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Publicado el 20 de julio, 2020

José Antonio Viera-Gallo: Obcecación

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Lo importante es despejar el clima de pesimismo y desazón imperante. Hay que aprovechar las fortalezas del país, mirar con realismo los problemas, y levantar un conjunto de tareas nacionales capaces de achicar la brecha entre las distintas fuerzas políticas y restablecer el contacto con la ciudadanía. El país no comenzó ni termina con las AFP.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.

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Cuesta entender la reacción del Gobierno frente al proyecto de retiro del 10% de los ahorros de las AFP, sabiendo el respaldo popular de la iniciativa –incluso del 65% de su electorado según Cadem– y la mayoría opositora en el Congreso. Todo hacía prever que ocurriría lo que efectivamente está pasando: el proyecto sería aprobado, la coalición de Gobierno se desgranaría, la centro izquierda se uniría y la gente celebraría el avance de la propuesta.

Si uno lee la prensa, queda abrumado por el pesimismo reinante. Trasunta un diagnóstico catastrófico del país y su futuro próximo: reinaría el populismo, desprecio de los políticos por los expertos, lucha de clases dentro de la derecha, comité político incapaz de conducir, derrota de las ideas, achicar la coalición con los puros leales, inseguridad para la inversión, suma y sigue.

Más allá del mérito del proyecto en sí –varios países contemplan normas similares o las están estudiando– resulta incomprensible que el Gobierno se haya encajonado de esta manera. No podía ganar: si la oposición no hubiera alcanzado el quórum necesario para aprobar el proyecto, entonces se habría profundizado la grieta con la mayoría ciudadana. ¿Por qué hizo de este tema la “madre de las batallas”, sabiendo que probablemente la perdería?

La respuesta, según algunos analistas internacionales -The Nation y The Economist–, se encontraría en una fractura social entre la mayoría de la elite de la derecha, especialmente la que ocupa altos cargos de Gobierno, y la sociedad. Esos dirigentes vivirían en una suerte de burbuja, que los llevaría a mirar en forma sesgada la realidad. Y ello los enclaustraría en una intransigente “defensa del modelo”.

El despertar fue un remezón fuerte. La votación en la Cámara mostró que el Gobierno –como dice The Economist– llegó tarde y mal con el apoyo a la población que se ve afectada en sus ingresos y perspectivas de trabajo por la pandemia, e hizo evidente la incongruencia de un sistema de pensiones que, de los 10 millones de afiliados, más de la mitad no alcanza a tener una jubilación mínima si no fuera por la pensión solidaria, y un porcentaje altísimo del resto tampoco logra lo que se le prometió.

Pero la causa del desconcierto es más profunda. Nace de un cambio de paradigma. Michael Albert en la década del 90 contraponía dos modelos de capitalismo[1]: el anglosajón basado en el individualismo y beneficio financiero a corto plazo, por una parte, y el Alemán, más abierto al progreso colectivo, la solidaridad y el enfoque de largo plazo. Hoy es aún más complejo el cuadro con el capitalismo autoritario de corte asiático y el resurgimiento de movimientos nacionalistas de corte populista. Lo que parece evidente es que el péndulo en el país se inclina en favor de un sistema más solidario. Los partidarios de uno u otro modelo deben tomar conciencia de las limitaciones e insuficiencias que ambos tienen para hacer frente a los desafíos del futuro. En política la realidad es un cedazo infranqueable para los dogmatismos.

Frente a la coyuntura actual, hay dos actitudes posibles: soslayar el problema poniéndolo en sus reales dimensiones u obstinarse persistiendo en el enfrentamiento. Ante una nueva derrota esta vez en el Senado, algunos como el ex ministro Larraín insisten que el Presidente debería ir al Tribunal Constitucional alegando que el proyecto no cumplió con el quórum de votación y que sería una suerte de “elusión constitucional” o vetarlo; en tal caso, el Congreso requeriría 2/3 para imponer su voluntad. Sólo les falta, si ello ocurriera, aconsejar al Presidente que convocara un plebiscito.

Otros –como Pablo Ortúzar– se inclinan porque el Gobierno acepte su derrota, aminore sus efectos y levante una agenda alternativa de reformas posibles de aquí hasta el final de su mandato, poniendo el foco en otros asuntos sin descuidar el alza de las pensiones.

Por su parte, el regocijo opositor puede ser pasajero. Confluyeron esta vez las voluntades para responder a una demanda social y propiciar una derrota al Gobierno. Pero estamos lejos todavía de alcanzar una convergencia programática sustantiva capaz de sustentar una alternativa política para la próxima campaña presidencial y poder asumir la conducción del país.

Lo importante es despejar el clima de pesimismo y desazón imperante. Hay que aprovechar las fortalezas del país, mirar con realismo los problemas, y levantar un conjunto de tareas nacionales capaces de achicar la brecha entre las distintas fuerzas políticas y restablecer el contacto con la ciudadanía. El país no comenzó ni termina con las AFP.

Mientras la gente enfrenta con coraje, imaginación y solidaridad la emergencia, demanda mayor responsabilidad de sus gobernantes y representantes.

[1] Michael Albert, Capitalismo contra capitalismo, Paidós 1992

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