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Publicado el 01 de abril, 2019

José Antonio Viera-Gallo: Narcos

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Hay que cambiar el enfoque. El narcotráfico debe ser un punto central en las políticas públicas que inciden en la seguridad.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El título de esta columna no se refiere a la famosa serie de Netflix. Ni a Pablo Escobar o el Chapo Guzmán.

Ojeando twitter me encuentro con la filmación del entierro de un narco en la comuna de La Granja. Lo sorprendente es el despliegue de fuegos artificiales y disparos al aire de los vecinos: una verdadera fiesta popular, donde abundan los gritos de “no se va, no se va”. Recuerdo que, días atrás, en el directorio de Chile Transparente vimos las grabaciones audiovisuales de la algarabía que se produce en otra población santiaguina cuando llega la droga. Un amigo me dice que sucede lo mismo en Peñalolén alto y la Legua.

Esas filmaciones nos recuerdan que el narcotráfico se ha instalado en sectores importantes de los centros urbanos, logrando un significativo apoyo de la gente gracias al “chorreo” de sus enormes ganancias. Esto no sólo sucede en Santiago. Cuando fui parlamentario por la Región del Bío Bío vi algo semejante en poblaciones de Talcahuano. Mientras los grupos dirigentes discuten temas a veces relevantes y a veces muy secundarios, hace años el narcotráfico va penetrando la sociedad con su reguero de corrupción, delitos e inseguridad.

Las autoridades locales se muestran impotentes. No me refiero sólo a los alcaldes, sino a la red de funcionarios municipales y a la policía, que se sienten constreñidos a convivir con una realidad que los supera en poder, astucia y contactos. En varios casos esos funcionarios públicos llegan a un tipo de entendimiento tácito con los narcos, limitando su acción represiva si ellos se comprometen a no expandir su radio de acción. Pero resulta evidente que esta conducta erosiona la legitimidad de las autoridades, disminuye la confianza ciudadana en el imperio de la ley y favorece la percepción de que en el país reina la corrupción y el desamparo.

Según datos de la ONU Chile es el 8° país del mundo en consumo per cápita de cocaína (1.73 por ciento en personas entre 16 y 64 años).

No se trata sólo de lo que ocurre a nivel local. La otra cara de la medalla es el lavado de dinero y el uso del libre comercio para enviar los cargamentos de droga en nuestras exportaciones, aprovechando del buen nombre de Chile. Esa droga proviene de países productores vecinos o no tan cercanos y se filtra de mil maneras a través de pasos fronterizos controlados y de otros ilegales. Esa droga –como ha ocurrido en Argentina– tiende a ser elaborada en el país con métodos a veces artesanales y a veces más industriales, para luego ser enviada al extranjero. Pero para ese circuito funcione los narcos deben marcar un territorio en Chile, obtener impunidad para sus santuarios y crear una red de contactos a todo nivel. Su estrategia, hasta ahora, es pasar desapercibidos, aprovechando la ocasión para colocar droga en el mercado interno, cada vez con mayor poder adquisitivo. Llegado el momento, están preparados para resistir mediante el uso de poder de fuego como ocurre en otros países de la región.

También hay que analizar qué sucede con los decomisos de droga. ¿Esas sustancias son destruidas efectivamente? ¿No existe un evidente peligro que su custodia pueda dar origen a que se filtre y vuelva a circular clandestinamente?

Se echan de menos planes más efectivos para despertar la conciencia de riesgo y mostrar los daños a la salud que trae consigo el consumo de estupefacientes y el efecto dañino hacia la sociedad al fomentar la corrupción y la ilegalidad.

La discusión sobre el consumo legal de la marihuana y su cultivo personal parece un cuento de hadas en medio del infierno. El Gobierno y el Parlamento deberían dedicar sus esfuerzos a ver el problema en su conjunto y evaluar la aplicación de la ley de drogas y la experiencia de países donde se ha legalizado la marihuana como Uruguay, para diseñar políticas más eficaces y volver a alertar a la población del peligro en que vive. Las encuestas muestran un aumento del consumo de todo tipo de drogas por parte de la población y principalmente los estudiantes y jóvenes en general. Según datos de la ONU Chile es el 8° país del mundo en consumo per cápita de cocaína (1.73 por ciento en personas entre 16 y 64 años). Se echan de menos planes más efectivos para despertar la conciencia de riesgo y mostrar los daños a la salud que trae consigo el consumo de estupefacientes y el efecto dañino hacia la sociedad al fomentar la corrupción y la ilegalidad. ¿Hace cuanto tiempo que no vemos una campaña pública contra las drogas?

Entre nosotros el consumo no está sancionado, salvo en las FF.AA. y Policías o que sea en la vía pública o previo concierto. Esta última hipótesis no tiene aplicación práctica. Para evitar que los consumidores detenidos por consumo en los espacios públicos pasen por la justicia penal, esas faltas deberían ser conocidas por los Jueces de Policía Local o los tribunales de droga donde existen. A ellos deberían ofrecerse más oportunidades de rehabilitación.

En tiempos en que José Miguel Insulza estaba a la cabeza de la OEA se emitió un documento interesante donde se sopesaban los pros y los contras de las políticas seguidas en la región, y se proponían alternativas a la “guerra contra las drogas”. Podría servir como punto de partida para una reflexión urgente. Nadie tiene la solución a la mano, y poco se saca con recurrir a esquemas ideológicos para sostener que una liberalización completa haría caer los precios y, por tanto, desincentivaría el negocio, como si la salud pública pudiera depender básicamente de las oscilaciones del mercado y el Estado no tuviera responsabilidad alguna en cuidarla y proteger a los ciudadanos, principalmente a los menores y los más desvalidos, que son tentados por el crimen organizado. Poco sirve el control de identidad de menores burreros si la policía no los puede registrar para evidenciar el delito.

Hay que cambiar el enfoque. El narcotráfico debe ser un punto central en las políticas públicas que inciden en la seguridad.

FOTO: ALEX DIAZ DIAZ/AGENCIAUNO

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