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Publicado el 21 de noviembre, 2019

José Fernando Núñez: El fetiche constituyente

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio José Fernando Núñez

Cuando se van a cumplir veinte años de la vigencia del texto constitucional de 1999, podemos afirmar, categóricamente, que a la luz de la realidad que hoy vive Venezuela el cambio constitucional que allá se verificó fue absolutamente innecesario y harto contraproducente.

José Fernando Núñez Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio
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En términos generales, y soslayando la ubicación de su origen, se entiende por fetiche legal el criterio conforme al cual se considera que la sola promulgación de una ley puede cambiar la realidad socio-económico-política de un país o de una determinada sociedad.

La Constitución de la República de Venezuela anterior a la actual, promulgada el 23 de enero de 1961, elaborada por el Congreso Nacional y aprobada por el pueblo a través de las asambleas legislativas estadales, rigió los destinos del país durante cuarenta años, y bajo su vigencia se eligieron, pacífica y democráticamente, ocho gobiernos nacionales para cumplir períodos de cinco años, alternándose en el poder partidos y presidentes de variadas corrientes políticas. Esa ejemplar Constitución contenía en sí misma los mecanismos para sus eventuales modificaciones, a saber, la enmienda y la reforma; y aún cuando no había entrado en estado de obsolecencia, resultaba evidente que requería de la incorporación de algunos instrumentos de avanzada socio-política que habían surgido durante las cuatro décadas de su vigencia, v.g., el referendum, en sus distintas modalidades. El estamento político de la época, a través del Congreso Nacional, convino en su reforma total, para lo cual se instaló en junio de 1989 una Comisión Bicameral que casi tres años después presentó su trabajo, el cual sorprendentemente no fue aprobado en ese período constitucional ni en el siguiente.

En 1998, convertido aparentemente en un político democrático luego de haber protagonizado algunos desvaríos en contrario de ingrata recordación, el exmilitar Hugo Chávez se hizo candidato presidencial, y en su campaña electoral enarboló entusiastamente el estandarte de la constituyente como mecanismo para la “refundación” del Estado. Chávez ganó las elecciones, e inmediatamente, a través de una vía que le fue posibilitada por una interpretación que al respecto hizo la Corte Suprema de Justicia, convocó una Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente se instaló, y no obstante las manifestaciones en contrario que habían formulado diversos personeros del nuevo gobierno, ipso facto resultaron pulverizados los poderes constituidos, y la institucionalidad imperante. La nueva Constitución fue aprobada por el pueblo venezolano en referendum consultivo el 15 de diciembre de 1999. En general, casi todos los cambios que en ella se produjeron estaban previstos en el trabajo, no ejecutado, presentado por la Comision de Reforma Constitucional. Entre las innovaciones del nuevo texto destacan la creación de dos nuevos poderes, el Moral y el Electoral, que se sumaron a los clásicos tres poderes del Estado, y el cambio radical en la concepción del Poder Ejecutivo, con la extensión del período presidencial de cinco a seis años con una única reelección inmediata. Por cierto, el presidente Chávez, que como candidato se había manifestado recurrentemente por una única reelección para todos los cargos públicos de libre elección, una vez que se produjo su reelección, propició una reforma constitucional que estableció la reelección indefinida para dichos cargos.

Cuando se van a cumplir veinte años de la vigencia del texto constitucional de 1999, podemos afirmar, categóricamente, que a la luz de la realidad que hoy vive Venezuela el cambio constitucional que allá se verificó fue absolutamente innecesario y harto contraproducente. Hoy, después que los inmediatos beneficiarios de ese cambio han administrado mas de un billón y medio de dolares americanos, Venezuela confronta una dura situación que se manifiesta en el derrumbe de toda la infraestructura económica, social, política y sobre todo moral que se edificó durante la vigencia de la Constitución de 1961.

Después de muchos años de carencia absoluta, los alimentos y medicinas que se consiguen tienen precios inalcanzables para la gente pobre, son de bastante precariedad los servicios hospitalarios, los servicios de agua, gas y electricidad funcionan con altísima deficiencia, y es voraz la corrupción que se atribuye a los insaciables jerarcas del régimen.

La terca realidad confirma la inoperatividad del fetichismo legal al comprobarse siempre el enorme trecho existente entre la concepción y promulgación de una ley, y su efectiva aplicación. En Venezuela el romanticismo épico que cubrió la figura de un vengador propició la implementación de un fetichismo constituyentista que, comprobadamente, culminó en un estruendoso fracaso.

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