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Publicado el 14 de diciembre, 2019

José Ignacio Martínez e Ignacio Covarrubias: Demandas sociales y debate constitucional

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae José Ignacio Martínez e Ignacio Covarrubias

La creación y desarrollo de políticas sociales es algo que en las democracias corresponde al legislador, en el marco de la deliberación y de la decisión de las mayorías, conforme a los recursos económicos de que disponga el estado.

José Ignacio Martínez e Ignacio Covarrubias Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae
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El acuerdo constitucional suscrito el viernes 15 de noviembre permitió traer un poco de orden y tranquilidad a nuestra patria. Sin embargo, las diversas interpretaciones dadas al sentido y alcance del pacto han hecho surgir de nuevo la incertidumbre. En tal sentido, resulta llamativo que el centro del debate constitucional haya recaído casi exclusivamente en cuestiones formales, como el quórum por el que se deberían adoptar los contenidos de la eventual nueva Constitución, o cuotas especiales de representación para mujeres y pueblos originarios. Más allá de algunos recursos retóricos, se ha argumentado y debatido poco o nada sobre cuestiones de fondo, como el por qué debería reemplazarse la actual Carta Fundamental y el contenido que debería tener una nueva. Esto ha generado preocupación e intranquilidad, y por eso parece necesario clarificar qué es una Constitución y qué puede esperarse de ésta.

Entonces, ¿qué es una Constitución? La respuesta no es tan simple. Y es que, si bien Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suecia, Argentina, Uruguay, Corea del Norte, Venezuela y Cuba tienen constituciones, la realidad de estos países permite concluir que, en términos generales, existen dos formas de responder a aquella interrogante. La primera nos dirá que una Constitución es un instrumento destinado a regular y limitar el poder del estado, a asegurar el imperio del derecho, y a proteger los derechos y libertades de las personas, en un marco de democracia representativa. La segunda concluirá que es un mecanismo que hace posible cambios estructurales, encaminados a alcanzar una igualdad material, mediante una democracia popular. La primera opción es la que da origen al constitucionalismo en el siglo XVII, y es la que ha permitido el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, así como del Estado Democrático de Derecho. La segunda se origina en el siglo XX, y es compatible con las dictaduras y con el poco aprecio por los derechos fundamentales, que es lo que se observa en las autodenominadas democracias populares.

Por otra parte, la solución al problema del contenido de las constituciones depende del concepto de Constitución al que se adhiera. Si se tiene en mente una Constitución que limite y regule el poder del Estado, ella deberá estar dotada de supremacía, lo que supone que todos los poderes públicos estén sometidos y ajusten su actuar a ella. También deberá incluir mecanismos políticos y jurídicos de limitación del poder estatal, lo que conlleva un sistema de separación de poderes, en que el ejecutivo y el legislativo sean elegidos por el pueblo. Asimismo, puede ser aconsejable constitucionalizar otros organismos, en atención a que desarrollan funciones especialmente sensibles que conviene proteger (por ejemplo, Contraloría General de la República, Banco Central, Tribunal Constitucional). Finalmente, una Constitución debería regular la estructura territorial del poder, e incorporar un listado de derechos y libertades, y los mecanismos de protección judicial de éstos y de la supremacía constitucional. Este es el modelo propio del Estado Democrático de Derecho. Por el contrario, si lo que se desea es una Constitución del tipo democracia popular, bastará con eliminar todos o la mayor parte de los mecanismos recién descritos.

¿Y qué pasa con la Constitución y las demandas sociales? Las experiencias constitucionales y democráticas más exitosas han sido reacias a incluir en sus constituciones normas vinculadas a políticas sociales. Más aún, los países con los sistemas de protección social más avanzados no han transformado este asunto en un tema constitucional. Así por ejemplo, las constituciones de Suecia, Noruega, Francia o Inglaterra no han incluido normas constitucionales que regulen las políticas sociales. Y si bien la Constitución de Alemania declara que ese país es un Estado Social de Derecho, su articulado no incluye ningún listado de aspiraciones sociales presentadas como derechos. En cualquier caso, esas naciones presentan una característica común: cuentan con sistemas económicos de mercado y con emblemáticos estados de bienestar. Como se comprenderá, la opción constitucional de estos países no se relaciona con una especie de indiferencia por las problemáticas sociales, sino que más bien se debe a que éstas no son un tema de la esencia de una Constitución. La razón es simple. La creación y desarrollo de políticas sociales es algo que en las democracias corresponde al legislador, en el marco de la deliberación y de la decisión de las mayorías, conforme a los recursos económicos de que disponga el estado.

Por último, si bien parece indudable que las constituciones poseen un alto valor simbólico, pues representan las características y los acuerdos más relevantes de la comunidad política, no puede perderse de vista que aquello tiene un límite. En efecto, más allá de las visiones épicas que se han ido instalando en el actual debate constitucional, lo cierto es que, como ocurre con cualquier norma, las constituciones no hacen milagros, ni poseen ninguna cualidad especial que les permita resolver todas y cada una de las aspiraciones humanas.

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