“Nosotros rechazábamos el terror individual sólo por motivos de conveniencia”

Lenin, 1920

Resumen de lo sucedido

El terrorismo es un fenómeno histórico, recurrente y tributario de la violencia política ancestral a nivel planeta. En nuestra época suele ser ejercido por las dictaduras y soslayado por los gobiernos democráticos. En Chile, el estallido de la revuelta del 18-O actualizó el tema a nivel nacional y, en especial, respecto al que asuela la Araucanía. Su incremento obedece tanto a la polarización política previa como a la ideológica brecha de confianza entre el gobierno incumbente y la fuerza legítima del Estado. A su vez, esto ha convertido al terrorismo en el gran catalizador de nuevos tipos de delincuencia, con especial mención del crimen organizado y el narcotráfico. En estas circunstancias, el rechazo de la propuesta constitucional del 4-S fue una advertencia contra los ideologismos comprometidos y abrió la posibilidad de un sinceramiento gubernamental en la materia. 

Dilema entre manos

La evidencia del terrorismo suele generar la exigencia de “mano dura” a los gobiernos democráticos. Pero, los que no han superado la brecha de confianza con sus fuerzas policiales o militares -o la han fortalecido, como en nuestro caso-, temen que esa mano dura se convierta en manu militari o mute en “mano equivalente” (a la que ejerciera la dictadura).

Entre manos tan escabrosas, nuestras autoridades se han esmerado más en despistar que en actuar. A propósito del 18-O, el Presidente Sebastián Piñera prefirió hablar de “guerra contra un enemigo poderoso”… e  innombrable. Antes, nadie elaboró cuando Mario Fernández, ministro del Interior de la Presidenta Michelle Bachelet, dijo lo siguiente ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados: “Claro que hay terrorismo ¿quién lo niega?”

La nomenclatura no es baladí. No reconocer el terrorismo por su nombre induce malos diagnósticos, peor preparación e ignorar cumplidamente hasta la experiencia vecinal emblemática. Aquí se ignora cuánto demoró el gobierno peruano de Fernando Belaunde en definir a Sendero Luminoso como organización terrorista. Cuando fue absurdo seguir tratándolos como violentistas rurales, ya no bastaba la acción policial y el país se sumió en una guerra civil de facto, que le costó más víctimas que sus guerras internacionales.

Por otra parte, esos déficits de entendimiento han sido un despilfarro del momentum internacional. Tras el fin de la guerra fría, nuestras autoridades desaprovecharon el estado de crisis ideológica de los gurúes del terrorismo (sedicentemente) revolucionario. Sin modelo socialista visible, validado el emprendimiento del sector privado y naturalizada la polivalencia militar, ellos comenzaban a percibir el riesgo de mutar en protectores del narcotráfico, vanguardia de antisistémicos identitarios, vengadores contrafactuales de pueblos originarios… o todas esas opciones. Para decirlo en su jerga, se alejaban de esos “pueblos” que imaginaban representar, para ubicarse en “el lado incorrecto de la Historia”.

Ambigüedades en línea

Aplicando lo dicho a nuestra realidad, pareció que el estallido del 18-O haría imposible seguir mirando para otro lado.

Sin embargo, así nomás fue y las razones son varias. Entre ellas, la predisposición ideológica a “explicar” la violencia antisistémica como “violencia estructural”, la carencia de un servicio de inteligencia de calidad y la ampliada brecha de confianza con militares y policías.

Fue así como en Chile se perdió un tiempo estratégicamente decisivo para combatir el terrorismo de manera eficiente. Esto es, optimizando la seguridad ciudadana, minimizando las bajas humanas y sosteniendo el prestigio nacional –soft power– con vista al exterior.

¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie en el futuro inmediato?

La pregunta vale porque, en su reciente visita a la Araucanía, el Presidente Gabriel Boric reconoció, tangencialmente, la existencia en la macrozona de “actos terroristas” y sugirió que ya contaba con bastantes diagnósticos al respecto. Pero, acto seguido matizó la frase. Advirtió que la ley antiterrorista vigente era disfuncional y, en lugar de promover su modificación, llamó a “los actores de la región” a conformar una “comisión por la paz y el entendimiento”.

De ese modo, el presidente abrió entre los suyos otro espacio para la ambigüedad. En cuanto a la oposición e independientes, dejó la sensación de que mantendría la reluctancia histórica a reconocer el fenómeno y que, en vez de completar un giro hacia el realismo sin ideología, seguiría obviando la necesidad de una política antiterrorista de Estado.

Política antiterrorista de Estado

¿Y que contiene o debe contener tal política?

En primer lugar, contiene la convicción de que violencia antisistémica que no se ataja, es violencia que crece. Asumiendo tal convicción y la experiencia de otros casos que en el mundo han sido, supone mínimos comunes. Entre éstos, una normativa clara, una reformulación de vínculos con la policía, una apertura hacia la confianza con los militares, un consenso estratégico con la oposición, una previsión de “bordes” para negociar con los violentistas y un programa social de rapidez inmediata. Esto implica entender, como cuestión de principio, que el éxito beneficia a la nación política en su conjunto. No hay antiterrorismo exitoso con una oposición cómplice, oportunista o irresponsable.

En tal política lo técnico-policial es un factor profesional sine que non. Los agentes de inteligencia -instalados o por instalar- deben procesar la información interna y externa disponible de la manera más científica y menos partidista posible. Su objetivo es disponer de un conocimiento fiable de las organizaciones que amenazan con la violencia, sus contextos, contactos y conflictos internos. También deben profundizar en las redes económicas que tejen con las comunidades de su entorno o con la delincuencia. 

Sobre tal base, la autoridad estaría en condiciones de distinguir cuáles organizaciones son más flexibles para negociar, quienes, dentro de ellas, pueden ser funcionales a un diálogo, quienes tienen vínculos con el crimen organizado, qué temas son negociables y qué otros actores pueden tener intereses tanto en la negociación como en su rechazo.

Aprendices de brujo

Como la realidad no es estática, están surgiendo líderes de nuevo tipo para partidos nuevos, en busca del equilibrio perdido. Es el caso paradigmático del movimiento Amarillos por Chile, fundado por el intelectual Cristián Warnken. Su Declaración de Principios asume el tema de la seguridad ciudadana, expresando que “no aplicar la fuerza, de acuerdo con las reglas establecidas democráticamente frente a la acción delictual, al terrorismo o cualquier forma de lucha armada impulsadas por grupos políticos o identitarios, termina minando la convivencia democrática”. 

También hay quienes, en el gobierno, transmiten una sensación de comprensión más cabal. Interrogada Carolina Tohá, ministra del Interior, sobre la existencia de terrorismo en La Araucanía -antes de la visita presidencial- respondió que involucra “conceptos jurídico-técnicos que generan mucha discusión (pero que) hay hechos criminales repudiables de crueldad extrema que deben perseguirse y sancionarse con la mayor fuerza”. Luego, ante el Congreso, informó que, en lo sucesivo, el apoyo militar a la policía en los estados constitucionales de emergencia, que se limitaba al resguardo de las rutas, se ampliará a “la protección de la vida de las personas”, pues la tranquilidad y seguridad de los chilenos, chilenas y mapuches residentes “es la tarea número uno del Estado”.

Con el mérito de lo señalado, puede entenderse que el terrorismo en democracia nunca será eliminado con la sola actividad policial, ni con la intervención in extremis de los militares. La razón es simple: la violencia terrorista no es un fenómeno social gratuito, sino el síntoma de que algo marcha mal en las instituciones del Estado, en la actividad representativa de los políticos y, por ende, en la democracia misma.

Esto significa que una política antiterrorista de Estado no debe ser una excusa para retardar los cambios profundos que la sociedad exige ni para rechazar el comportamiento de los políticos que siguen engolfados en peleas diversionistas, mientras el terrorismo destruye la democracia realmente existente.

Sostener la inercia no sólo implica ampliar el espacio para que vándalos, delincuentes y diversos tipos de violentistas adelanten sus líneas en todo el país. En lo principal, estimula a quienes amenazan con “un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche” y a los rehenes de su fe ideológica, que pueden estar mutando en modernos aprendices de brujo.

Por último, quienes simpatizan con los violentistas desde cargos o curules públicos, debieran reflexionar en lo que dijo Georges Sorel a los parlamentarios jacobinos hace más de un siglo. Según este filosofo de la violencia, en vez de perorar sobre la fuerza, ellos debieran entender que ésta “lleva a la aniquilación a las instituciones de las cuales viven”.

No es una razón poética, pero tiene mucho peso real, dado el vigor con que nuestros políticos se aferran a sus cargos.

*José Rodríguez Elizondo, periodista, escritor y Premio Nacional de Humanidades 2021.

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