En el ambiente enrarecido de la contienda electoral también hay buenas noticias. Esta vez provienen de la Convención Constitucional y se refieren a una opción mayoritaria en favor de la forma del régimen político, una materia crucial de la nueva Constitución.

Cicerón afirmaba con razón que el diálogo sobre cuál pueda ser la mejor forma constitucional de la sociedad es una tarea intelectual de bien público, a condición de que no se pierda en divagaciones abstractas alejadas de la realidad; más bien debe basarse en la experiencia y no tanto en los libros. Con frecuencia los filósofos, juristas y politólogos han confesado su impotencia para plasmar sus ideas, como se advierte ya en la séptima carta de Platón, donde narra sus desencantos políticos.

Poco se obtiene de pensadores que imaginan una “republica ideal” con una organización política que haría desaparecer los conflictos y sería capaz de resolver todos los problemas. El político es quien tiene la responsabilidad de dar forma a instituciones que, insertas en la vorágine de la historia, puedan garantizar ciertos principios básicos y, al mismo tiempo, fijar el cauce al proceso de deliberación democrática.

La buena señal proviene esta vez de la comisión de Régimen Político de la Convención Constitucional. Luego de escuchar a diversas personas e instituciones y de recoger información sobre la materia, sus integrantes comienzan a orientarse en favor de un presidencialismo renovado y de un Parlamento bicameral.

La opción en favor del parlamentarismo tuvo un período de auge en América Latina luego de la crisis de las democracias y el advenimiento de dictaduras militares desde la década de los 60. Sin embargo, ningún proceso constituyente o de reforma constitucional asumió esa forma de gobierno: pensemos en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela o Ecuador.

Esta orientación encuentra su antecedente en la historia política de nuestras repúblicas y en la debilidad y dispersión del sistema de partidos políticos, cuya fragmentación y falta de representatividad provocarían inestabilidad e ingobernabilidad en países que, precisamente, requieren de un rumbo claro para caminar al desarrollo.

Algunos autores han planteado la alternativa del semi presidencialismo teniendo a la vista la experiencia de Francia y Portugal y saltando la situación del Perú. El fundamento de la argumentación en favor del semi presidencialismo es que el gobierno cuente con mayoría parlamentaria para realizar su programa. Sin embargo, allí donde no existe un partido mayoritario en el Parlamento como ocurre actualmente en la Francia de Macron, este tipo de régimen político cae en los mismos defectos del parlamentarismo. El caso peruano es una buena muestra del nivel de inestabilidad a que se puede llegar.

Cualquier propuesta semi presidencial en que se separan las figuras del Presidente como Jefe de Estado y la del Primer Ministro como conductor del Gobierno, aprobado por la mayoría parlamentaria, debe precisar a lo menos los siguientes puntos:

  • El quórum para el voto de censura al Primer Ministro
  • Si se requiere que ese voto de censura sea constructivo como en el sistema parlamentario alemán, es decir, que exista una mayoría alternativa para formar gobierno
  • Si el Parlamento siguiera siendo bicameral, si basta la censura de una de las cámaras o se requiere que las dos se pronuncien en contra
  • Definir si el Presidente contase con la facultad de disolver el Parlamento por una vez durante su mandato para convocar a nuevas elecciones, que pueden no resolver el entredicho, como ha ocurrido en Israel y Perú
  • Delimitar bien las facultades del presidente y del Primer Ministro para disminuir las posibilidades de roces o conflictos entre ellos.

El régimen semi presidencial presenta una anomalía mayor cuando la orientación política del Presidente no coincide con la de la mayoría parlamentaria, en cuyo caso el Primer Ministro puede ser un líder opositor. Es lo que suele llamarse la cohabitación, que tuvo lugar en varias ocasiones en Francia antes de las últimas reformas, generando una contradicción en el seno mismo de la gestión ejecutiva. Si el contraste es menor, la ciudadanía puede concluir que los políticos llegan a acuerdos que sólo a ellos benefician; si, por el contrario, fuera constante y de relevancia pública, se puede ver afectada la labor del Gobierno y la ejecución de las políticas públicas.

Todo indica, entonces, que la Comisión de la Convención ha adoptado una buena solución al favorecer un sistema presidencial atenuado, lo que supone no sólo aumentar las facultades del Parlamento, sino también diseñar un proceso de regionalización con mayor autonomía para los gobiernos regionales, una ampliación y buen diseño de un área de instituciones constitucionalmente autónomas como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Sistema Electoral y las universidades públicas, y una diferente regulación de las facultades del Presidente para designar altos c argos públicos.

Paralelamente hay que perfeccionar las normas que favorecen la disciplina fiscal y la conducción unitaria de la política económica, entre ellas la iniciativa exclusiva de ley en materia de gasto público.

Arturo Fontaine, en un libro titulado “La pregunta por el régimen político”, da sólidos argumentos en favor del presidencialismo, que comparto. Ellos se refieren tanto a la legitimidad popular del mandato político, al desprestigio del Parlamento y al hecho que ni el parlamentarismo ni el semi presidencialismo evitan la concentración del poder en manos de un líder político, como se advierte en Hungría o Polonia, donde imperan autocracias disfrazadas.

Los principales cambios constitucionales alcanzados en 2005  en favor del Parlamento fueron: a) Acortamiento del mandato presidencial a cuatro años sin reelección; b) Regulación de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, las que pueden desde entonces ser convocadas por la minoría; c) Introducción de la interpelación parlamentaria a los Ministros en la Cámara de Diputados, por iniciativa también de la minoría; d) Mayores facultades del Congreso para sugerir reservas y declaraciones interpretativas en la tramitación de los tratados internacionales, limitando la facultad del Presidente para retirarlas sin su acuerdo una vez aprobado el tratado; e) Creciente número de autoridades que requieren aprobación del Senado para su nombramiento.

Estas reformas dieron paso a otras de rango legal: se modificó la ley del Congreso ampliando los plazos de las urgencias (15 días para la suma y 6 días para la discusión inmediata) y mayor facultad de los parlamentarios para pedir información al Gobierno, en especial respecto de las empresas públicas,

Ahora es preciso pensar en otras modificaciones para robustecer al Parlamento. Enumero algunas:

  1. Revisar la iniciativa exclusiva del Presidente en materia legislativa, en especial en lo referente a la negociación colectiva y a la seguridad social (artículo 65 Nos 5 y 6); b) eliminar los quórum supra mayoritarios para las leyes; c) reducir el quórum de insistencia parlamentaria en caso de veto presidencial; d) establecimiento de la iniciativa popular del ley y de referéndum derogatorio de ley, para lo cual sería necesario recolectar un número significativo de firmas; e) terminar con algunas de las prohibiciones para la acción de los parlamentarios, como la no intervención en conflictos sindicales o estudiantiles o la de abstenerse de dar su opinión para el nombramiento de cargos públicos; f) exigir la aprobación del Congreso para que el Presidente pueda denunciar un tratado.
  2. Mención especial merece la regulación de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República y la enumeración de las materias de ley. Se trata de evitar que el Ejecutivo pueda legislar vía decreto con el sólo control de la Contraloría y eventualmente del Tribunal Constitucional y de la Magistratura.

La Comisión de la Convención tiene por delante un arduo trabajo para conformar un sistema institucional coherente y eficaz capaz de gobernar una sociedad cada vez más compleja y dinámica.

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