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Publicado el 12 abril, 2021

José Antonio Viera Gallo: Tormenta en el Tribunal

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Lamentablemente las públicas disputas entre los miembros del Tribunal Constitucional, sus graves acusaciones recíprocas llevadas incluso al ámbito de la justicia penal, el lenguaje descalificador para formular sus recriminaciones, han puesto en entredicho una institución útil para el buen funcionamiento de un Estado democrático moderno.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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Las inquietudes y los debates sobre los contenidos de la nueva Constitución han ocupado la atención de muchas personas. No sólo de los expertos en Derecho Público. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se calcula que 200.000 fueron los participantes en encuentros sobre el proceso constituyente, y desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 –en medio de la pandemia– se han multiplicado los debates vía internet. Los partidos políticos y los centros de estudios y universidades han dado a conocer sus opiniones.

Un tema aparece poco claro para muchos: el papel de la justicia constitucional y la existencia de un tribunal encargado de aplicarla, pese a que entre nosotros el Tribunal Constitucional se instauró en 1971 y luego de suspendido su funcionamiento durante la dictadura, volvió a funcionar hasta ahora. Su papel durante la UP fue relevante. Lamentablemente se declaró incompetente para resolver la controversia entre el Congreso y el Presidente sobre la promulgación del proyecto de reforma constitucional que establecía las tres áreas de la economía, dejando así un vacío que fue llenado por las armas. El Tribunal, luego del retorno a la democracia, ha tenidos dos etapas bien diferentes: antes y después de la reforma del 2005, que amplió su competencia, concentrando en esa instancia la mayor parte de las controversias constitucionales.

Se puede evaluar desde un punto de vista político y jurídico la jurisprudencia del Tribunal Constitucional llegando -como es natural– a apreciaciones diversas. Pero cualquier estudio objetivo no puede pasar por alto los aportes realizados a la interpretación y aplicación de la Constitución y, por tanto, al desarrollo de nuestra democracia. Un caso paradojal fue la exigencia que el TC designado por Pinochet hizo de una serie de normas que permitieron un plebiscito con garantías.

En estos 30 años ha habido fallos más controvertidos, pero eso suele ocurrir en todos los países por la naturaleza misma de la jurisdicción constitucional que se ubica en la intersección entre el derecho y la política. Muchas de esas controversias se pueden atribuir bien sea a la naturaleza de la actual Constitución, bien a la cultura jurídica imperante entre los miembros del tribunal. Pero también ha habido sentencias innovadoras que han abierto puertas a las libertades y al respeto a los derechos humanos, reafirmando el carácter pluralista del régimen político.

El Tribunal Constitucional es una institución poco conocida, a diferencia de lo que ocurre con los tres poderes clásicos del Estado. Por tanto, goza de poca legitimidad, lo que se manifiesta en cuanto el tribunal dicta una sentencia en una materia que ha apasionado a la opinión pública. Entonces, se agudiza el cuestionamiento al tribunal, a sus integrantes, e incluso se pone en tela de juicio su misma existencia debido a su carácter anti mayoritario. Efectivamente, está pensado como freno frente a los posibles excesos del legislador.

Cuando se entiende su origen en el pensamiento del gran jurista austriaco Hans Kelsen, cómo ha sido asumido por las principales democracias luego de la Segunda Guerra para evitar que la mayoría parlamentaria pueda vulnerar los principios, valores y normas de la Constitución, entre ellos los derechos humanos, como ocurrió en la Alemania nazi con las leyes racistas, se comprende su razón de ser: lograr que la Constitución sea una norma imperativa y no una simple declaración de buenas intenciones. De no existir, la función de sopesar el valor de la ley en relación con alguna norma constitucional la desempeñaría la Corte Suprema, como ocurre por ejemplo en los EE.UU. o Argentina o incluso –según la doctrina del control de convencionalidad establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– todos los jueces, que deberían atenerse al parecer de esa Corte al ejercer sus funciones; de no existir un Tribunal Constitucional, el control de la ley quedaría difuso, no desaparece.

Lo anterior ha llevado a que la opinión mayoritaria de los expertos se incline por la existencia de un Tribunal Constitucional con una competencia más acotada y una composición que asegure mejor la calidad profesional e independencia de sus integrantes. Se plantea la eliminación del control preventivo de las leyes que la Constitución actual considera como orgánico constitucionales, que le permite al Tribunal descartar por simple mayoría una norma aprobada por un alto quórum en el Parlamento. Esta atribución excesiva –cuando no se ha suscitado ninguna controversia constitucional entre los poderes colegisladores– está tomada de la Constitución francesa de 1958 en un esquema destinado a reforzar la autoridad del Presidente según el pensamiento del General De Gaulle.

Lamentablemente las públicas disputas entre los miembros del Tribunal Constitucional, sus graves acusaciones recíprocas llevadas incluso al ámbito de la justicia penal, el lenguaje descalificador para formular sus recriminaciones, han puesto en entredicho una institución útil para el buen funcionamiento de un Estado democrático moderno. ¿Cómo puede el ciudadano confiar en una institución que aparece hoy envuelta en pugnas que no guardan relación alguna con debates doctrinarios sobre el derecho, ni siquiera con orientaciones políticas? Ningún otro cuerpo colegiado del Estado se ha visto sacudido por una crisis semejante. Ni quienes, siguiendo a Carl Schmitt, postulan la desaparición del Tribunal Constitucional han logrado tanta audiencia en socavar el prestigio de esa institución, como los escándalos que sacuden al tribunal desde hace un tiempo. El Mercurio ha hablado de “preocupación e indignación” ciudadana.

Es probable que la tormenta no amaine hasta que algunos de sus protagonistas no dejen el Tribunal, lo que comenzará a ocurrir en los próximos meses, salvo que las investigaciones de los fiscales Chong y Armendáriz o los sumarios administrativos digan otra cosa. Lamentable situación en que se refleja agigantada la crisis de nuestro sistema político.

Es de esperar que la futura convención constitucional no se deje llevar por este desprestigio y tenga en cuenta la importancia de una justicia constitucional bien formulada para la vigencia efectiva de la nueva Constitución. Todo indica que será necesario contar con un nuevo Tribunal Constitucional, cuya orientación deberá estar en sintonía con ella. Al establecerlo habrá que tomar los resguardos necesarios para evitar en lo posible la ocurrencia de nuevas crisis como la actual.

Lo que está en juego es demasiado importante para el buen funcionamiento de la nueva Constitución, pues incumbe precisamente al órgano encargado de velar por su vigencia.

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