La atención política ha vuelto a recaer en el Parlamento: allí se centra la discusión sobre la forma en que podría continuar el proceso constituyente, el debate sobre dos de las principales reformas comprometidas por el actual gobierno -la tributaria y la del régimen previsional-, la autorización para renovar el estado de emergencia en la macro zona sur, la conveniencia de contar con un Ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad pública y otras iniciativas legales sobre la materia, y el listado podría continuar.

La discusión sobre la Presidencia de la Cámara de Diputados refleja los posibles alineamientos futuros de las fuerzas políticas. Si bien se trata de acuerdos de administración, la forma en que termine resolviéndose el asunto indicará posibles alianzas futuras.

Los principales estudios sobre el sistema político chileno desde el clásico ensayo de Federico Gil en 1966 concluyen que el Congreso chileno es un ente dotado de amplias facultades, con un peso específico en un régimen fuertemente presidencial. Los estudiosos se sorprenden al constatar que un esquema de presidencialismo de coalición, basado en el multipartidismo, haya funcionado por décadas en las más diversas circunstancias, contradiciendo las teorías que advierten sobre la posibilidad de un bloqueo al no contar el Presidente con mayoría parlamentaria. Como sabemos, el desencuentro catastrófico ha ocurrido en dos ocasiones: 1891 y 1973. Lo que no significa que no haya habido tensiones y crisis.

La cultura política chilena se ha formado en torno a un doble parámetro institucional: la existencia de un Presidente fuerte que como Jefe de Estado representa, simbólicamente, la unidad de la nación, y un Parlamento poderoso que le sirve de contrapeso, donde se expresa el pluralismo social y político. Los cambios legislativos requieren de la concurrencia de ambos poderes; lo mismo ocurre con el nombramiento de importantes cargos de autoridad en órganos del Estado. 

La idea de un Ejecutivo que cuente con mayoría en ambas cámaras -como algunos auspician- es ajena a nuestra experiencia política. No se puede excluir, pero tampoco se buscar a toda costa. Ella encierra la posibilidad de una hegemonía sin contrapeso por parte del Presidente, lo que genera desconfianza en una sociedad dinámica y plural. 

La alta tasa de reelección de los parlamentarios y la continuidad de su permanencia en las comisiones más significativas pueden ser indicadores de la importancia del Congreso: un senador reelecto debe tratar con 4 gobiernos diferentes durante su mandato. Estos factores, junto con la carrera de los funcionarios del Parlamento, le confieren a eta institución profesionalización y capacidad técnica. 

Se ha creado una situación que dificulta el funcionamiento del Parlamento.

Los estudios revelan que durante los dos primeros gobiernos democráticos encabezados por Aylwin y Frei Ruiz-Tagle casi los 2/3 de las iniciativas legislativas del Ejecutivo se convirtieron en leyes, pese a no contar con mayoría parlamentaria. Esta situación se fue deteriorando a medida que la Concertación se fue resquebrajando y que la centroderecha mantuvo su oposición a ciertos cambios impostergables. También las bancadas parlamentarias fueron perdiendo su capacidad de actuar en forma unida. 

El cambio del sistema electoral hacia uno de carácter proporcional sin adecuados contrapesos -así como la facilidad para formar partidos políticos con respaldo financiero estatal-, favorecieron la dispersión política: hoy tenemos 22 partidos en la Cámara de Diputados, más los conglomerados en formación. Se ha creado una situación que dificulta el funcionamiento del Parlamento. Al final del anterior gobierno se llegó a hablar de un parlamentarismo impropio.

La cultura política existente explica el rechazo que produjo en la Convención el intento de introducir el régimen parlamentario o semi presidencial, así como la polémica suscitada cuando se propuso transformar el Senado en una cámara regional con facultades menguadas. Nadie hubiera imaginado que uno de los temas más debatidos fue la existencia de un parlamento bicameral y, una vez zanjado el asunto, las atribuciones de cada una de sus ramas siguiendo un esquema asimétrico.

Una cosa es el apego a la existencia de ciertas instituciones políticas; otra muy diferente el juicio que se tenga sobre el desempeño de sus integrantes. 

Con el estallido social la atención de los ciudadanos estuvo centrada en las calles y en la reacción del Gobierno para mantener el orden público; con la pandemia, el foco se trasladó exclusivamente a la acción de la autoridad de salud; luego, la elección de la Convención Constitucional la gente estuvo pendiente de sus debates y decisiones hasta el triunfo del Rechazo en el plebiscito. 

Todos los sondeos de opinión nos muestran que la ciudadanía valora el entendimiento político. Y ello hoy está en juego en el Congreso.

Ahora el Congreso ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde, como sede del debate legislativo y órgano fiscalizador del Gobierno.

Las reformas constitucionales del 2005 fortalecieron las facultades del Congreso, tanto en el plano legislativo como especialmente en el de la fiscalización de los actos del Gobierno. Los principales cambios fueron: a) acortamiento del mandato presidencial a cuatro años sin reelección; b) regulación por primera vez en nuestra historia constitucional de las comisiones investigadoras, las que pueden ser constituidas por la minoría; c) introducción de la interpelación a los Ministros en la Cámara de Diputados, por iniciativa también de la minoría; d) mayores facultades del Congreso en la tramitación de los tratados internacionales; e) creciente número de autoridades que requieren aprobación del Senado para su nombramiento. Luego se modificó la ley del Congreso ampliando los plazos de las urgencias y dotando de mayor eficacia para la petición de información gubernamental por parte de los parlamentarios.

Hoy se advierte la necesidad de reequilibrar aún más la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, manteniendo el régimen presidencial con un Congreso bicameral. El cambio más relevante sería reducir los cuórum supra mayoritarios actualmente existentes para aprobar ciertas leyes. Así se restablecería la plena vigencia del principio de mayoría y se superaría el esquema de una democracia consensuada (Liphart) surgida de la transición. Igual reducción debería tener el quórum de insistencia de los parlamentarios frente a un veto del Ejecutivo para imponer su voluntad. También debería exigirse la aprobación del Congreso para que el Presidente pudiera denunciar un tratado internacional. 

Deben revisarse, asimismo, las leyes que establecen el sistema electoral y regulan los partidos políticos, para restablecer una adecuada representación ciudadana a través de amplias corrientes de opinión.

En el intertanto el Congreso debe pronunciarse sobre una nutrida y sustancial agenda de cambios constitucionales y legales. Las miradas se dirigen hacia el hemiciclo. Todos los sondeos de opinión nos muestran que la ciudadanía valora el entendimiento político. Y ello hoy está en juego en el Congreso.

*José Antonio Viera-Gallo es abogado y ex ministro.

José Antonio Viera Gallo

Abogado. Exministro de Estado

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