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Publicado el 30 agosto, 2020

José Rodríguez Elizondo: Posibilidades de la democracia en la pospandemia (III)

Abogado, académico, ex embajador José Rodríguez Elizondo

Esta tercera entrega es sobre el tema más soslayado en épocas de normalidad democrática y el más maltratado en temporadas de crisis: el del comportamiento debido o eventual de las Fuerzas Armadas. Por eso, incluso después de las duras experiencias que hemos tenido en Chile, hay civiles para quienes éste “no es tema”, pues los militares serían simples funcionarios del Estado y, claro, porque nunca leyeron a Maquiavelo.

José Rodríguez Elizondo Abogado, académico, ex embajador
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Los militares bajo la lupa

En cualquier país -y Maquiavelo lo explicó a cabalidad- la relación de los gobernantes con la fuerza institucional está en la base misma de su poder. En las dictaduras el fenómeno es transparente, pues sólo la fuerza les permite sobrevivir. En las democracias la situación es distinta, pues en ellas se da una tensión estructural entre el pluralismo político -con su panoplia de libertades- y la capacidad de control social coercitivo.

En épocas de normalidad, cuando la relación entre los gobernantes y la fuerza transcurre sin sobresaltos, esa tensión es socializable. Se acepta que los militares existen para velar por la seguridad del país y los policías, por la de sus habitantes. Incluso pueden ser nombrados ministros de carteras poco políticas, en virtud de alguna tecnicidad especial.

Distinta es la situación en épocas convulsionadas, pues entonces la fuerza institucional emerge como la última ratio o la némesis de las fuerzas políticas en pugna. Fuera de los golpes clásicos, hay dos ejemplos de antología en América Latina. Uno es el “gabinete de seguridad nacional”, instalado por Salvador Allende en 1972, integrado por los comandantes en jefe de las tres armas y el director general de Carabineros. El otro es el copamiento del poder político por las Fuerzas Armadas de Uruguay, en 1973, tras un pacto tácito con el Presidente Juan María Bordaberry.

La mala noticia es que la normalidad democrática post Guerra Fría apenas duró década y media. Comenzó a deteriorarse antes de la pandemia, cuando la desaparición del “enemigo estratégico” y la resurrección de algunos ideologismos revolucionarios indujeron la desvalorización del establishment militar. En el nuevo contexto, era menos funcional como base logística para la superpotencia hemisférica, y menos necesaria como factor dirimente en los conflictos políticos nacionales. Esto se reflejaría en protocolos oficiales normalizados, presupuestos públicos más ajustados y la ascensión de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos.

Pero también hay causas remotas de mayor impacto, con Chile como paradigma penoso. Tras casi medio siglo, el síndrome de las heridas abiertas durante la dictadura del general Pinochet sigue vigente y encarna en dos minorías coherentes que se reciclan: la de las víctimas de la dictadura y la de los seguidores supérstites del dictador. La irreductible vigencia de ambas minorías puede explicarse por múltiples razones, entre las cuales la falta de voluntad política para cerrar las heridas, la soberbia de determinados violadores castrenses de derechos humanos, la decadencia de un poder espiritual idóneo para arbitrar la reconciliación, el ideologismo de quienes conciben a las Fuerzas Armadas como simple instrumento de represión de una clase social, la ignorancia de los políticos sobre la capacidad polivalente de los militares, el impacto en los militares de los privilegios que se autoconceden los políticos y el impacto en los civiles de los casos de corrupción en los militares.

Asimetría en la base

Aquel clivaje está muy en el talante chileno, caracterizable por soslayar lo anómalo, hasta que se enquista y se vuelve intratable. Lo singular es que, en paralelo con el síndrome de rechazos sectoriales, la realidad ha potenciado la autoestima militar y mostrado el aprecio de las mayorías civiles. Es lo que emana de las encuestas antes mencionadas.

Aquello sucedió por la percepción de un contraste en desarrollo. Del lado castrense estaban la coherencia, tecnicidad y disciplina, propias de su profesionalidad cerrada. Por parte político-civil estaban la profesionalidad escasa, la ineficiencia en la administración del Estado y el desprestigio creciente de los partidos y sus políticos.

La plataforma de ese contraste está en los distintos sistemas educacionales. El de los militares, con redes de colegios, academias e institutos, hoy está produciendo jefes y líderes bajo la presión del perfeccionamiento continuo. Esto implica segundo idioma, estudios homologables con los de la enseñanza superior, posgrados universitarios, intercambios con academias civiles y, en todo momento, calificaciones institucionales que permiten mantener la forma de la pirámide, sin trucos ni interferencias demasiado visibles.

También está la internacionalización programada. Comprende destinación a misiones diplomáticas, intercambio con otras academias militares, conferencias internacionales de altos oficiales y prestación de servicios a la ONU y organismos de su sistema. Como resultado, los intelectuales castrenses ya no se limitan a los autodidactas y se ha reducido el grave riesgo de los altos mandos rústicos (“espadones” o “militarotes” en la jerga regional).

Los civiles, por su lado, son víctimas de un sistema educacional en crisis desde el nivel preescolar al superior. La tardanza y/o falta de consenso político para actuar sobre el problema lo ha agravado a ritmo casi exponencial. Ya vimos, respecto al sistema universitario, como determinadas reformas menoscabaron la calidad de la formación académico-científica y, por tanto, la calidad de los políticos del futuro.

El personal civil de la administración del Estado, por su parte, no cuenta con los incentivos propios de una carrera con pautas objetivas de ingreso y promoción. Los sistemas de calificación suelen aplicarse con más resquicios que rigor. En el horizonte funcionario no está el aprendizaje de idiomas, los estudios de perfeccionamiento sólo por excepción tienen patrocinio fiscal y la administración de las becas suele estar aportillada por la ineficiencia o el nepotismo. En cuanto a la internacionalización funcional, básicamente se limita a la designación (por riguroso cuoteo) de “agregados” a las misiones diplomáticas. Como su nombre lo indica, son marginales a la carrera diplomática e incluso pueden ser ajenos a la administración del Estado.

En estas circunstancias, el servicio público civil tiende a ser escenario de una pugna entre “los apitutados” y “los que trabajan”, que retroalimenta la corrupción. Los altos cargos de confianza política son demasiados y, en casos de inepcia, suelen seguir donde están o ser asignados a otros cargos importantes, pues no hay nada que se parezca a la responsabilidad del mando. Sólo las denuncias de la prensa más un fuerte rechazo de la opinión pública puede inducirlos a que se autocastiguen “dando un paso al costado”.

Fuente principal de esta asimetría laboral ha sido el clientelismo de los partidos políticos y su derivado: la falta de profesionalismo en la administración civil del Estado.

La politicidad militar

Desde la perspectiva de su rol primario, las instituciones castrenses son parte del continuum política-estrategia y, por su deber de obediencia al poder legítimo, configuran un subsistema político de facto.

Sobre esa base, es imposible que los militares sean neutrales respecto a las crisis del sistema político que los comprende. Se han escrito bibliotecas al respecto. Se comprenderá, por tanto, que en el delicado momento actual de las democracias, agudizado por la pandemia, la no deliberación sea una especie de arcaísmo. Es más plausible ese “derecho a la opinión” por conducto regular que les reconocía en Chile el excanciller Enrique Silva Cimma.[1]

Dada esa realidad, la actitud de los políticos –y de los civiles por extensión- no debiera reducirse a la exégesis de los textos jurídicos. Desde antes de Maquiavelo se sabe que la legitimidad de los ejércitos suele prevalecer sobre la legalidad de sus acciones. Por ello, los gobernantes sabios debieran intervenir los legados de antagonismo entre las minorías coherentes antes mencionadas y promover políticas que potencien la educación cívica. Resignarse a una mala relación civil-militar no es una opción inteligente y la reconciliación no debiera ser vista como una utopía.

De manera simultánea, esos gobernantes deben aprender a decodificar las señales de neutralidad que emiten los altos mandos. No siempre garantizan que se mantendrán como espectadores de procesos que estimen atentatorios contra la integridad del Estado. En un contexto de políticos impopulares, ciudadanos inseguros, administración ineficiente, economía apremiante y pandemia catalítica, pueden significar algo distinto. Por ejemplo, que ya no es viable el tipo de intervención ideologizada y brutal que lideraron los dictadores militares emblemáticos. Para buenos entendedores, esto significa que puede haber intervenciones de otro tipo.

Por lo demás, es una decodificación con precedentes a la vista. Ahí está la presencia de ex altos mandos brasileños en ministerios estratégicos del gobierno de Jair Bolsonaro.  Y ya se ha visto -antes y durante la pandemia- que la acción por omisión puede ser una forma sofisticada de intervención castrense. Fue lo que definió el exilio del ex Presidente boliviano Evo Morales y facilitó al Presidente peruano Martín Vizcarra la disolución del Congreso.

El deslizamiento

¿Y qué sucedería si gobernantes y políticos siguen optando por la inercia?

Dado que la supremacía del poder civil y la subordinación del poder militar hoy cuelgan de un hilo cultural, las democracias supérstites podrían chocar con una mala alternativa, proyectable al mundo de la pospandemia. Una sería el estancamiento precario en el equilibrio inestable, con todas sus incertezas y amenazas. La otra sería ese deslizamiento del poder político, que antes de la pandemia definí como “pasar desde el control civil del poder militar al control militar del poder civil, sin ruido de sables ni quebrazón de leyes y hasta sin necesidad de ‘pronunciamiento’”. [2]

Esta hipótesis no equivale a esos episodios en que las Fuerzas Armadas, sin llamar a zafarrancho de combate, se incorporaron al poder político, como en los casos de autogolpe del presidente peruano Alberto Fujimori, de 1992, y el ya mencionado del presidente uruguayo Bordaberry en 1973. En ambos casos no hubo deslizamiento del poder, sino golpes militares consensuados con los gobernantes incumbentes. Tampoco equivale al caso de los militares venezolanos, quienes, tras apoyar el gobierno autoritario del coronel Hugo Chávez, hoy son la fuerza política real tras la dictadura del civil Nicolás Maduro. Este es uno de los efectos colaterales más retrógrados de la relación político-militar de la post-Guerra Fría.

[1] V. mi libro Historia de la relación civil-militar en Chile, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2018, págs. 208-212.

[2] V. mi libro Historia de la relación civil-militar… cit., pg.218.

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