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Publicado el 14 de octubre, 2019

José Antonio Viera-Gallo: Un entredicho constitucional

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

A estas alturas los poderes colegisladores debieran tomar cartas en el asunto y zanjarlo mediante la única vía idónea: una reforma constitucional o una ley interpretativa de la Constitución, que señale explícitamente que tampoco cabe el recurso de protección en contra de los fallos del TC, ya que algunos consideran que no se trataría de un recurso propiamente tal sino de una acción constitucional. Esa debiera ser la ocasión de introducir los cambios al TC sobre los cuales hay un amplio consenso: disminuir el número de integrantes y elevar las exigencias para su nombramiento y eliminar el control preventivo obligatorio.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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Se ha producido un serio desentendimiento entre el Tribunal Constitucional y una sala de la Corte Suprema, que en los considerandos de un fallo argumenta que ese tribunal podría conocer de recursos de protección en contra de sentencias del TC. Todavía no podemos calificar el asunto de conflicto institucional, ya que sólo se trata de un planteamiento hipotético. Pero su sola formulación, no en un debate académico, sino en una resolución judicial del más alto tribunal, ha encendido las alarmas.

Hay varios motivos de preocupación.

En primer lugar, se trata de una postura sorprendente que va más allá del llamado “activismo judicial”, que se produce cuando los jueces extienden sus atribuciones más allá de las normas invocando principios jurídicos, lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. En este caso los tres ministros de la Tercera Sala y el abogado integrante sostienen una tesis jurídica contraria a lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución, que excluye cualquier recurso en contra de las sentencias del TC. Ellos se atribuyen, aunque sea sólo como una conjetura, atribuciones que no tienen, sobrepasando los límites de su competencia. Como señala el artículo 7° de la Constitución, en tal caso su decisión sería nula. Pero, ¿qué autoridad declararía esa nulidad de derecho público?

En ningún país la Corte Suprema puede revisar los fallos del Tribunal Constitucional. En algunos, ocurre lo contrario. Pretenderlo es, de hecho, alterar el marco de las competencias constitucionales. Si los Ministros quisieran cambiarlo debieran abrir un debate académico y de opinión pública, pero no utilizar una resolución judicial para plantear sus tesis.

El segundo motivo de preocupación es que sean precisamente ministros de la Corte Suprema los que sostengan la postura que hemos señalado. Si ella se transformara en jurisprudencia de ese tribunal, todas las Cortes de Apelaciones podrían seguir esa línea echando por tierra el control concentrado de constitucionalidad hoy en vigor. Actualmente los tribunales pueden plantear un recurso de inaplicabilidad respecto de un precepto que sea decisivo para resolver un caso  que están conociendo (artículo 93 N° 6 de la CP). Ese precepto perdería toda significación jurídica si esos mismos jueces pudieran no sólo resolver sobre la inaplicabilidad de un precepto legal, sino incluso rectificar una sentencia del TC al conocer de un recurso de protección en su contra, tratándose de Cortes de Apelaciones. Habríamos transitado del control concentrado de constitucionalidad al difuso sin una reforma constitucional, gracias a una decisión judicial.

Por último, la preocupación se origina, además, en que si se llegara a producir un verdadero conflicto entre la Corte Suprema y el TC, nuestro ordenamiento carece de una instancia con competencia para resolverlo. El Senado únicamente puede dirimir las contiendas de competencia entre los altos tribunales y la Administración. Sólo quedaría el juicio político en contra de los Ministros de la Corte que hubieran suscrito tal sentencia por notable abandono de deberes, que el Presidente los acusara para que la propia Corte declarara su mal comportamiento, lo cual depende de circunstancias políticas inciertas, o imputarles el delito de prevaricación. Cualquiera de estas vías no haría sino agravar el conflicto.

Resulta sorprendente que los jueces de la Tercera Sala hayan formulado los considerandos que han encendido la controversia sin ninguna necesidad, ya que en la misma sentencia rechazan el recurso planteado. Sería absurdo pensar que no advirtieron el paso que estaban dando. Puede ser que el debate suscitado, incluso dentro de la propia Corte Suprema, los haga recapacitar. No faltará algún abogado que busque provocar una sentencia que  produzca el choque de trenes. Por acendrada que sea su convicción jurídica de estar en lo correcto, es probable que al enfrentarse a un caso futuro busquen un camino de solución razonable.

El planteamiento de los Ministros ha puesto el dedo en la herida. A estas alturas los poderes colegisladores debieran tomar cartas en el asunto y zanjar el asunto mediante la única vía idónea: una reforma constitucional o una ley interpretativa de la Constitución, que señale explícitamente que tampoco cabe el recurso de protección en contra de los fallos del TC, ya que algunos consideran que no se trataría de un recurso propiamente tal sino de una acción constitucional. Esa debiera ser la ocasión de introducir los cambios al TC sobre los cuales hay un amplio consenso: disminuir el número de integrantes y elevar las exigencias para su nombramiento y eliminar el control preventivo obligatorio.

Lo señalado no significa desconocer el enorme aporte que la Corte Suprema, en especial su Tercera Sala,  ha dado en la tutela de los derechos humanos, sino subrayar la importancia de respetar las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución.

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