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Publicado el 2 diciembre, 2020

José Joaquín Brunner: Violencia con connotación política

Académico UDP, ex ministro José Joaquín Brunner

Estamos en un momento delicado de la política y convivencia nacional, teniendo que abordar el tránsito desde una institucionalidad política-constitucional hacia una nueva, a lo largo de un camino donde acechan diversas formas de violencia que pueden descarrilar ese tránsito. Evitarlo es esencial.

José Joaquín Brunner Académico UDP, ex ministro
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I

No prestamos suficiente atención a diversas manifestaciones de violencia colectiva en nuestra sociedad. Sin embargo, éstas parecen crecer tanto en cantidad como en intensidad. De entre ellas nos interesan aquí aquellos fenómenos de violencia con connotación política, dentro de los cuales podemos distinguir tres tipos a lo menos.

Primero, la violencia ligada a la droga y la lucha entre bandas por territorios y mercados. Según informa un medio de prensa, “balaceras en poblaciones populares, violentos ajustes de cuentas entre traficantes rivales o ruidosos ‘narco funerales’ ya no son situaciones ajenas en Chile. Aunque no tienen el poder de los grandes carteles de alcance internacional, las pandillas chilenas están tomando prestados la estética y modelos del narco. Así, dan la bienvenida a un cargamento o despiden a un miembro de la banda con ráfagas de ametralladoras o fuegos artificiales”. Por su lado, el informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público de Chile alerta sobre un significativo incremento de la violencia en el tráfico de drogas, asociado a un mayor poder de fuego de las organizaciones criminales.

Segundo, la  violencia rural presente de Biobío al sur, la llamada Macro Zona Sur, que corresponde a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Luego de haber aumentado durante 2019, volvió a incrementarse durante el pasado semestre de este año, en un 30% según un fiscal regional de aquella zona. La clase de hechos involucrados son ataques de diverso tipo (armados, incendiarios) a personas, camiones y maquinaria, iglesias, viviendas y bodegas, robos con intimidación, usurpación de tierras y otros proclamados como parte de la lucha del pueblo mapuche. También ha habido asaltos a un municipio, una escuela y una comisaría de carabineros.

Tercero, la violencia anómica, del estilo de aquella que se desató el 18-O de 2019, con fines meramente destructivos, y que se ha mantenido hasta hoy, inicialmente a la sombre de la protesta social y luego de manera independiente, incluso ritualmente ahora último. A diferencia de la anterior forma de violencia, ésta no se enmarca en una reivindicación política focalizada sino que expresa un completo rechazo del orden establecido y sus figuras representativas. Contra ese ‘sistema’, una muchedumbre —fenómeno cuantitativo y visual, al decir de Ortega y Gasset— convocada por la acción violenta da rienda suelta a las pulsiones agresivas que la empujan.

Es el producto, como dice Durkheim, de una ruptura de los lazos de integración moral que deja a los sujetos sin contrato social, disponibles para la violencia. O bien, según propone Freud, es una situación donde desaparece la delgada capa  de civilización que rige la convivencia pacífica entre los humanos, quienes quedan así a merced de la violencia física como único recurso para resolver sus conflictos.

Una vez abandonada esa caparazón de normas, reglas de convivencia y auto limitación impuesta por el mandato de la ley (la conformidad con el Estado; el superyó freudiano), se entra en un estadio de conflagración de unos contra otros, como describe Hobbes  famosamente en el Leviatan.

Además, esta última forma de violencia aprovecha e incorpora, como vemos repetidamente en las calles de Santiago centro, las manifestaciones de violencia mencionadas anteriormente, o sea, aquellas ligadas a la droga y la lucha entre bandas por territorios y mercados y todo el amplio espectro de conductas vandálicas y contrarias al orden legal que se encuentran a la mano.

II

Existe una extendida sensación de que estas tres formas de violencia con connotación política se han multiplicado durante el último año y están en tren de volverse parte de la normalidad cotidiana, como aparece representado en las rutinas informativas de la TV.

Así pues, como existe la percepción de que la protesta social ha disminuido en frecuencia, masividad e intensidad, asimismo se extiende la creencia de que la violencia se ha independizado de ella y se despliega hoy acrecentándose peligrosamente.

Se dice que la narco-violencia habría crecido durante la pandemia, ganado espacios en diferentes ciudades, ampliado sus redes entre adolescentes y jóvenes, y adquirido una mayor reputación y ostentación conforme a su mayor poder, estatus e influencia.

La violencia rural se ha vuelto persistente y ocupa un lugar, ya habitual, en el paisaje de la Macro Zona Sur, donde su presencia es temida y observada ahora como una  fuente de potencial radicalización de las reivindicaciones del pueblo mapuche.

La violencia anómica, a su turno, comienza a parecer un fenómeno acostumbrado de nuestros principales centros urbanos; tiene un lugar fijo en los noticieros de la televisión y envuelve a los anteriores, elevando la connotación política de los hechos de violencia en su conjunto. No es que sean vistos como un inminente advenimiento revolucionario; al contrario, operan como una señal de desorden y encienden una alarma frente a la grieta que aparece en un Estado de Derecho incapaz de imponer la legalidad democráticamente pactada. En efecto, aquel se ve reiteradamente superado en los tres frentes donde aparece  desafiado.

Dicho sucintamente: hay lugares o vecindarios dominados por las narco-redes y que escapan a la fuerza pública; hay fisuras en el monopolio de la fuerza que detenta el Estado en la Macro Zona Sur, doblemente peligrosa por tratarse de un territorio históricamente disputado; y hay un nivel de creciente instalación de la violencia anómica en Santiago que arriesga a extenderse a ciudades como Arica, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Esta situación, de suyo delicada, empeora por el hecho de que la fuerza legítima del Estado no solo se ve superada sino, además, ella misma, especialmente en el caso de Carabineros de Chile, actúa a veces (¡pero muchas veces!) como una cuarta fuente de violencia con connotación política, dañando seriamente los derechos de las personas y restando legitimidad a su propia acción. Nada hiere más al Estado de derecho y al ordenamiento democrático que esta nueva forma de violencia que se viene a agregar y se entrevera con las anteriores, revelándose inefectiva en su cometido propio y erosionando la fuerza de que dispone el Estado para reprimir la violencia.

En suma, estamos en un momento delicado de la política y convivencia nacionales; teniendo que abordar el tránsito desde una institucionalidad política-constitucional hacia una nueva, a lo largo de un camino donde acechan diversas formas de violencia que pueden descarrilar ese tránsito. Evitarlo es esencial. Pues un desborde de la violencia con connotación política volvería trágicamente verdadero para nosotros aquello que el dramaturgo alemán Bertold Brecht escribió en 1932: “Solo la violencia ayuda donde la violencia impera”.

  1. Felipe Vial Claro dice:

    Se ha hecho una práctica habitual de nuestros intelectuales, políticos y agentes de opinión, el criticar a las instituciones.

    Se formulan criticas a Carabineros de Chile, al Congreso, a la Corte Suprema, a la Iglesia, etc., en análisis en los que se cuestionan las instituciones por actuaciones de individuos que integran esas instituciones en situaciones específicas en las que esos individuos no han cumplido con las funciones que le asignan las reglas que organizan esas instituciones.

    Esa manera de formular las críticas, carente de verdadera reflexión, destruye el prestigio de las instituciones en lugar de contribuir a la selección apropiada de sus integrantes.

    El Gobierno del Estado de Chile tiene a su cargo el resguardo del orden público y, a través de su Ministerio del Interior, debe adoptar las medidas tendientes al efecto. El Ministro del Interior no puede recurrir a otro recurso más que a Carabineros de Chile, es lo que corresponde y el diseño es elementalmente perfecto. Carabineros de Chile debe actuar y cuenta con mandatos y protocolos que no difieren de los aplicados por todas las policías del mundo. Y las situaciones de violencia que se perciben en el ámbito de las actividades de narcotráfico, insurrección rural y urbana que describe muy sencillamente Jost Joaquín Bruner, son indesmentibles, evidentes e incuestionablemente ilegítimas.

    En esas condiciones, nuestros intelectuales, políticos y agentes de opinión debieran manifestar inequívocamente su apoyo a las actuaciones de la autoridad que, dicho sea de paso, ha sido escogida democráticamente. Si, debieran hacerlo, clara e inequívocamente, prestar su apoyo a la constatación de una situación de origen de violencia ilegítima, de una situación de necesidad de intervención policial con sus consecuencias y de un reconocimiento de que es la única herramienta a la que el Gobierno del Estado de Chile puede echar mano institucionalmente.

    Ese apoyo no existe y es esa falta de apoyo la que está destruyendo nuestras instituciones, la fe en una organización, la mejor que nos hemos podido dar y que, más allá de que se pueda perfeccionar, es la única a la que se puede echar mano.

    Sin duda hay críticas aceptables, pero los intelectuales, políticos y agentes de opinión no han sabido formularlas en los planos apropiados. Una es la crítica al actor individual que no ha cumplido con su funciones y ha violado una ley, que debe dirigirse contra un individuo determinado respecto del cual debe juzgarse si, en las situaciones descritas, ha actuado correctamente, con recta intención y con las herramientas institucionales a las que puede echar mano. La otra es la crítica al ordenamiento normativo y funcional de las instituciones con las que cuenta el Estado de Chile para hacerse cargo del orden público.

    Es posible que hayan actuaciones criticables en uno y otro plano, pero la crítica debe separarse para juzgar cada una en el ámbito que corresponda (individual o normativo). Los intelectuales, políticos y agentes de opinión, generalizo, han mezclado esos planos y el resultado es el desprestigio de instituciones que merecen existir, deben existir, es conveniente que existan y operen aún a costa de sus defectos. El hombre, reconozcámoslo, comete errores, pero esa constatación elemental de nuestra naturaleza, no debe ser un obstáculo a que las instituciones, como han sido pensadas y organizadas a la fecha, operen con plena convicción, funcionalidad y legitimidad.

    Es fundamental el apoyo a la institución, a que la institución opere y asumir las consecuencias. Eso no libera de que ese apoyo se acompañe de una crítica individual a una actuación o una crítica normativa, pero siempre en el marco de un apoyo realista a lo que se ha buenamente organizado como institución.

    Eso vale para el Ministerior del Interior, para Carabineros de Chile, para el Congreso, para la Corte Suprema, para la Iglesia, etc.

    Los intelectuales, políticos y agentes de opiníón, por una falta de reflexión imperdonable, han conducido a los ciudadanos a perder su fe en las instituciones, a la posibilidad de organizar la vida de una manera civilizada, integrada por quienes somos, con nuestros defectos, aceptando con realismo los mismos y, ciertamente, con el ánimo de un permanente perfeccionamiento.

    Este factor no está en la opinión de José Joaquín Bruner, ni en el de muchos otros que, junto con criticar la violencia, el deterioro moral, etc. las emprenden irreflexivamente, sin distinguir planos, en contra de las instituciones.

    Mi modesta contribución al debate.

    Felipe Vial Claro

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