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Publicado el 13 de noviembre, 2019

José Joaquín Brunner: Insurrección popular: un cuadro institucional en progresivo deterioro

Académico UDP, ex ministro José Joaquín Brunner

Incluso las esmirriadas fuerzas democráticas se hallan atrapadas por la narrativa dominante, sin reparar que a su alrededor ha ido creándose una situación de insurrección popular. Inmediatamente después de desatada la violencia del 18-O, no reaccionaron coherentemente frente al asalto a la polis, en defensa del orden democrático. Hasta ahora no logran un compromiso público para frenar el uso de la violencia con fines políticos. En cambio, solo aplauden la protesta pacífica a cuya sombra se crean las condiciones para el despliegue de las tácticas violentas.

José Joaquín Brunner Académico UDP, ex ministro
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Una doble inquietud recorre las conversaciones sobre la violencia en Santiago y otras ciudades del país. Por un lado, en lo inmediato, la violencia policial verificada, condenada y que merece ser repudiada frontalmente. Por otro, la violencia que acompaña a la protesta pacífica y que, en perspectiva estratégica, amenaza con desbordar al Estado. A esta última se refiere principalmente este artículo, sin que esto signifique dejar de lado la indignación moral por aquella otra.

El análisis se halla referido a las ambiguas relaciones entre la protesta social y la violencia política que contribuyen a crear un ambiente de ingobernabilidad. De perseverar éste, o profundizarse, conduciría a situaciones graves, como sucesivos estallidos de violencia, rebelión popular, abiertos enfrentamientos entre facciones violentas, desplome de la institucionalidad, situación revolucionaria, Estado fallido, reacciones autoritario-represivas y otras que desembocan en rupturas definitiva del orden institucional.

Fenomenología  de la violencia

Utilizando el lenguaje del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), nos interesa aquí el empleo de tácticas violentas que, dentro de una protesta, ocupan al menos alguno de los siguientes medios: a) Incendio de vehículos, predios, edificios o similares, b) Destrucción de propiedad pública o privada, c) Saqueo de tiendas, supermercados, oficinas, etc., d) Uso de artefactos explosivos, armas de fuego o similares, e) Agresiones entre manifestantes, f) Enfrentamientos violentos con contra-manifestantes, g) Ataque a carabineros, guardias de seguridad o fuerzas armadas, h) Ataque a transeúntes o terceras partes, i) Toma de rehenes o secuestros.

Desde el 18 de octubre (18-O) hasta  el 7 de noviembre del año en curso, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública contabilizó más de 1.500 eventos graves de violencia, incluyendo saqueos e incendios. En Concepción, un mismo edificio registra diez incendios. Durante el mismo período hubo más de 22 mil detenidos, siendo  imputados la mayoría por robo en lugar no habitado, receptación, desórdenes públicos, hurto simple, lesiones menos graves, amenazas y daños simples. La fiscalía ha obtenido alrededor de 1.200 declaraciones de prisión preventiva. Las estaciones de metro atacadas son cerca de 80, 21 de ellas incendiadas. Durante el ataque incendiario a la tienda de ropa Kaiser, en Renca, murieron 5 personas. Ha habido ataques vandálicos a edificios corporativos, sucursales bancarias, colegios, oficinas públicas, paraderos y señalética, lugares patrimoniales, comisarías, iglesias, locales comerciales, hoteles, estatuas, universidades, municipalidades, una embajada, cerca de 500 supermercados y 80 tribunales. La señalética destruida en la RM hasta la semana pasado incluye más de 7,3 mil unidades; 4,2 mil luminarias, 600 semáforos, 103 paraderos de micro y 2,4 miles de contenedores de basura.

La prensa habla de violentos desmanes, graves incidentes, destrozos, ataques con bombas molotov, escombros. El Ministerio de Hacienda estimó en más de 3 mil millones de dólares los daños asegurables a fines de la primera semana de noviembre. Además, ha habido 28 casos de amenazas virtuales registradas contra autoridades públicas, incluyendo llamados a atacar o incendiar domicilios, dañar personas e incluso a asesinar, junto con cientos de mensajes agresivos, ultrajantes y violentos en pancartas, muros, hojas de propaganda y redes sociales.

El balance de la reacción del Estado frente a estos hechos ha sido ineficaz y ambiguo. Por lo pronto, el despliegue preventivo y represivo de las fuerzas policiales ha sido, a todas luces, poco eficaz, a pesar de los numerosos detenidos a nivel nacional, que se estiman entre 6 mil y 10 mil según diversas fuentes. Hay un gran número de heridos (alrededor de 2 mil hasta el 8 de noviembre), la mayoría por disparos de perdigón, y cuatro muertos, según informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Un hecho adicional de máximo gravedad, que ha merecido repudio internacional, es que a la misma fecha existían 182 personas heridas en el globo ocular, 127 de las cuales han sido causadas por disparos. El mismo Instituto ha reportado la práctica de Carabineros de disparar perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes. Volveré sobre esto más adelante.

Esta situación de violencia confrontación pone en cuestión la capacidad del Estado de sostener el orden democrático y de las policías de asegurar el derecho, la vida de las personas y la propiedad pública y privada.

Por su lado, al 31 de octubre había cerca de 1.100 denuncias por violencia institucional según informa la Fiscalía Nacional; 766 contra Carabineros, 58 contra personal del Ejército, 22 contra la PDI, 8 contra la Armada, más otras 255 sin identificación de un organismo particular. Los delitos perseguidos son en su mayoría de apremios ilegítimos (770), abusos contra particulares (267), torturas cometidas por funcionarios del Estado (24)o, lesiones graves y faltas (28).

Carabineros  reporta que hasta el 31 de octubre pasado tenía 947 efectivos lesionados a nivel nacional, 87 de carácter grave (42 en la capital y 45 en provincia) y 74 con lesiones ‘menos graves’ (48 y 26, respectivamente). Los 786 carabineros restantes se estima presentan lesiones ‘leves’. Entre el 25 y el 28 de octubre, Carabineros sufrió además tres hackeos con filtración de documentos que contienen información sensible, como armamento de algunas unidades, ‘blancos de interés’ para la inteligencia policial y datos sobre el resguardo de autoridades, aspectos estos últimos cuya legalidad sería necesario de controlar.

Probablemente lo más preocupante de todo esto sea que, transcurridas más de tres semanas de protestas donde se mezclan manifestaciones pacíficas (apoyadas por un 78% de los encuestados, Cadem del 11.11.2019) con intensos actos de violencia, una de cada cinco personas mayores de 18 años está de acuerdo con las protestas violentas, cifra que casi se duplica en el grupo de edad de 18 a 30 años. Las emociones que las personas dicen tener al momento de ser encuestadas son: incertidumbre (34%), esperanza (32%), rabia (27%) y miedo (7%) (Encuesta UDD, en Región Metropolitana, aplicada entre las 21 horas del días 8 de noviembre y las 15 horas del día 9 de noviembre) (El Mercurio, 10.11.2029, p. C10). Por otro lado, cabe imaginar que la represión mal dirigida, e ineficaz más encima, alimenta esa sensación de comprensión hacia el uso de tácticas violentas.

Esta situación de violenta confrontación, sostenida ya por más de 20 días y cuyo fin no se vislumbra, representa un desafío de fuerza frente al Estado, al amparo de protestas autoconvocadas u organizadas con el fin de manifestar malestares y transmitir a las autoridades exigencias de la población. Pone en cuestión la capacidad del Estado de sostener el orden democrático y de las policías de asegurar el derecho, la vida de las personas y la propiedad pública y privada. El Estado se ve sobrepasado en su función esencial. Hay asonadas, saqueos y vandalismo que acompañan a la protesta política, conjugándose en una ofensiva de carácter insurreccional.

Clima de exaltación: crónicas de la calle

A continuación se reproduce una serie de fragmentos que dan cuenta, desde el punto de vista de los actores en la calle, de sus vivencias, motivaciones y discurso, conservándose el lenguaje empleado por ellos.

Se escuchan los primeros sonidos de cacerolas, vecinas y vecinos caminan con pancartas y gritando: ‘Chile despertó’, ‘Que se vayan los milicos’, ‘Pakos kuliaos’. Veo performances, graffitis, stencils, rayados con plumones, carteles, papelógrafos con alienígenas de todas las formas y colores. Algunos quedarán grabados a fuego en la memoria colectiva: ‘No era depresión, era capitalismo’, ‘Nueva Constitución’, ‘Asamblea Constituyente’, ‘El neoliberalismo nace y muere en Chile’, ‘No es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma’, ‘No quisieron invertir en salud mental, bueno ahora arranquen, mierda, que estamos todos descompensados’, ‘Más sexo volao, menos paco jalao’, ‘5 años estudiando, 20 pagando’, ‘Menos tiras, más tríos’, ‘Soñé que ganábamos’ o ‘Aborta tu paco interior’.

R. Miranda, Tres semanas en Plaza Italia: arte, graffiti, perdigones y lacrimógenas, 02.11.2019.

El martes 29 de octubre un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor convocados por la actriz y docente Maritza Farías, en un acto perfectamente pacífico, recorrió durante dos horas el centro de Santiago para realizar la intervención de denuncia ‘Chile, Estado asesino’. Partieron desde la Escuela de Teatro, enfilando por Santo Domingo y doblaron por Estado, eran casi 50 personas que caminaban en hilera vestidos de blanco, algunos otros vestían de negro y llevaban pancartas. En Ahumada con Alameda se ubicaron en una explanada y armaron un círculo gigante. Los de blanco formaron una ruma de cuerpos y los demás participantes les lanzaron pintura roja. El día antes Maritza les había propuesto a sus estudiantes de actuación de primer año hacer una intervención de denuncia, lo que se expandió a toda la comunidad educativa. “Nuestro único territorio real es el cuerpo. No todas las personas tienen casa propia, no todas las personas tienen auto, no todos tienen un espacio de contención, el cuerpo es el punto cero del mundo, lo dice Rita Laura Segato y lo dice Foucault, es el territorio, es lo que nos hace ser quienes somos, y a partir del cuerpo existimos y accionamos, sentimos y vivimos”.

Elisa Montesinos, Performance y protesta: poniendo el cuerpo a las balas, 02.11.2019.

Mirada desde la perspectiva de una rebelión popular, la protesta violenta se percibe a sí misma como contra-violencia, violencia emancipatoria, cuyo agente histórico son múltiples movimientos antisistema.

Desde el 2011 hasta ahora, no estábamos durmiendo. Nos hemos reunido, hemos conversado, intercambiado experiencias de lucha y resistencia, hemos ido fortaleciéndonos en nuestras propias organizaciones, territoriales, feministas, ecológicas y antiextractivistas, de la economía popular y solidaria, de la disidencia sexual o desde la pedagogía crítica, hemos articulado distintas luchas, y hemos mejorado exponencialmente nuestra capacidad de acción. […] Por supuesto que usamos y seguiremos usando la violencia, pero nuestra violencia es mayoritariamente contra la propiedad, contra los símbolos de la división y la injusticia social, y contra aquellos policías que nos reprimen. En cambio, la violencia política y económica, la violencia policial y militar es contra nuestrxs cuerpos y contra nuestras vidas. A la violencia contra la propiedad en Chile se le responde con balas asesinas. Nuestra violencia, al contrario de la suya, no busca la muerte, pero busca sin embargo algo mucho peor para ellos: la total decapitación del poder. Lo que ellos llaman violencia es en realidad la acción directa que muestra la fragilidad de los propios símbolos de su poder. En nuestra ética, las vidas no tienen el mismo valor que las cosas. Las primeras hay que defenderlas, las segundas, en cambio, no nos importa destruirlas. No nos asustan las ruinas. Por eso, los saqueos que han ocurrido y los que vendrán son insignificantes ante el saqueo sistemático y la devastación capitalista de la tierra, los cuerpos, los servicios básicos y las relaciones humanas. Y son insignificantes, sobre todo, ante el asesinato de nuestrxs compañerxs a manos de milicos armados en este monstruoso instante en el que escribo, con todo el peso de la noche encima.

Chile está en llamas. Arden estaciones del metro y peajes de las carreteras, arden buses del Transantiago, cajeros automáticos, bancos y supermercados. Se registran múltiples ataques a estaciones de policía y edificios del gobierno. Hay vidrios quebrados, humo y ceniza por todo el país.

Gabriel Morales, A un metro de la insurrección, Rebelión, 22.10.2019.

Un video que circula en Facebook muestra una protesta callejera en la ciudad de Antofagasta. Abre con múltiples imágenes: “gente saltando y gritando con banderas en mano, juegos de futbol callejero, barricadas, destrucción de señalética y una batalla campal con las fuerzas policiales. Luego aparece un sujeto que tapa su rostro con un pañuelo, quien señala que a pesar de todo el humo lanzado por carabineros “jamás nos derrotaron. Esta es la victoria del pueblo. Llevamos dos horas haciendo lo que queremos. Lo único que queremos es que se vaya Piñera y todos sus secuaces. Esta es la fiesta del pueblo. Aquí les vamos a ganar a los pacos. Y vengan cuando quieran, les sacamos la cresta cuando quieran (…) la única forma que esto se calme es que se vaya Piñera, que tengamos una asamblea constituyente y podamos construir nosotros, el propio pueblo, una mejor constitución y una mejor estabilidad solamente para el pueblo. Que los ricos se vayan a la mierda porque ya han tenido 30 o 40 años chupando sangre. Esta es la fiesta del pueblo”.

Claudio Espinoza A., A propósito de la violencia, Le Monde Diplomatique, edición chilena, 09.11.2019.

Quiénes son los violentos: en el laberinto sociológico

Un senador de la República, conocedor de temas de seguridad interior del Estado, señala que la violencia se halla movilizada por grupos en los que actúan “barristas, traficantes de drogas y algunos grupos anarquistas o insurreccionales. Esa mezcla es muy violenta, es lumpen dando vueltas”.

El término lumpen se volvió moneda corriente durante estas semanas de desmanes y saqueos. Se utiliza frecuentemente para designar a grupos violentos que operan con efecto político en las calles. Su origen se halla en el El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (1852) de K. Marx, donde habla de lumpenproletariado, esa “hez, desecho y escoria de todas las clases”; masa marginal que fácilmente podía ser usada para acciones violentas ya bien de las fuerzas reaccionarias (como en el caso Luis Felipe Bonaparte) o revolucionarias (como en su momento reivindicó la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) en Chile, entre 1970-1973). Marx ofrece una variopinto escena de personajes para retratar al lumpen francés de su época: “Junto a roués (ancianos disolutos) arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni (los más pobres de las clases bajas napolitanas), carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos; en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème (vagabundos, sin ingreso regular, sin domicilio fijo)…”

Por su parte, BBC News Mundo comenzaba su información del 1 de noviembre sobre la violencia en Santiago  así: “Los vecinos del centro de Santiago los ven desde su ventana. Algunos han intentado dialogar con ellos. Los llaman ‘vándalos’, ‘encapuchados’, ‘lumpen’, ‘violentistas’ y, de forma irónica, ‘blancas palomas’. Los apelativos van cambiando en el discurso público. Son los jóvenes que cada día protagonizan violentos incidentes en la céntrica Plaza Italia de Santiago y en distintos puntos de la Alameda antes, durante o después de las multitudinarias manifestaciones pacíficas que comenzaron en Chile el 19 de octubre recién pasado”. A continuación, el reportaje  entrega las siguientes claves:

  • La mayoría son hombres, jóvenes y adolescentes. Llevan el rostro mal tapado por un trapo, provocan y se enfrentan en grupo contra carabineros. Son ‘jóvenes populares’.
  • Una antropóloga consultada, Francisca Márquez, explica: “Estos jóvenes, vándalos, lumpen, son nuestros hijos: pasaron por nuestra educación pública, son resultado de este sistema. […] Son terceras, cuartas generaciones tras la dictadura. Y debemos preguntarnos qué hemos hecho para que ellos nos apedreen, para que quemen todo lo que es símbolo de progreso”. Esta idea—que el lumpen son los hijos de la sociedad que hemos construido—se repite en diversas crónicas y declaraciones, como veremos más adelante.
  • Luego continúa: “Hay algo infantil en ellos. Llevan unos escudos improvisados, sacados de material de la calle, su ropa y su aspecto es muy precario. Tienen una capacidad muy certera de lanzar piedras muy lejos y se mueven como si jugaran a la guerra. Si el carabinero no responde, es como si no hubiera manifestación. Y creo que juegan a la guerra porque no tienen mucho más que hacer”.
  • Tienen los ojos brillantes, porque aquí ciertamente circula droga y ellos ciertamente han sido víctimas del tráfico. Cuando los veo pasar por el parque me pregunto si finalmente no están encontrando ahí su sentido y su identidad”.
  • Daniel Chernilo, sociólogo entrevistado agrega:  “Son jóvenes que no creen en la democracia ni la convivencia pacífica, porque no ven en ellas nada de valor. Creo que en el caso chileno […] hay hace tiempo un grupo reducido, de gente más bien joven, de clase media baja, con estudios secundarios completos, muchos de ellos con paso por la universidad, que han desarrollado una visión de mundo, una ideología que por un lado legitima la violencia como medio político y que, por otro, cuando los llamas a respetar las normas de la vida en democracia, no creen en nada de lo que se les está diciendo. No ven que la democracia sea capaz de protegerlos o que tenga la capacidad de promoverlos. […] Ven las reglas de la convivencia pacífica como una hipocresía, y responden violencia con violencia. Para algunos hay una ideología detrás, una que cree que el Estado es enemigo, que la democracia es represora y que ve la propiedad privada como una fuente de problemas”.

Otro testigo calificado explica que quienes protagonizan este tipo de eventos son mayoritariamente jóvenes populares, “profundamente molestos con el sistema de dominación de clase existente actualmente en el país. Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos, a sus hermanos o sus padres; están molestos con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados”. Adicionalmente, existiría entre ellos “un largo acumulado de tensiones, frustraciones y desencantos que se han venido acentuando y que, hoy día, en el marco de las movilizaciones sociales (estudiantiles, medioambientales, indígenas y recientemente de trabajadores), se expresan como rebeldía popular”. Profundiza enseguida en algunos rasgos de su identidad ideológica:

  • La existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estas organizaciones no poseen hoy día un control efectivo sobre dicho enfrentamiento. Es más, una parte de las acciones violentas que se han podido observar recientemente carecen de conducción política y de orientación ideológica; por ejemplo, los ataques a pequeños establecimientos comerciales y el saqueo de colegios en la periferia urbana”.
  • No obstante, “en estas acciones, así como en los ataques contra los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, las instituciones financieras o los centros comerciales, existe un denominador común: la rabia. De ahí que estas acciones continúen expresando el profundo descontento social que la inequidad ha venido construyendo”.
  • Se observaría asimismo un importante grado de segmentación social entre quienes protestan. “Efectivamente, una parte de los estudiantes adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas (medicina, ingenierías, derecho, etc.), provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor ‘capital cultural’. Estos estudiantes universitarios se refieren a los jóvenes no universitarios (secundarios y subocupados), como: ‘flaites’, ‘sopaipillas’, ‘lumpen’, etc., reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del gobierno y los patrones”.

La protesta pacífica y, a su sombra, la violencia

Ya vimos que la protesta pacífica, o bien acompañada de disrupciones de baja intensidad, ha estado poblada desde el comienzo por un número importante de eventos en que individuos y grupos emplean tácticas y medios violentos, con un amplio abanico de efectos destructivos. Solo una fina línea separa a ambas modalidades de protesta, desarrollándose los eventos de violencia a la sombra de las manifestaciones pacíficas. Según explican un articulista en Le Monde Diplomatique, edición chilena del 9 de noviembre, puede observarse además, como vimos hace  un momento, que, “salvo en muy contadas ocasiones […] no se ha visto una condena de los manifestantes hacia los jóvenes encapuchados. Al contrario, mucha gente ha señalado sentirse protegida por ellos frente al accionar de carabineros y se ha levantado, incluso, una especie de épica asociada a los encapuchados”. El mismo artículo consigna otra serie de interesantes elementos de análisis.

  • Frente a la crítica de que los grupos violentistas serían “gente sin pensamiento político, que solo quieren caos y destrucción, y que, por lo mismo, desatarían la inevitable represión policial”, el autor citado refiere a David Graeber, antropólogo estadounidense, quien señala—mediante un sorprendente giro retórico—que “criminalizar la protesta violenta es en sí violento y, sobre todo, un cheque en blanco al Estado y las fuerzas del orden para legitimar la represión permanente. De manera que caracterizar a estos manifestantes como gente que solo quiere caos y destrucción no es solo inexacto […] sino también peligroso. Es el tipo de afirmación que puede hacer matar gente”.
  • Igualmente otras afirmaciones serían peligrosas cuando “señalan que esta explosión corresponde a adolescentes prisioneros de sus pulsiones, irresponsables en su conducta, puesto que los sitúa, de una vez, en situación de control y tutelaje. Estos sujetos que no son dueños de sí mismos, que solo quieren el caos y la destrucción y, por tanto, hay que sujetarlos, controlarlos, reprimirlos, puede llevar a alguien, como ya sucedió, a herirlos, torturarlos o matarlos”.
  • Desde esta perspectiva, entonces, “los manifestantes violentos, manipulados por su tendencia al caos y la destrucción, no constituirían un actor político. Es más, estarían fuera de la política. Curiosa sentencia, porque un examen histórico nos obliga a constatar que, por el contrario, la violencia parece un elemento inherente a lo social. […] Pero, sobre todo, la historia nos muestra que las grandes transformaciones sociales y de reivindicaciones populares han estado acompañadas de estallidos violentos”.
  • El que habla no es un energúmeno. Todo lo contrario, hay detrás una posición política, compartida o no, pero que parece contundente. Por supuesto, nadie quiere la violencia, pero es necesario distinguir los tipos de violencia. No es lo mismo la violencia dominante de los opresores que la violencia defensiva de los oprimidos. Hay, primero, en el origen, una violencia estructural, sistémica que, creo, queda muy bien sintetizada en las recientes palabras del sacerdote Mariano Puga: ‘Este pueblo tiene derecho a saquearlo todo, porque ha sido saqueado’.
  • Idea esta última que—en un contexto más amplio—retoma el obispo Fernando Chomali de Concepción: “Quienes saquearon los supermercados en estos días son parte de nuestra sociedad: estudiaron en las escuelas y colegios y, algunos de ellos, -muy endeudados- , en las universidades que las políticas públicas generaron. Lo más probable es que sus abuelos (en muchos casos, pilar de sus familias) estén esperando hace años una operación y muchos murieron en el intertanto. Nuestros saqueadores sienten que no le deben nada a Chile, salvo penurias y humillaciones. […] Nuestros saqueadores son el fruto de una serie de políticas públicas que han pauperizado la familia, empobrecido la cultura y debilitado el tejido social”. Por su lado, el alcalde de Renca manifiesta en esos mismos días haber percibido “una sensación de que el saqueo se justificaba porque era de alguna manera una acción contra los poderosos” (Revista Sábado, El Mercurio, 9.11.2019, p. 8).

La policía, en tanto, como expresión del Estado en el uso legítimo de la fuerza para resguardar legalmente el orden público, se ve fuertemente tensionada por la doble tarea de reprimir la violencia política de los grupos que actúan a la sombra de las protestas pacíficas, y de hacerlo garantizando los DDHH, bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación, las redes sociales y de los propios protestantes premunidos de sus cámaras móviles.  Luego, el uso excesivo de la fuerza, el incumplimiento de los protocolos policiales y la violación de los DDHH alimentan tanto la movilización pacífica como la dialéctica de la violencia. Nótese, además, que el catastro de actuaciones reprochables de Carabineros es serio y extenso, según constata el INDH: (a) Detenciones arbitrarias de personas que manifiestan pacíficamente (con ocupación o no de calzada); (b) Uso excesivo de la fuerza en las detenciones (incluidas en aquellas detenciones observadas a personas que se estaban manifestando pacíficamente); (c) No restricción de uso de sustancias lacrimógenas ante la presencia de personas adultas mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres embarazadas. Uso de gases lacrimógenos con afectación a vendedores ambulantes, personas en situación de calle y adultos mayores que no participan de las manifestaciones. (d) Disparos con la carabina lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes. (e) Disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes. (f) Acciones de dispersión y represión a manifestantes sin motivo, provocación alguna, ni ocupación de calzada. (g) Falta de gradualidad del uso de fuerza. Ausencia de avisos previos ante el uso de la fuerza, ausencia de diálogo. (h) Personas heridas de gravedad por gas pimienta, perdigones, granadas, carabinas lanza gases. Alta concentración de gases con afectación de niños y niñas y adultos mayores, personas que no participaban de la manifestación, vendedores ambulantes, o personas en situación de calle). (i) Dirección del chorro del vehículo lanza aguas directamente contra los/as manifestantes. (j) Detención a medios de comunicación. (k) Carabineros y militares no identificados (INDH, Información constatada por el INDH, 8.11.2019).

Durante las pasadas semanas de confrontación y violencia en las calles, Carabineros ha sido acusado reiteradamente de faltas, infracciones y la comisión de delitos. El INDH ha dado a conocer su preocupación por el uso “de armas no letales en forma indiscriminada, en particular cuando se disparan perdigones contra el rostro y los ojos de las personas. Ya tenemos 175 casos de lesiones oculares”, ha denunciado el director de dicho organismo. Además, durante este periodo, el INDH ha presentado 142  querellas por tortura, de las cuales 19 son con connotación de violencia sexual, número superior al total de denuncias de este tipo en los nueve años desde la creación del Instituto.

A su turno, el 8 de noviembre, el Sistema de Naciones Unidas en Chile urgió públicamente a las autoridades “a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. Del mismo modo, los expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos que visitaron Chile declararon en la misma fecha estar  «profundamente preocupados por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas antes de la detención; y por la información recibida sobre abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura […] También se han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, incluyendo prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención». Por último concluyen, “el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”.

En breve, en situaciones de desgobierno y en medio de estallidos diarios de violencia como existen en Chile, la  mantención del orden se vuelve doblemente difícil. El Estado de derecho resulta sobrepasado por la insurrección que emplea tácticas violentas y la reacción preventiva y represiva de Carabineros, cada vez que excede el marco legal y viola los DDHH, enardece aún más a quienes protestan y a la sociedad civil. Es una dialéctica fatal, agravada por un gobierno que aparece débil y derrotada y una  fuerza policial claramente sin control sobre sí misma y de la calle. Nótese que ésta se halla además dañada en su prestigio institucional debido a hechos de corrupción, sucesivos cambios de su alto mando en un corto tiempo, carencia de una inteligencia mínimamente efectiva y por una secuencia de actuaciones delictivas y no sólo de violación e los DDHH observadas ya desde antes de las protestas.

Carácter de la crisis y su narrativa hegemónica

Sin duda, el logro más importante de quienes favorecen (o esperan) alguna salida radical de la actual crisis política—trátese de continuar o profundizar la ingobernabilidad para abrir paso así a un gobierno de ruptura democrática en 2022, o de producir un desplome de la institucionalidad democrática (renuncia del presidente, por ejemplo)—ha sido crear una narrativa que explica (y justifica) la violencia como una suerte de ‘legítima defensa’ en contra de la violencia sistémica, estructural y simbólica, ejercida sobre la población por el “partido del orden” y sus 30 años de políticas neoliberales.

Para conseguirlo, lo primero ha sido poner exitosamente la violencia a la sombra de la protesta, como acabamos de ver. Según ha expresado G. Salazar, un influyente historiador social e intelectual público: “La protesta ha redundado en grandes marchas, ‘cacerolazos’ multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios en estaciones del tren subterráneo, supermercados y multitiendas, lo que ha conmovido profundamente a la opinión pública nacional e incluso internacional”. Dicho en otras palabras, la protesta manda y admite todas las formas de lucha junto con sus variadas manifestaciones: pacíficas, disruptivas y violentas. El mundo académico, que suele fascinarse intelectualmente con este tipo de estallidos, ha reaccionado prontamente. Por ejemplo, la Latin American Studies Association convocaba el 6 de noviembre a un panel titulado: “El despertar de Chile: insurrección popular en el país ‘modelo’”.

Por su lado, un miembro del comité central del PC chileno enunciaba en el diario El Siglo del 28 de octubre la estrategia a seguir: “Es hora de definiciones y definiciones revolucionarias. Construir poder popular, poder en la base, el debate, el cabildeo y la movilización permanente, el juicio a la derecha y su salida del poder y, como corolario y demanda estructural el fin del modelo neoliberal, fases de insurrección popular que se van instalando lenta pero inevitablemente, consolidar esas etapas es hoy y en las próximas horas, la esforzada y noble tarea de quienes quieran y necesiten estar en esta luminosa vereda de la historia”. En fin, no es un hecho anecdótico que una búsqueda en Google con los términos ‘insurrección popular Chile’ haya arrojado más de 630 mil resultados el día 11 de noviembre.

La segunda conquista narrativa ha sido explicar la protesta social y sus manifestaciones como resultado de causas estructurales, en particular las extremas desigualdades económico-sociales, que llevarían aparejadas asimetrías y abusos de poder, humillaciones, indignidades, egoísmos, envidia competitiva, dislocación de los lazos comunitarios y así por delante. Esta narrativa se ha instalado como sentido común en la sociedad y se expande dando lugar a una verdadera espiral explicativa, con participación de la TV, radios, intelectuales y académicos, sacerdotes y obispos, artistas, deportistas, mujeres y hombres de la cultura, médicos y abogados, parlamentarios, ministros y empresarios y, según recientes encuestas, de la opinión pública en general.

Incluso la violencia aparece tratada dentro de este mismo marco explicativo según muestra el siguiente, algo oscuro y ambiguo texto: “Indignados pacíficos, clases medias movilizadas, sectores ultra, anarquistas, violentistas, delincuentes y lumpen, todos son parte, hijos, producto de un mismo sistema. Es cierto, el bandidaje, la pillería, el robo y el saqueo son inaceptables, y hay que combatirlos con eficacia; eficacia que por cierto, el gobierno no ha tenido, violencia que es consustancial y coherente con la normalización que nuestro sistema político ha dado a las mismas barras bravas o pandillas que se toman las villas en el día del joven combatiente. Qué nos extraña, es lamentable, porque los criamos entonces y ahora les saca los ojos al país, y pareciera que la única alternativa ahora fuera reprimirlos”.

Un tercer logro en el despliegue de esta narrativa es vincular en una misma cadena lógica la desigualdad estructural con los malestares resultantes en la sociedad y a éstos, a su vez, con el ‘modelo de desarrollo’ impulsado por políticas neoliberales.  De este modo se concluye que frente al estallido social se requiere de inmediato un giro completo de paradigma, incluyendo una nueva constitución política del Estado, un nuevo modelo socioeconómico con fuerte presencia del Estado y una nueva caja de instrumentos de política pública que excluya el instrumental neoliberal. En breve, resume un reconocido periodista con larga historia en las luchas de la izquierda chilena:  “El prolongado ‘estallido’ enfrenta sin retrocesos y con mucho valor una cruel represión e ignora las piruetas demagógicas de la ‘clase política’. El ‘estallido’ no se anda con chicas. Exige la renuncia del presidente de la República, la abolición del modelo neoliberal y derrocar las instituciones mediante una Asamblea Constituyente que dote al país de una nueva Constitución Política”.

Cuarto, en efecto, es también un éxito de la estrategia narrativa el haber propuesto tempranamente que para cambiar el modelo de desarrollo económico-social se requiere—como condición necesaria—cambiar las reglas del juego y la organización del Estado; es decir, una nueva Constitución que, además, debería ser creada al margen de la clase política contaminada por el neoliberalismo y de la actual institucionalidad parlamentaria, dando paso a una asamblea constituyente. Esta compleja tarea no podría recaer en la tradicional izquierda política y cultural, y sus redes de sustento. ¿Por qué?

Responde G. Salazar: “Primero, porque en Chile ya no hay izquierda, ni dentro ni fuera del Parlamento: todos los partidos respetan la Constitución de 1980 y/o promueven reformas promodelo; segundo, porque las ideologías revolucionarias (todas ellas eran importadas) fracasaron con Salvador Allende y Miguel Enríquez después de 1973 –aunque hay una nueva izquierda, los nuevos partidos son percibidos como el sector juvenil de la vieja clase política–; tercero, porque las ONG de los años 80 y 90, que trabajaron inmersas en la sociedad civil y para la sociedad civil, ya no existen; cuarto, porque todas las universidades actuales están impregnadas por la praxis neoliberal (individualismo, obsesión por el currículum personal, competencia entre intelectuales y entre universidades, internacionalización de sus académicos y sus papers, masas estudiantiles desconcertadas, etc.), razón por lo que ya no piensan los problemas del país y de la ciudadanía, sino sus carreras académicas individuales, y quinto, porque los políticos y los partidos, aparte de su campaña electoral (exacerbada porque se les paga una cantidad de dinero por cada voto que obtienen), no tienen contacto real ni permanente con sus bases electorales, etc. “

Por último, un quinto elemento exitoso de esta narrativa es estar creando, manteniendo y reforzando continuamente la esperanza de un triunfo político a la mano. Como ha dicho el mismo Salazar: “Todo indica que la ciudadanía y el pueblo mestizo le dieron al modelo neoliberal chileno un golpe letal, del cual muy difícilmente se recuperará. Y como ni el Ejército ni la Policía desencadenaron una represión sangrienta sobre el pueblo amotinado, se ha abierto una brecha inesperada por donde la ciudadanización de la política puede avanzar y desplegarse […] Ya estalló la chispa para que la presión revolucionaria ínsita (propio y connatural a algo) en esta rebelión pueda desplegarse y orientarse”. De este modo, también la violencia recupera el papel histórico que le asigna la teoría revolucionaria clásica : “La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva”.

Para finalizar digamos esto: incluso las esmirriadas fuerzas democráticas se hallan atrapadas por la narrativa dominante, sin reparar que a su alrededor ha ido creándose una situación de insurrección popular. Al inicio, inmediatamente de desatada la violencia del 18-O, no reaccionaron coherentemente frente al asalto a la polis, en defensa del orden democrático. Hasta ahora no logran un compromiso público para frenar el uso de la violencia con fines políticos. En cambio, en vez de buscar encauzarla institucionalmente, solo aplauden la protesta pacífica a cuya sombra se crean las condiciones para el despliegue de las tácticas violentas.

Probablemente, la precaria ingobernabilidad se vea más tensada ahora por la precipitación de un proceso constituyente separado del Congreso. A él acudirán dichas fuerzas fragmentadas, confundidas y en ciega competencia entre sí. Sin capacidad por ende  para proporcionar un cauce institucional a la intensa conflictividad que ha adquirido la situación.

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