¿Qué duda cabe que la situación que vive el país es grave? No sabemos cuándo terminará la emergencia sanitaria. Todo pareciera indicar que tendremos un invierno difícil. Vivimos una larga cuarentena no prevista, amenazada por las noticias de posibles rebrotes del contagio. El sentimiento predominante es la incertidumbre.

Desde el llamado “estallido social” hasta ahora, las perspectivas han ido permanentemente a la baja. La promesa del desarrollo se ha alejado y millones se ven amenazados por la pérdida del empleo e incluso la carencia de bienes básicos. En tales condiciones sería de toda lógica que las principales fuerzas políticas lograran un entendimiento básico sobre la forma de enfrentar la peste, la emergencia social y la recuperación económica, tareas que ocuparán lo que resta del mandato del presidente Piñera y comprometerán el del futuro presidente.

Sin embargo, cada vez que relevantes actores de la vida política proponen un pacto social, surgen las voces críticas: unos apelan al mandato original del actual Gobierno y se apresuran a colocar vetos a ciertos sectores de la oposición; en el bando opuesto sostienen que no se trata de volver a la normalidad anterior al 18 de octubre y descalifican por adelantado un eventual llamado presidencial. Todavía prima el cálculo, la sospecha, el prejuicio y el choque de intereses, sobre todo frente a un año electoral. No hay una conciencia plena de la magnitud de la crisis.

Si bien la posibilidad de un pacto social como el propuesto por Insulza y Desbordes se ve lejana, el país necesita entendimiento. Tal vez más que algo similar a los acuerdos de la Moncloa durante la transición española, como ha evocado Ricardo Lagos, lo que sí es posible alcanzar son sucesivos consensos sobre los principales desafíos del país.

En el gabinete predomina un espíritu colaborativo con la emergencia de una nueva generación menos tributaria de los conflictos del pasado. En la oposición no termina de consolidarse un espíritu constructivo, como lo ha auspiciado Michelle Bachelet. Sin embargo, el hecho que se hayan apoyado prácticamente todas las propuestas legislativas del Gobierno para enfrentar la pandemia es un buen precedente.

En el enfrentamiento de la pandemia ha primado un espíritu colaborativo, que se expresa en las diversas instancias de participación científica y gremial. Las polémicas habidas hasta ahora han sido menores, en comparación con lo ocurrido en otros países. Los desaciertos y errores gubernamentales han sido rápidamente corregidos. Si se persiste en ese camino, no debieran producirse desencuentros en materia de salud pública.

Los retos a los actores políticos están en otra parte.

El primer desafío será concordar cuánto y cómo debe gastar el Estado para hacer frente a la peste y sus consecuencias sociales y económicas. Este tema ocupará el debate público desde ahora hasta septiembre. Ya han desaparecido los prejuicios ideológicos: ha vuelto Lord Keynes, el gran economista que propugnó la intervención estatal para hacer frente a los desequilibrios del mercado y las crisis del capitalismo, aumentando el gasto público para apoyar el consumo.

Este tema se hará presente en el debate del Presupuesto del próximo año. El ministro Briones ha imaginado un “Presupuesto Cero”, es decir, que sea construido no a partir de la herencia de partidas y gastos de años anteriores, sino de una suerte de hoja en blanco, priorizando las necesidades más urgentes y eliminando los gastos superfluos o ineficientes. No será fácil lograrlo. Existen, sin embargo, mecanismos institucionales suficientes para esperar que se alcance un acuerdo, como ha venido ocurriendo todos los años.

En marcha la reforma de las policías, debieran los partidos políticos desalentar el recurso a la violencia que ha acompañado las protestas sociales. No se trata de que concuerden sobre su contenido, oportunidad o forma de darles respuesta, sino que se favorezca un clima en que ellas se expresen dentro de los marcos de la ley.

El otro punto crucial se refiere a la oportunidad del plebiscito que puede abrir paso a un proceso constituyente. Todo indica la conveniencia de mantener la fecha de octubre, como indican en una reciente publicación Francisco Zúñiga y Víctor Manuel Avilés, uno favorable al apruebo y el otro al rechazo (¿Pensamos tan distinto? Uqbar Editores, 2020, puede escuchar una entrevista a ambos autores en La Mirada Líbero en Agricultura aquí).

Más allá de la retórica, hay que entender que la insistencia del presidente Piñera en la unidad nacional no se refiere a un pacto político formal con la oposición, ni a una alteración de la base de sustentación de su gobierno, como ocurrió cuando Jorge Alesandri llamó al Partido Radical a ingresar al gabinete en 1961, sino a que predomine un espíritu favorable a lograr distintos e importantes acuerdos de aquí hasta el final de su período. A él le corresponde en primer lugar pasar la hoja de la polémica inconducente y la descalificación abriendo paso a un nuevo clima político.

En esta oportunidad parece aconsejable avanzar paso a paso.