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Publicado el 01 de octubre, 2018

José Antonio Viera-Gallo: Los desafíos del gobierno

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Es de esperar que los desafíos ambientales no sufran la misma postergación que tuvieron los temas indígenas, y que tengamos un cronograma claro, aunque sea gradual, para que la imagen internacional de Chile comprometido con el cuidado del planeta corresponda a la realidad.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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Se sabe que gobernar no es tarea sencilla. Más todavía en tiempos de incertidumbre proclives a soluciones autoritarias o precipitadas, que pueden favorecer el populismo. Ante las demandas y desafíos de una sociedad fragmentada con difusos y débiles mecanismos de integración, no resulta fácil articular una propuesta de gobierno coherente. The Economist acaba de poner paños fríos a la promesa de Sebastián Piñera de que Chile puede alcanzar el desarrollo a corto plazo. Las ventas del comercio, los índices de ocupación y el monto de los proyectos de inversión a futuro así parecieran confirmarlo.

 

El Gobierno, sin embargo, ha vuelto a controlar la agenda pública mediante el proyecto de reforma tributaria y el presupuesto del 2019. También se ha mostrado capaz de articular una actitud unitaria y responsable ante el fallo de la Corte de La Haya. Un punto a su favor ha sido, además, la propuesta de un nuevo y mayor impulso a un desarrollo integrado de la Araucanía, que en general ha sido bien recibida por diversos sectores.

 

Esta última iniciativa marca un giro significativo en el enfoque tradicional de la centroderecha frente a las demandas mapuches. Un primer atisbo fue una propuesta elaborada bajo el patrocinio del entonces senador Alberto Espina. Pero hay que reconocer la capacidad del ministro Moreno para elaborar un plan que otorga prioridad a las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios, reconocidas en el Informe sobre Verdad Histórica elaborado durante el gobierno de Ricardo Lagos, y luego recogidas en diversas propuestas durante los gobiernos de Michelle Bachelet. Resulta destacable que el plan de Gobierno en materia indígena sea presentado como una propuesta abierta al diálogo. Algunas de sus medidas, efectivamente, deberán ser sometidas a consulta según el Convenio 169 de la OIT. También fue positivo el lenguaje empleado por el Presidente cuando habló de “ocupación de la Araucanía”, de donde deriva la deuda histórica con el Pueblo Mapuche.

 

Cuando estuve a cargo del tema durante los últimos meses del primer gobierno de Michelle Bachelet, concluí con la convicción de que era necesario modernizar la institucionalidad estatal del sector (Conadi), establecer un catastro fiel de la superposición de títulos de dominio sobre las tierras, modificar los mecanismos de asignación de las mismas para evitar compadrazgos y corrupción, y abrir nuevos canales de participación política de las comunidades. De ahí surgió la propuesta de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y transformar la Conadi en una agencia de desarrollo. Simultáneamente, se proponían mecanismos de participación indígena a través de Consejos y un adecuado reconocimiento constitucional de su existencia y derechos.

 

Inexplicablemente pasaron dos gobiernos sin que esas ideas, hoy recogidas por el Plan Araucanía, fueran implementadas. Durante casi una década se marcó el paso. No se priorizó el tema, ni se destinaron los recursos necesarios para realizar esas iniciativas. Hoy se ha dado un paso significativo que permite un nuevo comienzo para enfrentar el principal desafío interno que tiene la sociedad chilena.

 

Pero el Gobierno se ha topado con otro escollo en su camino: el tema medioambiental. La crisis endémica de Quinteros es un botón de muestra. La OMS publicó un informe donde aparece que 23 ciudades presentan altos índices de contaminación que afecta la salud de sus habitantes, entre ellas Santiago, Temuco y Coyhaique, la peor de América Latina. La situación de Quinteros parece escapársele de las manos. Preocupado, el Presidente prometió resolverla en su discurso ante la ONU, pero lamentablemente, en forma intempestiva, Chile no firmó el Acuerdo de Escazú sobre estándares ecológicos en América Latina, iniciativa en cuya elaboración participó activamente desde el primer gobierno de Sebastián Piñera y a cuya firma invitaba junto con el gobierno de Costa Rica. No se sumó a los principales países de la región: México, Brasil, Argentina y Perú, entre otros.

 

Es de esperar que los desafíos ambientales no sufran la misma postergación que tuvieron los temas indígenas, y que tengamos un cronograma claro, aunque sea gradual, para que la imagen internacional de Chile comprometido con el cuidado del planeta corresponda a la realidad. Nadie niega la importancia del crecimiento económico, pero nadie tampoco está dispuesto a que no sea ecológicamente sustentable en el tiempo.

 

Transcurridos poco más de seis meses en la Moneda, el Gobierno parece necesitado de una reflexión sobre los múltiples temas que están sobre la mesa, y replantear su proyecto al país para facilitar un diálogo amplio con los diversos actores sociales y políticos.

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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