Si me repito, es porque los estallidos se repiten. Por eso, permítanme una supersíntesis de lo sucedido en nuestro país, para después pasar a lo que está sucediendo en el Perú y ver si eso permite alguna moraleja o alguna conclusión alentadora.
Aquí en nuestro Chile, el estallido de la revuelta de 2019 produjo víctimas, vandalizó ciudades, incendió estaciones de metro y borró los vestigios de orden y autoridad del gobierno. “Estamos en guerra contra un enemigo implacable”, dijo Sebastián Piñera. Recién entonces nuestra denostada clase política coincidió con lo advertido por Georges Sorel (en 1907) a los parlamentarios franceses jacobinos: si seguían alentando la violencia “desaparecerían las instituciones de las cuales viven”.
Al borde de la cornisa y pese a que en algunos medios seguía hablándose de “manifestaciones pacíficas”, la evidencia fue casi ecuménica: era “la democracia, estúpido”. Pero, con la policía y la violencia desbordadas, ya no parecía sensato restablecer el orden y preservar la vida humana (incluyendo la propia) recurriendo a los militares. Ello implicaba un peligro mayor, pues los soldados no se entrenan para controlar paisanos… y tampoco quieren mucho a nuestros políticos.
Fue así como -con excepción del Partido Comunista- se privilegió la continuidad institucional y se negoció un compromiso in extremis: un par de plebiscitos definiría si se requería o no una nueva Constitución. Incluso el revolucionario diputado Gabriel Boric votó a favor, al costo de una televisada funa de sus afines.
Tres años después, un balance paradójico dice que Boric asumió la Presidencia y que una propuesta de Constitución refundacional y plurinacional fue rechazada por paliza. Como efecto disperso, una mayoría buena onda cree que ya se recuperó el orden perdido, una minoría agnóstica apunta que eso se verá después de un nuevo proceso constituyente y una minoría irreductible piensa que sólo llegó una tregua.
Lo único claro es que el país mantuvo la continuidad institucional.
INTERVENCIONISMO CONSTITUCIONALIZADO
Es bueno tenerlo presente pues, Trump mediante, ni siquiera la democracia de los EE. UU. luce sólida y eso devalúa la continuidad.
Hoy se subestima o hasta combate en Lima, La Paz, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Brasilia y México. A fines del siglo pasado se subestimó en Caracas y esto viene a cuento pues fue el exgolpista Hugo Chávez quien primero tocó las teclas de una democracia malacatosa. Lo hizo para reemplazarla por una dictadura con legitimidad electoral y apoyo castrense, previa aprobación de una Constitución personalizada.
Tras generar ese neoconstitucionalismo, adquirió un colchón de gobiernos afines que lo abrigaran contra las inclemencias de “el imperio”. En eso le fue mejor que a Fidel Castro, su mentor, quien sólo logró el apoyo de “focos guerrilleros”. Ese colchón, a su vez, justificó un neointervencionismo regional con la franquicia de un Bolívar manipulado, “el socialismo del siglo 21” como lema y Nicolás Maduro como sucesor.
Tras 24 años de chavismo, se calcula que siete millones de venezolanos buscan otro país donde vivir.
INJERENCIA CON CHAPA INDÍGENA
Llegamos así al punto focal. Con apoyo de Chávez, que quería bañarse “en una playa boliviana”, el presidente indígena Evo Morales impuso en Bolivia una Constitución a su aire y judicializó en La Haya el lema “mar para Bolivia”, que en primera instancia afectaba a Chile y de carambola al Perú.
Luego, muerto Chávez en el poder, se autopercibió como su heredero legítimo -pese a su corpulencia Maduro no daba el ancho- y violando su propia Constitución voceó su “derecho humano” a ser reelegido per secula. Los hechos dicen que duró en el cargo más que cualquier otro presidente, pero no para siempre. Un referéndum adverso, un notorio déficit de apoyo militar, un fracaso duro en La Haya y estallidos en las calles, le impusieron un exilio part time. En Argentina lo acogió el presidente Alberto Fernández y luego el presidente AMLO, en México
Pero, de vuelta en Bolivia y con su camarada Luis Arce en la Presidencia, su vocación de poder se está mostrando superior al poder de la realidad. Sin bastón oficial de mando, está impulsando una política vecinal propia con cinco mandamientos: 1) La democracia republicana es una forma neocolonial. 2) Los países latinoamericanos deben ser refundados. 3) Nuevas constituciones deben reconocer la plurinacionalidad. 4) El “futuro radiante de la humanidad” debe ser sustituido por “el buen vivir” de los pueblos originarios. 5) El internacionalismo proletario debe reemplazarse por el continentalismo de esos pueblos.
Según su asesor principal -esto ya lo he comentado en otra columna-, el éxito de ese continentalismo depende de la previa obtención de un objetivo nacional: “mar para Bolivia”. En términos geográficos, esa paradoja implica una franja territorial entre Chile y el Perú, con acceso soberano al Océano Pacífico y administración inicial aymara. Lo que en términos geopolíticos se llama buffer zone (“zona tampón”)
Como presidente, Morales ya había declarado muerto el tratado chileno-boliviano de 1904. Ahora, como expresidente, está tratando de liquidar el tratado chileno-peruano de 1929, que dispuso la continuidad geográfica entre ambos países. Contra dos “tratados intangibles” de un solo paraguazo.
DE CASTAÑO A OSCURO
Aunque demasiados analistas no lo captaron o miraron para el lado, ese proyecto de Morales estuvo y está en proceso de ejecución. En Chile, se inició con la internacionalización y judicialización del objetivo marítimo y siguió con la promoción ideológica a domicilio de sus cinco mandamientos. En esta línea produjo una acción notable: mientras nos demandaba en La Haya, su vicepresidente presentaba en Chile un libro con sus tesis plurinacionales y refundacionales, en sede universitaria.
Como se sabe, con la judicialización sólo obtuvo un rotundo fallo negativo. En lo ideológico tuvo un éxito efímero en la Convención Constitucional, pero culminó con un retundo rechazo en el plebiscito de salida.
En el Perú, la injerencia de Morales presidente produjo concesiones acotadas (y no aprovechadas) en los puertos de Ilo y Matarani. Como expresidente, su empeño se volcó a la promoción de sus mandamientos bajo la chapa “Runasur”, con pretendida sede en el Cusco y con apoyo del presidente Pedro Castillo. Aquí chocó con diplomáticos que denunciaron duramente su intromisión y con una comisión del Congreso que inició una investigación a Castillo por traición a la patria.
Tras la destitución de Castillo por intento de autogolpe de Estado, el ciudadano Morales dictaminó que eso fue fabricado desde los EE.UU., “por hablar de la Asamblea Constituyente”. Agregó que “el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado”.
Mientras escribo esta columna, en el Perú un estallido insurreccional está exigiendo la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, elecciones inmediatas y asamblea constituyente. La información agrega que hay más de medio centenar de muertos, policías en acción, vandalismos, denuncias de separatismo, fakes sobre ingreso de tropas chilenas y “toma de Lima” en trámite. En ese río revuelto, el recién excarcelado Antauro Humala -hermano de Ollanta, otro expresidente procesado- está exhumando su ideario etnocacerista que contiene alianzas étnicas con países vecinos y la recuperación de Tarapacá y Arica
En ese contexto, las fuerzas armadas peruanas han reiterado el respeto al Estado de Derecho -apoyando por tanto al gobierno- y cuidan la infraestructura crítica del país. La presidenta, por su parte anunció elecciones en 2024 y prohibió el ingreso de Morales al Perú.
Como nota al margen, llama la atención que la irreductible injerencia del expresidente boliviano no haya merecido reproche -que se sepa- del presidente incumbente de Bolivia ni de la OEA.
CONTINUIDAD O NAUFRAGIO
La ordalía de los estallidos insurreccionales ha puesto en primer plano el principio sobre la relación entre la democracia, los partidos políticos y la fuerza legítima del Estado.
Mi diagnóstico sintético, en el caso de Chile, es que la continuidad se ha preservado gracias a históricos reflejos de supervivencia en los partidos denostados y al escarmiento de civiles y militares con la ruptura de 1973. Así, pese al alto nivel de ingobernabilidad 2019-2022, pudo imponerse una convicción realista que sólo puedo expresar con una metáfora: refundar un país con democracia débil equivale a lanzarse a un mar embravecido sin salvavidas, arguyendo que el barco comienza a hacer agua… pero sin detectar por dónde.
En el Perú el diagnóstico luce más arduo, porque el sistema de partidos validado por la Constitución de 1980 -pocos, con historia e idearios- fue desarbolado por el autogolpe de Fujimori de 1992 y su nueva Constitución.
Como efecto en diferido, los muchos partidos vigentes no son lo que eran y ni siquiera lucen como partidos. Sus victorias electorales son tan “malmenoristas”, que no logran garantizar la disciplina de sus militantes ni la responsabilidad y permanencia de los jefes de Estado que eligen. Por ello, no han logrado incidir en la ciudadanía como organizaciones idóneas para dar evidencia al valor de la democracia y a la continuidad institucional.
Sobre esa realidad bifronte, suelo recordar lo que me dijera Jaime Castillo Velasco, el filósofo de la Democracia Cristiana chilena, cuando llegó a Lima en 1982, re-exiliado por el régimen de Pinochet. Tras reconocer que “la experiencia militar ha sido fuerte y profunda, modificando mentalidades, intereses y el sentido de las ambiciones”, diagnosticó que los partidos políticos debían recalificarse mediante el regreso a la base. Textualmente: “deben buscar de nuevo su representatividad, sin presuponer que los que fueron grandes el 70 siguen siéndolo”
En Chile, tras el interregno de la Concertación y en el Perú, tras el autogolpe fallido de Castillo, es lo que demanda el realismo humanista. En lugar de refundar países para saltar a las distopías, debiéramos refundar nuestros partidos mientras mantenemos las formas y contenidos de las instituciones.
Es la opción por la democracia perfectible a mediano plazo, para evitar una calamidad inmediata o una intervención militar in extremis.
SUBRAYADO EX POST
Respecto a la intervención de Morales en Chile, parece evidente que forma parte de su estrategia interna de poder que, en su esencia, es de bloqueo de la democracia boliviana. Lo que no ha estado claro, en Chile, es que se trata de una estrategia de aproximación indirecta, dirigida (en lo inmediato) a liquidar los tratados de 1904 y 1929, que en nuestra nomenclatura diplomática consideramos “intangibles”. En efecto, con su Constitución de 2009 ya desconoció unilateralmente el primero. Con su apoyo a la rechazada propuesta constitucional chilena, su proyecto Runasur y la aquiescencia del expresidente Castillo, estaba tratando de liquidar el segundo.
Sin relación diplomática chileno-boliviana, con diferendos importantes con Argentina, con inmigraciones incontrolables en la macrozona norte, con una insurrección de alta intensidad en el Perú y con estados de excepción en Chile, esto coloca a nuestra diplomacia en uno de los momentos más delicados de su historia.