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Publicado el 31 agosto, 2020

José Antonio Viera-Gallo: ​​¿Una hoja en blanco?

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Considero que es preciso conservar de la actual Constitución algunos aportes, y que vienen desde su versión original. Hay, además, múltiples avances logrados desde su vigencia y que deben ser un piso para el futuro debate. No una camisa de fuerza, sino un marco de referencia.  

 

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.

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Cuando se dice que los debates constitucionales deben partir de “una hoja en blanco”, muchos entienden que se hará tabla rasa de lo existente y, en general, de la historia constitucional del país. Obviamente ese no es el sentido de una expresión que, por ambigua, se presta a múltiples interpretaciones. ¿Cómo se podría desconocer la cultura política nacional?, ¿cómo la constitución viviente que todos llevamos en nuestra estructura valórica?

Hoja en blanco” significa únicamente que el trabajo de la Convención Constitucional no tomará al actual texto constitucional ni organizará sus debates pensando en cómo modificarlo. Esta actitud se funda en una perspectiva histórica, que Juan Luis Ossa se ha encargado de ilustrar en su libro “Chile constitucional”, de reciente publicación, donde se sostiene que la Carta Fundamental de 1980 marcó una ruptura con una tradición constitucional que, según el autor, se remonta a la Constitución de 1828 y que se fue desarrollando progresivamente desde una república conservadora-liberal de corte oligárquico a una república democrática abierta a los temas sociales, el llamado “Estado de compromiso” existente hasta 1973.  

Como no se parte de un punto muerto, en esta ocasión quiero señalar algunas novedades de la Constitución actual que vale la pena rescatar. No me refiero a los múltiples avances que se fueron logrando desde 1989 en adelante, sino a aspectos que estaban en el texto original de la Constitución y que han demostrado a lo largo de estos años su pertinencia y utilidad.

Una de esas novedades es el recurso de protección, que ampara a los individuos que se sienten privados, amenazados o perturbados en el ejercicio de determinados derechos humanos (artículo 20), incluso durante los estados de excepción (artículo 45). Este recurso ha demostrado ser eficaz, y sirve de complemento al de amparo o habeas corpus al que puede acudir cualquier persona que se encuentre arrestada, detenida o presa ilegalmente. Lo que seguramente se discutirá en la Convención será la lista de derechos que hoy están amparados por el recurso de protección, que tiene un sesgo en desmedro de los económicos, sociales y culturales.

Consecuencia de este recurso, al menos en parte, es la mayor competencia de los altos Tribunales de Justicia en una serie muy variada de asuntos, incluso de índole económico. Se trata de una tendencia moderna del Estado constitucional, configurado después de la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de los países.

Otra institución digna de tener en cuenta son las Comisiones Mixtas parlamentarias para dirimir las controversias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el contenido de un proyecto de ley (artículo 71). En la Constitución de 1925 existía un sistema de insistencia, que fue reemplazado por el de comisiones mixtas en que 5 diputados y 5 senadores proponen a ambas ramas del Parlamento una solución a sus diferencias. Este sistema ha tenido un buen resultado y ha permitido mejorar los proyectos en trámite.

Por cierto, este tipo de comisiones podrán existir sólo si se mantiene un Parlamento bicameral con atribuciones legislativas análogas, como ha existido en Chile a lo largo de su historia.

Otro punto importante es la facultad de los Tribunales para hacer cumplir sus resoluciones dando instrucciones directamente a las policías, sin que la autoridad administrativa pueda intervenir cuestionando su fundamento u oportunidad. La norma del artículo 76 de la Constitución puso punto final a una contienda que se planteaba con frecuencia entre funcionarios gubernamentales y magistrados sobre la forma de ejecutar las decisiones judiciales, en un país donde no existe una policía judicial.

Por último, quiero hacer referencia a la autonomía del Banco Central, que ha demostrado ser una garantía de seriedad y estabilidad de la política monetaria. Se discutirá seguramente la actual competencia de ese órgano para ver si se extiende más allá de su preocupación por la inflacióncomo ocurre en EE.UU, pero no debiera cuestionarse su estatuto jurídico.

Estos son algunos de los aportes que es preciso conservar de la actual Constitución y que vienen desde su versión original. Hay, además, múltiples avances logrados desde su vigencia y que deben ser un piso para el futuro debate. No una camisa de fuerza, sino un marco de referencia.  

 

 

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