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Publicado el 9 abril, 2021

José Rodríguez Elizondo: Constitución, ¿con o sin diplomacia?

Director del Programa de Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile José Rodríguez Elizondo

En medio de una vorágine de propuestas, sobre una gran variedad de temas, no se sabe de ninguna sobre la necesidad reconocer estatus constitucional a los agentes de la política exterior de Chile y a la Cancillería que los encuadra.

José Rodríguez Elizondo Director del Programa de Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
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Expresado en síntesis periodística, la Defensa es la base del poder armado de los Estados (hard power) y la Diplomacia es la base de su poder de prestigio (soft power). El primero permite disuadir a los enemigos y el segundo facilita conseguir o mantener amigos. Ambos poderes, obviamente, en función de la protección y promoción del interés nacional.

Por eso, es raro que sólo las funciones propias de la Defensa tengan capítulo estable en la Constitución. Las de la Diplomacia -similarmente estratégicas- sólo se contemplan como atributos del presidente de la República, esto es, del gobierno de cada coyuntura. Más raro, aun, esa notoria asimetría no ha sido objeto de debate, en el marco del proceso constituyente en trámite.

En medio de una vorágine de propuestas, sobre una gran variedad de temas, no se sabe de ninguna sobre la necesidad reconocer estatus constitucional a los agentes de la política exterior de Chile y a la Cancillería que los encuadra. Al parecer, a nadie extraña que nada constitucional exista sobre exigencias para la formación académica de los diplomáticos, exclusividad profesional de sus funciones básicas, requisitos que deben cumplir para asumir cargos de representación o dirección superior, eventual limitación presidencial para designarlos o removerlos y eventual participación del Congreso en determinadas designaciones. Es como si fuéramos un país sin problemas internacionales y lo mejor fuera mantenernos como estamos: con la conducción de la política exterior y designación de sus agentes como exclusividad presidencial y las modificaciones estructurales necesarias sólo como materias de ley.

Sin embargo, la realidad no avala tal inercia. En lo principal, porque nuestro país tiene una configuración geopolítica compleja y experimenta problemas recurrentes o graves en materias de política exterior. En ese contexto, una facultad exclusiva de conducción y designaciones, sin contrapeso en una Cancillería de profesionalidad plena, puede derivar -y ha sucedido- en políticas controvertidas y/o misteriosas. Además, las eventuales leyes modificatorias dependen de mayorías políticas circunstanciales y los políticos suelen ocuparse de la Diplomacia sólo en materias cosméticas o en las coyunturas álgidas. No asumen que éstas ocurren, precisamente, por un sostenido déficit en materias estructurales.

Como dato ilustrativo, baste recordar que, en 2017, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales contribuyó al debate presidencial planteando a los entonces candidatos 27 preguntas públicas, entre las cuales 7 de política exterior (El Mercurio, 8.10.2017). La primera asumía que la ciudadanía no estaba informada en la materia, “más allá de las declaraciones generales sobre el respeto a los tratados y al Derecho Internacional” y culminaba con la siguiente interrogante: “¿No le parece que nuestra política exterior ha dejado de ser una política pública?”

Por lo señalado, creo que está en el urgente interés de Chile contar con normas de rango supremo, que instalen, como soporte presidencial, una Diplomacia de profesionalización plena, en el marco de una Cancillería con fuerte peso institucional y con una incidencia presupuestaria que supere la tradicional parsimonia de Hacienda.

Sería penoso desperdiciar el proceso constituyente en trámite, como la mejor oportunidad para intentarlo.

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