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Publicado el 10 de octubre, 2019

Juan Ignacio Brito: No + insensibilidad

Periodista Juan Ignacio Brito

Las propuestas que ha presentado el Ejecutivo solo ayudarán a resolver parcialmente y en el mediano/largo plazo un problema que es grave y urgente. Por desgracia, como ha ocurrido con tantos otros temas, nuestra élite ha sido extraordinariamente lenta para reaccionar y ponerse de acuerdo frente al drama cotidiano que vive y seguirá viviendo mucha gente como María Angélica Ojeda.

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Seguramente, María Angélica Ojeda nunca pensó que el cobro de su pensión se convertiría en el foco de una controversia que involucra a la justicia, el Tribunal Constitucional, la organización No+AFP, el gobierno, la AFP Cuprum y diversos empresarios, académicos y expertos. Lo que debió ser un tranquilo trámite se convirtió para esta profesora en una aventura que se tradujo en una presentación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para conseguir que Cuprum le entregue los $46 millones que logró acumular en su fondo de capitalización individual entre 1987 y 2017.

Ojeda hizo todo lo que el sistema le pidió. Cotizó durante 30 años (casi 27 de los cuales ininterrumpidos) y luego jubiló. Cuprum, por su parte, también jugó de acuerdo a las reglas: al recibir la solicitud de jubilación de Ojeda, estimó los años que a ella le quedan de vida y dividió los $46 millones para entregarle una pensión mensual. El monto alcanza a $185 mil mensuales.

Ojeda entendió que su calidad de vida se vería muy perjudicada. Al jubilar de la Corporación Municipal de Antofagasta, recibía un sueldo líquido de $1,2 millón. Debía abonar un dividendo mensual de $212 mil para pagar el departamento que compró a través de un crédito hipotecario que debe seguir cancelando por otros 13 años. También recibe una pensión Valech ($184 mil) y la ayuda que le entregan sus hijas.

Viendo que la pensión mensual no le permitiría vivir dignamente, Ojeda pidió en junio de este año a Cuprum que le entregara de una vez los $46 millones, para prepagar el crédito hipotecario o realizar inversiones que le permitieran vivir mejor. Pero la AFP se negó, sosteniendo que la ley no le permite hacer lo que ella reclamaba. La profesora contraatacó en tribunales: presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de Cuprum, diciendo que la negativa de la AFP a entregar los fondos le niega a ella el dominio de su propiedad, pues Ojeda es titular indiscutida de los recursos acumulados. La Corte ha derivado el caso al Tribunal Constitucional, el cual lo ha acogido para revisión. Ahora se sabe que la justicia atiende otra veintena de situaciones similares.

El caso ha levantado polémica, al extremo que hay quienes han sostenido que concederle el punto a Ojeda destruiría el sistema previsional chileno como existe hoy. Este parece ser, de hecho, el objetivo del abogado Fernando Atria, quien se encuentra detrás de la presentación de Ojeda y acusa que el caso de la profesora desnuda que el modelo de las AFP no es un sistema de seguridad social propiamente tal, sino que está diseñado para servir los intereses de los dueños de las administradoras, no los de los cotizantes.

Más allá de los argumentos legales de una y otra parte, la situación de Ojeda deja en evidencia que existe un problema severo. Porque el de ella debió haber sido un caso de éxito de la capitalización individual: cotizó regularmente, sin lagunas, entre 1990 y 2017. No obstante, recibe una pensión que ni siquiera llega al sueldo mínimo.

Aunque lo anterior puede deberse a muchas situaciones que escapan al ámbito de responsabilidad del sistema de AFP (por ejemplo, los bajos salarios que perciben las mujeres o un mercado laboral que paga poco a los profesores), la pensión que percibe Ojeda la condena a conformarse con una subsistencia precaria o a continuar trabajando pese a ya haber jubilado. Eso constituye una advertencia ominosa para muchas personas en su situación, pues significa que en la práctica ellas no están en condiciones de confiar que podrán retirarse con tranquilidad.

La defensa cerrada del sistema que muchos han hecho parece no considerar apropiadamente esta realidad dolorosa y preocupante. Al poner al sistema por encima de la realidad de las personas, quienes lo defienden incurren en el mismo exceso ideológico que a menudo acusan en sus detractores. Una solución que ignore la situación concreta en el terreno no solo es insensible e inútil, sino también abono para el descontento y la insatisfacción. Ya sea por una mínima solidaridad o por un egoísta sentido de conveniencia, los regentes del sistema previsional deberían prestar atención y proponer soluciones creativas para resolver casos como el de la profesora Ojeda.

El gobierno ha presentado una reforma previsional que hoy discute el Congreso. Pero las propuestas que ha presentado el Ejecutivo solo ayudarán a resolver parcialmente y en el mediano/largo plazo un problema que es grave y urgente. Por desgracia, como ha ocurrido con tantos otros temas, nuestra élite ha sido extraordinariamente lenta para reaccionar y ponerse de acuerdo frente al drama cotidiano que vive y seguirá viviendo mucha gente como María Angélica Ojeda. Antes que descalificar y cerrar la puerta a un diálogo constructivo, es necesario conocer bien la realidad en el terreno y proponer vías de solución.

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