El gobierno acaba de anunciar que presentará un proyecto de reforma al sistema de Isapres. El desafío es grande: en su primer mandato, Sebastián Piñera convocó a dos comisiones de reforma al sistema de salud y presentó un proyecto tímido, que no logró ser aprobado. Hoy, seis años después, la necesidad de una reforma es mayor: el sistema de salud se encuentra completamente judicializado (se presentaron el 2017, 127.000 recursos de protección contra las Isapres), una Isapre estuvo al borde de la quiebra y Fonasa adolece la misma enfermedad crónica: falta de recursos. La oposición, por su parte, sigue siendo mayoría en el Congreso.
La situación no es auspiciosa para Piñera. Sin embargo, otras grandes reformas también han requerido grandes consensos. Así, en 1952, Chile creó el Servicio Nacional de Salud que, basado en el exitoso entonces (y exitoso ahora) sistema de salud inglés, fue aprobado por unanimidad de los votos de gobierno y oposición. Hoy en día la oportunidad histórica para un gran acuerdo social existe, sin embargo, este acuerdo debe tener ciertos mínimos. ¿Cuáles son los desafíos al sistema de salud y cuáles debería ser los contenidos mínimos de una reforma? Aquí, una propuesta.
Impedir que personas con ciertas enfermedades ingresen al sistema, permitir que los precios varíen por edad y sexo, o que ciertas enfermedades, como las dentales, no estén cubiertas, son una discriminación arbitraria que no tiene una lógica de salud.
En primer lugar, el sistema de isapres no fue pensado desde la lógica de la salud, sino desde la lógica de la utilidad: impedir que personas con ciertas enfermedades ingresen al sistema, permitir que los precios varíen por edad y sexo, o que ciertas enfermedades, como las dentales, no estén cubiertas, son una discriminación arbitraria que no tiene una lógica de salud. Actualmente las isapres funcionan con la lógica de un seguro para automóviles (más riesgo de accidentes, más pago, menor protección) y no con la lógica de un seguro social, que entiende que la muerte y la enfermedad son en el largo plazo inevitables, y que la protección en esos casos debería ser mayor, no menor.
No existe en la práctica un sistema que permita que el seguro que atiende a pacientes más enfermos reciba un incentivo económico adicional. Esto debe cambiar y es fundamental a cualquier reforma.
El origen del problema es que los montos que reciben los seguros de salud no son ajustados por las enfermedades que tienen los pacientes. Así, Fonasa recibe el 7% (cotización obligatoria en salud) por cada paciente que atiende, sin embargo, sus pacientes son más enfermos, tienen más edad y menos ingresos que los pacientes en Isapres. Por otra parte, si un paciente muy enfermo se quiere cambiar de una Isapre a otra, la que se hace cargo de este nuevo paciente tiene dos opciones: no aceptarlo o cobrarle un precio prohibitivo por su plan. En ningún caso existe en la práctica un sistema que permita que el seguro que atiende a pacientes más enfermos reciba un incentivo económico adicional. Esto debe cambiar y es fundamental a cualquier reforma, estableciendo un fondo común financiado con parte de la cotización en salud y parte en impuestos, que permita asignar más recursos para pacientes con mayor carga de enfermedad.
Por otra parte, existen 58.000 planes de isapres, 11.000 de ellos vigentes y con nombres tan variados como Platinum, Gold, Diamond, que hacen imposible su comparación, incluso para alguien entendido en temas de salud. Las personas no tienen realmente idea de qué es lo que compran y cuales son las ventajas de un producto sobre otro. Un paso fundamental es simplificar los planes y que éstos no sean más de tres, con un plan único garantizado, que tenga que ser ofrecido por un monto determinado.
Por otra parte, hay que reconocer que los costos en salud suben sí o sí: aumenta la tecnología y, a medida que un país se desarrolla, aumenta la demanda por prestaciones más caras. El Tribunal Constitucional ha cuestionado con razón los ajustes de precio de planes por edad y sexo como discriminatorios, al tratarse de condiciones que no pueden ser modificadas por el paciente. Por su parte, las Isapres, al tratar de ajustar el precio de sus planes, han enfrentado una avalancha de recursos de protección. Entre los años 2010 y 2017 se han presentado 646.282 recursos por adecuación del precio. El monto acumulado de los gastos judiciales a pagar por las Isapres entre 2010 y 2017 es de $90.886 millones; por otra parte, el ahorro acumulado por los cotizantes producto de los recursos de protección es $32.020 millones y representa tan solo el 26% de los dineros destinados por las isapres a gastos judiciales.
No discriminar por edad y sexo, fin a las preexistencias, un fondo común con aportes de las cotizaciones e impuestos (primero interisapres, extendible en el mediano plazo a Fonasa) y limitar el número de planes son pilares fundamentales de una reforma.
Es evidente que la situación es insostenible. Ya una Isapre quebró y estuvo a punto de desaparecer. La posibilidad de que otra Isapre quiebre y nadie esté dispuesto a comprarla es un problema real que obligaría a miles de pacientes, que hoy en día son muy costosos y no tienen posibilidad de cambiarse a otra, a migrar súbitamente a Fonasa, produciendo un éxodo rápido de personas al sistema público que haría la situación aún más insostenible. En conclusión: no discriminar por edad y sexo, fin a las preexistencias, un fondo común con aportes de las cotizaciones e impuestos (primero interisapres, extendible en el mediano plazo a Fonasa) y limitar el número de planes son pilares fundamentales de una reforma.
Finalmente, seamos realistas: “Aula Segura” pasará al baúl de los recuerdos de la historia grande de Chile. Por otra parte, una reforma de fondo al sistema de financiamiento de salud, lograda con el consenso de la oposición, no sólo es necesaria, sino que es de aquellas cosas que pueden cambiar por completo el sello de un gobierno y convertirlo en uno con trascendencia histórica. Esperemos que el Presidente no deje escapar esta posibilidad de legislar y de verdad demos un salto histórico. Si no, terminaremos en cuatro años más legislando porque hay protestas en las calles, quebró una isapre o no hay recursos para financiar el sistema. La oportunidad es ahora, no la dejemos pasar.