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Publicado el 17 agosto, 2020

José Antonio Viera-Gallo: Una IV República

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Uno de los ejes que debiera definir el cambio de régimen es la vigencia del principio de mayoría, lo que daría verdadero significado e importancia a los comicios y alentaría la participación electoral.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.

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Chile se encamina a dar forma a su cuarta república. Las tres anteriores han tenido como punto de referencia las Constituciones de 1833, 1925 y 1980-89, todavía vigente con sucesivas reformas. Cada una de esas formas del Estado ha correspondido a cambios ocurridos en la sociedad y en la cultura del país. Hoy, a poco más de dos meses del plebiscito, nos aprontamos a decidir si queremos dar paso a un nuevo sistema político (Apruebo) o si preferimos continuar por el camino de los cambios a la actual Carta Fundamental.

Son dos caminos diferentes: el Apruebo busca elegir una Convención Constitucional para elaborar una nueva Constitución, mientras que el Rechazo plantea que el futuro Congreso asuma un carácter constituyente para poner al día la actual Constitución. La Convención está reglada mediante una reforma a la Constitución, tanto en su competencia, como en su duración y forma de elegir sus miembros. Ya se estableció que será partitaria desde el punto de vista del género y falta por establecer la forma de la representación de los pueblos originarios.

Todo indica que la III República nacida de la dictadura militar y la transición a la democracia ha cumplido su ciclo. Cabe, entonces, preguntarse cuáles serían los rasgos distintivos del nuevo ordenamiento constitucional que permitirían hablar de una IV República, diferente a la actual.

Para responder debemos dejar de lado los detalles y centrarnos en lo que define una Constitución. Hay un punto que me parece central.

Pero ¿qué ha periclitado del actual sistema? Hay que partir por aceptar que la Constitución de 1980 tal cual la concibieron sus autores –que consagraba una llamada democracia protegida y excluyente- nunca entró en vigor. Luego del plebiscito de 1988 en que triunfó el NO, ella fue profundamente reformada, dando paso a una democracia pluralista, sin descarte de ideas, comprometida con los derechos humanos. Como contrapartida se acepta su carácter asociativo, consistente en que para la formación de ciertas leyes se requiere un quorum supra mayoritario, es decir, más de la mitad más uno de los parlamentarios. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy, si bien se eliminaron los senadores designados que también alteraban el juego de mayorías y minorías, y se cambió el sistema electoral, que premiaba a la primera minoría al equiparar su representación a la de la mayoría.

Ningún gobierno desde el retorno a la democracia ha contado con un respaldo mayoritario estable y coherente en el Parlamento, y en los breves períodos en que lo ha habido, la heterogeneidad de las coaliciones gobernantes ha dificultado llevar adelante las reformas que los Presidentes impulsaban.

La llamada política de los consensos puede entenderse de dos maneras: una referida a la necesidad de obtener acuerdos con la oposición para aprobar las leyes cuando no se cuenta con un respaldo mayoritario; otra diferente, como actitud abierta al diálogo en el Parlamento, aunque se cuente con tal mayoría. En el primer caso estamos ante una necesidad, en el segundo, ante una virtud política que ha sido encomiada por los pensadores políticos, como Hans Kelsen.

El modelo de democracia asociativa ha sido planteado por Arend Lijphart como contrapartida al esquema de Westminster y existe con diversas modalidades en muchos países, sobre todo en aquéllos que han atravesado fuertes conflictos raciales, sociales o religiosos. Ese sistema debió haber terminado el 2005, cuando se puso punto final a los llamados enclaves autoritarios, pero no había acuerdo en el Congreso. La derecha se opuso. Esta falla hizo que muchos cambios que debían haberse logrado en los gobiernos sucesivos, no tuvieron lugar.

Cuando se habla de una IV República, el principal cambio es lograr que rija en plenitud el principio de mayoría en el Congreso. El quórum supra mayoritario puede mantenerse para ciertas materias relevantes, pero tal como ocurre en las Constituciones de España y Francia, no debieran sobrepasar la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Diferente es el caso de las reformas constitucionales o la posibilidad de reemplazar la Carta Fundamental por otra diferente.

Quienes temen que las cambiantes mayorías pudieran generar una inestabilidad normativa, se equivocan porque, como hemos señalado, no es común que los Gobiernos cuenten con una coalición parlamentaria mayoritaria estable y coherente, y, si la tuvieran, existe el Tribunal Constitucional para evitar cualquier abuso que se pudiera cometer en contravención a las normas de la Constitución. Además, hay un cuadro jurídico internacional del cual el Estado chileno no se puede apartar, que comprende una serie amplia de temas en consonancia con la globalización: derechos humanos, comercio exterior, propiedad intelectual, inversión, normas sanitarias, agrícolas, medio ambientales, laborales, etc.

Este es –a mi juicio– uno de los ejes que debiera definir el cambio de régimen. Obviamente, habrá que ponerse de acuerdo en muchos otros temas sustantivos, como los principios que definirán la nueva Constitución, como en el sistema político y los mecanismos y procedimiento de sus instituciones. Pero la piedra angular es la vigencia del principio de mayoría, lo que daría verdadero significado e importancia a los comicios y alentaría la participación electoral.

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