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Publicado el 11 septiembre, 2020

Juan Ignacio Brito: Víctimas olvidadas

Periodista Juan Ignacio Brito

En La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Arauco impera la ley del más fuerte. Bajo esas condiciones, la vida puede llegar a ser corta, desagradable y brutal, como bien saben los familiares del desafortunado Moisés Orellana.

Juan Ignacio Brito Periodista
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La larga lista de víctimas inocentes del conflicto mapuche añadió esta semana un nuevo integrante: Moisés Orellana Pavez. Según la información disponible hasta ahora, el joven de 21 años tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto en un camino rural de Cañete la noche del martes, cuando recibió un disparo de escopeta en la cabeza al ser abordado por un grupo que recién había quemado unas cabañas y huía en autos robados. “Estaba empezando a vivir”, se lamentó María Pavez, su desolada madre, quien no tiene esperanzas de que los asesinos de su hijo vayan a ser castigados: “¿A la Justicia qué le voy a pedir? Nada, si nunca hace nada”.

Ojalá que la señora María se equivoque y que en este caso los culpables sean identificados y llevados a tribunales. Pero es irrefutable que se queja con pleno fundamento. Lo sabe, por ejemplo, la familia de Jorge Maulén, el vendedor atacado en diciembre de 2018 cuando conducía su furgón en la ruta a Tirúa. Maulén murió meses después debido a las secuelas del atentado. Ana María Martínez, su esposa y acompañante en el momento del ataque, dijo en agosto pasado a Biobiochile.cl que la Fiscalía solo la llamó a declarar una vez por el crimen de su marido y que, después de realizar esa diligencia, nunca más la ha contactado. “Somos víctimas olvidadas”, afirma Martínez. Es por eso que Carmen Maulén, la hermana de Jorge, acusa que “aquí hay un responsable y es el Estado, porque el Estado debe garantizar la seguridad y el desplazamiento de todos sus ciudadanos, el Estado debe protegerlos, debe prever riesgos”.

La realidad en terreno confirma las palabras de los Maulén y María Pavez. Lo sabe también el agricultor Gregorio Correa, quien hace unos meses devolvió las llaves del fundo que arrendó por 36 años cerca de Victoria, cansado de los ataques y el amedrentamiento. Correa, que llegó a la zona en la década de 1950, ha presenciado a lo largo de su vida en vivo y en directo el deterioro de la convivencia entre mapuches y huincas. En 2017 un grupo quemó la casa de sus padres. “Llegaron carabineros, miraron, tomaron nota, nos entrevistaron, nos dijeron que nos iban a citar, y se fueron. Eso quedó en nada, cero investigación”, relató Correa a El Mercurio hace unas semanas. Averiguó por su cuenta y supo de los responsables: hizo mucho más que los agentes estatales obligados por ley a indagar delitos. Pero la cosa empeoró y Correa enfrentó amenazas, hostigamiento, visitas hostiles a su casa, pedradas y balazos. Trató de negociar, pero les advirtió a los chantajistas que no pagaría. Al final desistió. Dejó el fundo y se trasladó al Maule, donde hoy trabaja un campo.

Mientras el Estado siga entregando excusas y no se atreva a enfrentar decididamente a los violentos, la situación continuará empeorando.

En La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Arauco impera la ley del más fuerte. Bajo esas condiciones, la vida puede llegar a ser corta, desagradable y brutal, como bien saben los familiares del desafortunado Moisés Orellana. Lo trágicamente paradójico es que muchos de los que acusan que por años han sido víctimas de discriminación y abuso ahora se han convertido en el símbolo de las actitudes que denuncian.

Todo sugiere que eso no va a cambiar y que, más bien, el conflicto va en escalada: ya no solo se asalta y se incendia, sino que también se utilizan bombas, se descarrilan trenes y se dispara a matar contra inocentes. Según datos de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros e Investigaciones, en los últimos cinco años ha habido en la macrozona sur 772 atentados contra inmuebles, camiones y otros vehículos, maquinarias y plantaciones forestales. De acuerdo a lo expuesto ante la Comisión de Seguridad del Senado por el jefe de inteligencia de la PDI, “si bien aparecen 243 personas vinculadas a estas investigaciones en calidad de imputados, hay solo un condenado”. La minúscula cantidad de condenas se debe, según el mismo funcionario, a “la escasa evidencia hallada en los sitios del suceso, lo cual se explicaría por lo básico de los medios que se utilizan en la ejecución del delito y la ruralidad de la zona”. Aunque se agradece la franqueza, la excusa es ridícula: el éxito de los atacantes se debería a que son poco sofisticados y a que operan y viven en el campo. ¿O sea que sería más fácil para el Estado que usaran armas avanzadas y atacaran en la ciudad? La explicación carece de sentido. Mientras el Estado siga entregando excusas y no se atreva a enfrentar decididamente a los violentos, la situación continuará empeorando. Es cierto que el conflicto no puede ser enfrentado solo desde una perspectiva policial y judicial, pero también lo es que, sin ley ni orden, se hace imposible un diálogo efectivo.

Mientras tanto, siguen cayendo víctimas inocentes que son rápidamente olvidadas, porque no encajan en la narrativa de nadie: ni la de los mapuches que reclaman contra injusticias ancestrales, ni la de las autoridades que aseguran que hacen lo posible por aplicar la ley. Para ellas no hay marchas, solidaridad internacional, ni siquiera investigaciones serias. “Que hubiera sido un mapuche, qué no habrían hecho, pero como es un chileno, no se toma en cuenta. Nosotros queremos justicia como familia”, exige la hermana de Moisés Orellana. Sin embargo, para familias como los Orellana Pavez, la justicia consiste en evasivas, desinterés y postergación. Es como si fueran ciudadanos de segunda clase. Para ellos, la igualdad ante la ley es una quimera. Son rehenes, atrapados sin consuelo en una guerra que no provocaron.

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