Frente a la alta tasa de abstención electoral, se debate en el Senado implantar el voto obligatorio. Lo sorprendente no es la propuesta en sí misma, sino los argumentos de algunos sectores para apoyarla o, mejor dicho, las condiciones que ponen para hacerlo. Exponentes de derecha exigen retrotraer el reloj a la época en que la inscripción electoral no era automática sino optativa; otros argumentan en favor de que los ciudadanos se puedan retirar de los registros electorales libremente. Estas razones han sido esgrimidas incluso por representantes del Ejecutivo.

Cabe recordar que en la discusión sobre la actual Constitución se hicieron presente posiciones abiertamente contrarias al sufragio universal por parte de un grupo influido por ideas corporativistas de raigambre fascista. El propio Pinochet desconfiaba de las elecciones y por eso afirmó que su gestión tenía metas y no plazos. Estas ideas no se impusieron. Primó la tradición democrática y la cultura electoral de los ciudadanos. Sin embargo, la desconfianza frente a la ciudadanía se expresó de diversas formas en la llamada “democracia protegida”: una de ellas fue establecer que el registro electoral fuera voluntario, con lo cual se buscaba poner una traba en la conformación del cuerpo electoral. Para no hablar del sistema binominal, un híbrido que premiaba a la principal fuerza minoritaria.

En  la campaña del NO en 1988 la oposición llamó a inscribirse en los registros electorales, y el pueblo respondió masivamente dada la importancia de lo que estaba en juego, nada menos que la permanencia de Pinochet en el poder. Desde entonces la participación electoral empezó a decaer, especialmente en las elecciones parlamentarias y municipales, y se hizo palpable a partir de 1997.

El sistema electoral tenía una caja negra de no inscritos que llegó a contar varios millones de personas, principalmente jóvenes. Con frecuencia no se tomaba en consideración al establecer la abstención, pues se calculaba únicamente respecto de los inscritos en los registros electorales.

Las causas de este fenómeno eran múltiples. Los intentos por facilitar el trámite de la inscripción electoral fracasaron. Los registros no siempre estaban abiertos y había que concurrir personalmente a los recintos o puntos especiales del Servicio Electoral. De hecho, el cuerpo electoral se restringió excluyendo principalmente a los jóvenes de los sectores populares.

Después de reiteradas insistencias de cambios al sistema electoral ante el Congreso, en el año 2009 se logró introducir la inscripción automática, permitiendo que por el sólo hecho de cumplir la mayoría de edad las personas quedaran incorporadas al cuerpo electoral. Para derribar la traba al momento de la inscripción se estableció el voto voluntario, o sea, que el ciudadano decidiera si sufragaba o no sin tener que realizar un trámite previo.

Toda la derecha exigía el voto voluntario y en los partidos de la Concertación las opiniones estaban divididas, primando la posición en favor de la libertad de votar. Hoy la mayoría se inclina en favor del deber de sufragar.

La del 2009 fue una reforma trascendente: el cuerpo electoral quedaba constituido por el solo ministerio de la ley y coincidía con la realidad sociológica de los posibles votantes. Es verdad que en estos más de 10 años han surgido diversas dificultades entre el Registro Civil y el Servicio Electoral para dar cumplimiento al mandato legal. Se trata de problemas de implementación que pueden resolverse con voluntad política.

Lo que sorprende es que sectores mayoritarios de la derecha insistan en la fórmula superada: inscripción voluntaria y voto obligatorio. La inscripción debe seguir siendo automática. A partir de ese piso, se debiera debatir sobre la conveniencia del voto obligatorio. Resultaría surrealista que el Senado decidiera volver al pasado.

Existe un conjunto de argumentos en favor de las dos opciones en juego: lo decisivo a la hora de tomar una decisión es la experiencia de cada país. En Chile, desde el retorno a la democracia, la única fórmula que falta por experimentar es la que combina inscripción automática con voto obligatorio. Si terminara por imponerse, sería conveniente que la ley estableciera un sistema de incentivo al voto como hay por ejemplo en Colombia y en Chile en favor de los vocales de mesa. Las sanciones, en cambio, no se han demostrado eficaces. Frente al atochamiento de causas en los Juzgados de Policía Local, se dictaban leyes de amnistía.

Tal vez sea la manera de incentivar el voto ciudadano, tan decisivo para un sano funcionamiento de la democracia.

Tras los planteamientos de quienes condicionan el voto obligatorio a la vuelta a la inscripción voluntaria, sigue latiendo la desconfianza ante el sufragio universal. Los sectores conservadores siempre buscan caminos o subterfugios para desincentivar el voto. En varios Estados de EE. UU. lo hacen cuestionando el voto anticipado; en Brasil, Bolsonaro pone en jaque el voto electrónico, que en ese país ha funcionado desde hace tiempo. Entre nosotros, algunos pretenden reintroducir la necesidad de realizar un trámite, que en la práctica desaliente la participación política.

Resulta curiosa esta argumentación si se tiene en cuenta el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019 que dio origen al proceso constituyente, estipulando que en el plebiscito de salida en que la ciudadanía deberá pronunciarse sobre el texto de nueva Constitución elaborado por la Convención, el voto sea obligatorio, sin cuestionar la inscripción automática.

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1 comentario

  1. Como siempre, el articulista presenta una derecha oportunista, tramposa, que busca imponer cambios legales solo por las ventajas que éstos representarían para ella. Ni un mínimo de ecuanimidad, a la izquierda la llama Concertación y pinta sus intenciones siempre altruistas y nobles.

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