado habilitado para levantar candidaturas a este congreso extraordinario (que habría sido más representativo y mejor) bajo las mismas reglas y condiciones, sin “derechos adquiridos” de antemano. De ese modo, quien hubiese sido elegido para formar parte de la Asamblea o Convención, lo habría sido exclusivamente por su mérito y en virtud del juego democrático, y no por factores espurios, contrarios a la soberanía. Claro, pero Chile eligió otro camino, a mi modo de ver más difícil y accidentado que el que, con buen juicio, decidió en su día el pueblo español.

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