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Publicado el 27 de septiembre, 2018

Juan Ignacio Brito: ¿Maduro a la CPI? Una iniciativa contraproducente

Periodista Juan Ignacio Brito
La razón más poderosa para criticar la presentación de los seis países ante la CPI es otra: de fructificar y lograr una condena o una orden de arresto contra Maduro, éste no tendría otra opción que atornillarse en su cargo y descartar toda posibilidad de negociar su salida del poder. 
Juan Ignacio Brito Periodista
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Es muy probable que la presentación que hicieron ayer los cancilleres de Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Canadá y Colombia ante la Corte Penal Internacional para que ésta investigue al gobierno venezolano provoque el efecto contrario al deseado. Se trata, según dijo Iván Duque, el presidente colombiano, de un “mecanismo adicional de presión a esa dictadura”, mientras que Mauricio Macri, el mandatario argentino, explicó que la iniciativa es “parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos”. Roberto Ampuero, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, añadió que “hay un mensaje muy claro: no pueden seguir las violaciones de derechos humanos en Venezuela”. Sin embargo, si se mira la situación con realismo, debería concluirse que la herramienta escogida terminará entregándole argumentos y motivos a Maduro para victimizarse y mantenerse en el poder. Eso, por supuesto, solo serviría para prolongar aún más el sufrimiento de los venezolanos.

 

Maduro y sus secuaces encabezan un gobierno corrupto e incapaz que ha sumido a Venezuela en una crisis profunda y que está generando inestabilidad en la región a través del éxodo masivo de ciudadanos. Además, según se ha conocido en sendos informes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la OEA y Amnistía Internacional, el régimen incurre en conductas criminales que se han traducido en miles de ejecuciones sumarias y numerosos casos de tortura y encarcelamiento ilegal, que son los que dan pie a la solicitud ante la CPI, para que la fiscalía del tribunal investigue si en ese país se han producido crímenes de lesa humanidad.

 

Lo que urge, entonces, no es solo “presionar” a la dictadura de Maduro o quedarse en condenas verbales como las que han pronunciado el Grupo de Lima y sus miembros, sino pasar a la acción con el objetivo concreto de provocar un cambio de régimen pacífico en Venezuela. Seguramente, la presentación ante la CPI no lo conseguirá. Al revés, la medida crea incentivos para que Maduro busque permanecer indefinidamente en su cargo.

 

Fatou Bom Bensouda, la fiscal de la CPI a quien va dirigida la solicitud de investigación, ha mostrado en el pasado poca voluntad para revisar el caso venezolano.

 

Hay que tener claro que la CPI es un tribunal cuestionado. Para que exista una corte de justicia deben darse dos requisitos obvios: por un lado, que quienes investigan y fallan sean idóneos; por otro, que la ley que dicho tribunal aplica sea igual para todos. La CPI está en deuda en ambas dimensiones. Fatou Bom Bensouda, la fiscal de la CPI a quien va dirigida la solicitud de investigación, ha mostrado en el pasado poca voluntad para revisar el caso venezolano, que se encuentra bajo “examen preliminar” desde hace meses. Bensouda ha prestado oídos a la versión del gobierno bolivariano, que acusa a “grupos golpistas” de haber asesinado a policías, y no ha atendido con diligencia las acusaciones de la oposición. Sigue así la línea del anterior fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, que siempre se resistió a indagar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

 

Aún si el caso de Venezuela llegara a ser atendido y se abriera una causa contra los cabecillas del régimen, Maduro podría victimizarse y reclamar que la CPI es una corte donde se juzga a unos y no a otros, lo cual le resta credibilidad y seriedad a sus procesamientos. El mandatario venezolano tendría razón, porque es innegable que la CPI es un tribunal arbitrario y selectivo: sólo juzga a criminales de países que se encuentran en una posición de debilidad y dependencia. La del CPI es la justicia del más fuerte, y esa realidad sería explotada por el presidente venezolano para denunciar que está siendo acusado por un tribunal espurio. Una victimización de este tipo podría ser utilizada para generar algún grado de solidaridad internacional y para robustecer un apoyo interno que hoy desfallece.

 

Con todo, la razón más poderosa para criticar la presentación de los seis países ante la CPI es otra: de fructificar y lograr una condena o una orden de arresto contra Maduro, éste no tendría otra opción que atornillarse en su cargo y descartar toda posibilidad de negociar su salida del poder. Tradicionalmente, el exilio ha sido una salida viable para dictadores de toda especie. Ejemplos hay muchos: Mohammed Reza Pahlevi, el sha de Irán, murió en Egipto luego de salir de su país en 1978 y pasar por varios lugares; el haitiano Jean-Claude Duvalier huyó a Francia en 1986, el mismo año que el filipino Ferdinand Marcos se refugió en Estados Unidos; Mobutu Sese Seko gobernó Zaire (hoy República Democrática del Congo) por más de tres décadas hasta que escapó en 1997 con destino a Marruecos. Todos accedieron a dejar el poder una vez que se les garantizó un retiro confiable. Es cierto que con ellos no se hizo justicia, pero también lo es que gracias a eso sus países pudieron dejar atrás dictaduras horribles y gobiernos incapaces.

 

Los gobiernos de la región harían mejor si dejan de lado los gestos grandilocuentes que pueden generar efectos indeseables. En lugar de eso, deberían impulsar medidas concretas para facilitar un cambio de régimen en Venezuela.

 

Un fallo adverso a Maduro en la CPI podría replicar en Venezuela el efecto que han tenido en Sudán las órdenes de captura por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra emitidas en 2009 y 2010 por el entonces fiscal Moreno Ocampo contra el presidente Omar al Bashir. Desde entonces, Bashir –el primer jefe de Estado en funciones acusado por la CPI— se cuida de viajar solo a países que no han firmado el Estatuto de Roma (que dio origen a la CPI en 1998), expulsó a todas las ONG humanitarias que colaboraban con la población sudanesa y rigidizó aún más el control político sobre la ciudadanía. El país hoy enfrenta una aguda crisis económica y protestas opositoras, un clima ideal para forzar el exilio de un gobernante impopular. Pero, aunque supuestamente Bashir debería entregar en 2020 el cargo que ocupa desde 1989, su partido político ya señaló que pretende postularlo como abanderado presidencial en las elecciones de ese año. Pocos dudan que será candidato y que, de serlo, ganará unos comicios amañados. En ausencia de la acción de la CPI, podría haberse planteado la opción del exilio de Bashir; hoy esa salida está bloqueada.

 

Tal como ha ocurrido con Bashir, una sentencia o una orden de captura de la CPI incentivarían a Maduro y a su entorno a aferrarse al poder. Por lo mismo, los países que están haciendo la presentación ante ese tribunal deberían pensarlo de nuevo, porque arriesgan terminar generando un estímulo para que el drama venezolano se eternice al sacar de la mesa la posibilidad de una salida negociada.

 

Los gobiernos de la región harían mejor si dejan de lado los gestos grandilocuentes que pueden generar efectos indeseables. En lugar de eso, deberían impulsar medidas concretas para facilitar un cambio de régimen en Venezuela. Por ejemplo, podrían ofrecer capacitación, infraestructura y apoyo a los políticos opositores; entregar ayuda humanitaria a ONG para que ellas la distribuyan a la población; proveer recursos para apoyar a los medios informativos disidentes (El Nacional, el único diario opositor, se ha visto forzado a dejar de circular algunos días de la semana para reducir costos); establecer sanciones contra los jerarcas del régimen, negándoles acceso a los fondos que tienen depositados en el exterior, etc. La idea es pasar de la retórica y las medidas contraproducentes a la acción concreta, para darle al pueblo venezolano la esperanza de que el fin está cerca para el tóxico régimen bolivariano.

 

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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