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Publicado el 27 de mayo, 2019

José Antonio Viera-Gallo: Preocupación municipal por la infancia

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Es fundamental que las autoridades locales participen activamente en sistemas de protección de la infancia en riesgo social y alerten tempranamente de los peligros de conductas potencialmente dañinas para los menores, sus familias y la sociedad, y contribuyan a prevenirlas.    

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El Instituto Nacional está paralizado por un grupo minoritario de estudiantes violentos, que amedrentan al resto de la comunidad escolar. Visten uniformes blancos y usan bombas molotov. La autoridad está sobrepasada. De poco sirve la reciente ley sobre aula segura. Es la más grave crisis vivida por el liceo símbolo de la educación pública.

Poco sabemos sobre sus motivos. Un experto en educación me decía ayer que el Gobierno debería crear una comisión para estudiar las causas verdaderas de la inquietud estudiantil, una vez realizadas parte importante de sus demandas y que el proceso de reforma está en marcha. Es preocupante ver la impunidad con que actúan grupos anarquistas ante la impotencia de quienes deberían velar por los derechos y deberes propios de la convivencia escolar.

Si observamos las encuestas sobre inicio precoz en el consumo de drogas y participación de los menores en actividades delictuales, tenemos que concluir que un número significativo de niños y niñas viven en situaciones de riesgo social, en familias disfuncionales, y con peligro de sufrir todo tipo de abusos. Algunos buscan escape en las drogas y el alcohol, en las pandillas violentas o, directamente, en la participación en algún eslabón del crimen organizado.

En este panorama un tanto desolador, resulta estimulante la iniciativa del Alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres, socialista, quien ha planteado la dictación de una ordenanza municipal para proteger a los menores, coordinando todos los servicios públicos que se ocupan del tema tal como lo establece perentoriamente la  Constitución Política. Su iniciativa ha colocado sobre la mesa de discusión el tema de la infancia. Si bien el enfoque de la ordenanza es global, su punto focal son los niños menores de 14 años  que circulan a altas horas de la noche por calles y plazas sin la compañía de un adulto responsable de su cuidado.

Este punto es el que ha llamado la atención de los medios. Mientras la aceptación de la medida pareciera ser inmensamente mayoritaria entre los vecinos de Quilpué, algunos creadores de opinión se han mostrado reticentes y críticos. Por su parte, el Alcalde Joaquín Lavín se ha sumado a la propuesta y otro tanto ha hecho el Municipio de Barrenechea, con la voluntad de coordinar sus acciones. La idea es efectuar una consulta ciudadana el próximo 23 de junio sobre las principales medidas que los Municipios pueden adoptar frente a la circulación de menores de 14 años después de las 12 de la noche sin una compañía que los proteja.

Las críticas han sido de dos tipos: en primer lugar se ha sostenido que la medida atentaría contra libertades constitucionales, y en segundo lugar, que la mayor atención se ha puesto en una medida restrictiva dejando de lado un enfoque más integral de los problemas que afectan a la infancia. Algunos medios hablaron de “toque de queda” para los niños, con lo cual evocaron tiempos oscuros de la dictadura.

La iniciativa siguiendo la Convención de Derechos del Niño, busca proteger a los menores de 14 años, evitando que se expongan a situaciones de mayor peligro en medio de la noche. Nada justifica que permanezcan solos en espacios públicos, lejos del cuidado al que tienen derecho. Labor municipal será, entonces, devolverlos a sus padres o tutores y verificar cual es el estado social de la familia para ir en su ayuda; saber si frecuentan una escuela y cuál es su comportamiento y rendimiento. Así se resguarda “el interés superior del niño”, principio rector de la Convención. Existen diversas leyes que habilitan a los Municipios a dictar este tipo de normas.

La preocupación de los Municipios señalados por los problemas de la infancia contrasta con la impotencia que demuestran otras autoridades frente a la violencia estudiantil. Es fundamental que las autoridades locales participen activamente en sistemas de protección de la infancia en riesgo social y alerten tempranamente de los peligros de conductas potencialmente dañinas para los menores, sus familias y la sociedad, y contribuyan a prevenirlas.    

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