La Convención ha entrado en tierra derecha. Ha quedado atrás la etapa en que el esfuerzo estuvo concentrado en dictar sus reglamentos de funcionamiento y en que sus miembros aprovecharon para conocerse, dar a conocer sus aspiraciones y las de sus electores, provenientes de distintas experiencias, lugares, e incluso etnias.

Ahora aparecen en toda su magnitud los desafíos que la Convención tiene por delante para elaborar una nueva Constitución. Diversos grupos de convencionales han planteado propuestas de artículos sobre los principales capítulos y los miembros de la academia que siguen con particular atención el desarrollo de los debates, prestan colaboración y hacen llegar sus planteamientos.

Se inicia ahora la discusión más interesante y decisiva que debiera terminar con un acuerdo ampliamente mayoritario de 2/3. Se superaría así el tipo de equilibrio político surgido de la transición a la democracia dando paso a una nueva etapa de nuestro desarrollo político, que bien podría ser calificada de IV República.

El primer desafío se refiere a la definición del nuevo Estado, donde hay dos temas de alta relevancia.

El primero se refiere a la forma en que serán reconocidos los pueblos originarios y sus derechos, a partir del avance del derecho internacional sobre la materia. Surge así la disyuntiva entre hablar de multiculturalidad o plurinacionalidad. Más allá del nombre, lo fundamental es que en el texto queden plasmadas las premisas de la convivencia entre diversos pueblos en un mismo Estado. Como cada uno representa historias y características diversas, tendrá que haber normas comunes y dejar a las nuevas autoridades la tarea de establecer el diálogo con los representantes indígenas, los principios y mecanismo para un trato jurídico y políticamente distinto. Efectivamente, por ejemplo, una realidad es la del pueblo Rapa Nui y otra bien diferente la del pueblo Mapuche.

La Constitución debe marcar un inicio y no pretender plasmar una definición inamovible y rígida.

Otro desafío del nuevo Estado dice relación con la autonomía de sus regiones, que dio un paso adelante con la elección de los Gobernadores. Se puede concebir un Estado unitario con grados importantes de regionalización. Habrá que precisar los ámbitos de competencia de las diversas autoridades y perfilar mejor el poder regional, hoy aparece bicéfalo y débil. Junto con la mayor autonomía, se debería resguardar la disciplina fiscal de carácter nacional.

Mayor consenso existe en otros puntos generales, como el compromiso del Estado con el medio ambiente. Además de un principio general de resguardo que compromete al Estado y a las personas, que puede ser detallado sin caer en enumeraciones exhaustivas, se debe formular mejor el derecho a vivir en un ambiente saludable y la mejor forma para resguardar ese derecho y reclamarlo ante la judicatura.

En lo referente a los derechos humanos, el punto de avance está en los de carácter económico, social y cultural (DESC), que el Estado debe reconocer y proteger, siguiendo pautas de derecho internacional, como el recientemente ratificado Protocolo de San Salvador. Esta tarea tiene una dimensión propia de las políticas públicas, las que están sometidas a evaluación de diversas instancias internacionales y la forma en que las personas que se sienten afectadas pueden reclamarlos antelas autoridades y la Magistratura.

Chile acaba de ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de prestaciones defectuosas de salud y por el no pago de la deuda histórica de un grupo de profesores. Ambas sentencias deberían ser analizadas al momento de determinar la manera de reclamar el cumplimiento de os DESC, hoy cubiertos en parte por el recurso de protección y por diversos recursos legales.

En esta materia es importante determinar qué se puede demandar, teniendo en consideración que muchos aspectos de la realización de estos derechos dependen de la disponibilidad de recursos fiscales y el nivel de desarrollo del país. Junto con ello cabría establecer un deber del Estado de remover los obstáculos que existan para la realización de los DESC, como lo contemplaba un artículo en la reforma constitucional de 1971.

En materia de régimen político existen ya varias propuestas sobre la mesa, que coinciden en el sistema presidencial, pero difieren en el papel atribuido al Congreso en la formación del gobierno. Este punto es definitorio. Por una serie de razones que he expuesto en otras columnas, no estimo conveniente hacer depender a los ministros o a un eventual jefe de gabinete de la aprobación del Parlamento, institución propia del parlamentarismo o de regímenes semi presidenciales. No las voy a repetir. Pero creo que se podría explorar la conveniencia de crear la figura de un primer ministro dependiente del jefe del Estado, que tuviera a su cargo el manejo diario del Gobierno pudiendo realizar nombramientos de los directores de los servicios públicos y dictar decretos y resoluciones. Como contrapartida los parlamentarios podrían ser nombraos ministros sin perder el cargo.

Una materia a la cual hay que prestar especial atención son los casos en que se pueda recurrir al pueblo para zanjar un diferendo importante entre las autoridades por la vía del plebiscito, hipótesis prácticamente bloqueada en la actual Constitución. Habría que articular esta atribución presidencial con la rebaja del quórum para que el Congreso insista en su criterio una vez rechazado un veto.

También deberían ser considerados los referéndums aprobatorios de ley, promovidos por un alto número de firmas de ciudadanos, lo que es un incentivo para que los poderes colegisladores actúen con responsabilidad. Esta institución existe en Italia y Uruguay con buenos resultados. Un buen efecto produce en la propia Convención el plebiscito de salida obligatorio para ratificar su propuesta de Constitución.

Por último, es probable que dados el incremento de los principios constitucionales y de los derechos de las personas, así como la mayor complejidad del aparato institucional, se expanda el ara de la autonomía constitucional donde hoy se encuentran entre otros el Banco Central, la Contraloría y el Servicio Electoral. Habría que resguardar su autonomía frente a intervenciones indebidas del Poder Ejecutivo y de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Se ha planteado la creación de nuevos organismos públicos autónomos como el Defensor del Pueblo, un ente encargado de la seguridad social, la Defensoría Penal Pública, etc. También sería oportuno que se resolviera el nivel jurídico de la autonomía de las universidades públicas, materia sobre la cual existen diversas posiciones.

Sobre la judicatura, los puntos en discusión son la subsistencia del Tribunal Constitucional o el traspaso de sus atribuciones a la Corte Suprema, y la conveniencia de establecer un organismo encargado de la parte administrativa del manejo del Poder Judicial, concentrando a la Corte Suprema en tareas propiamente jurisdiccionales.

Personalmente soy favorable a la mantención del Tribunal Constitucional, reduciendo el número de integrantes a una cifra impar, revisando su sistema de nombramiento y terminando con el control preventivo de las leyes. Volver al sistema anterior a la década del 70 en que los recursos de inaplicabilidad eran de competencia de la Corte Suprema, me parece riesgoso al involucrar ese alto tribunal en materias que frecuentemente tienen una dimensión política que polariza a la opinión pública.

Dejo para otra oportunidad una reflexión sobre las normas constitucionales que indicen directamente en la actividad económica y el funcionamiento del mercado.

Como se puede apreciar, la tarea de la Convención es exigente y el tiempo apremia. Los convencionales deberían concentrarse en estas y otras materias, dejando de lado otras actividades que pueden distraer su atención y pueden proyectar una imagen distorsionada de su verdadero esfuerzo.

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