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Publicado el 28 septiembre, 2020

José Antonio Viera-Gallo: La segunda pregunta

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Si el Acuerdo del 15 de noviembre decidió que un órgano nuevo –la Convención constitucional– se dedicara exclusivamente a la elaboración de la nueva Constitución, no se advierte la conveniencia de que parlamentarios en ejercicio formen parte del organismo constituyente.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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En el próximo plebiscito –además de la disyuntiva “apruebo” o “rechazo”– se nos formulará una segunda pregunta: ¿preferimos una Convención plenamente elegida o una de composición mixta, mitad electa y mitad conformada con parlamentarios? Poco interés se ha prestado a este asunto, que sin embargo no es inocuo.

Para que la Convención tenga éxito y alcance en un breve plazo a concordar por 2/3 un nuevo texto constitucional, es muy importante el clima político en que se desarrolle. Sus deliberaciones debieran estar sustraídas de los debates contingentes, lo que no va a ser nada fácil dado que tendrán lugar durante el período de campaña presidencial y parlamentaria.

El Presidente Piñera deberá decidir el lugar de funcionamiento de la Convención. Si no se pronuncia, entonces sesionará en Valparaíso en el edificio del Congreso. Esa sería la peor solución. La convivencia física en un mismo lugar del Parlamento y la Convención favorecería un entrecruce de debates de muy distinta naturaleza: mientras en el Congreso los diputados y senadores en plena campaña se contraponen urgidos por la competencia electoral, en la Convención debería primar una mirada de largo plazo y un espíritu favorable al consenso.

En Ecuador, por ejemplo, se decidió que la Asamblea Constituyente tuviera su sede en el complejo denominado Ciudad Alfaro, en el cantón Montecristi en la provincia de Manabí. En Bolivia empezó a funcionar en Sucre y sancionó la nueva Constitución en Oruro. Lo más probable es que la Convención se reúna en Santiago en la sede del antiguo Congreso Nacional.

Pero más allá del lugar de funcionamiento de la Convención, si la ciudadanía optara por una integración mixta, con fuerte presencia parlamentaria, sería prácticamente imposible blindar a la Convención frente a la tentación de proyectar la discusión coyuntural azuzada por la contienda electoral hacia la discusión de la nueva Constitución. Los parlamentarios que integrarían la Convención no cesan en sus cargos. Deberían dividir sus tareas en ambas instancias, lo que hace muy difícil que en los debates de la Convención prescindieran de su experiencia de parlamentarios en campaña. Las deliberaciones de la Convención se contaminarían con las tensiones de la coyuntura.

Si el Acuerdo del 15 de Noviembre decidió que un órgano nuevo –la Convención constitucional– se dedicara exclusivamente a la elaboración de la nueva Constitución, sustrayendo esa labor de los poderes colegisladores normales formados por el Congreso Nacional y el Presidente de la República, no se advierte la conveniencia de que parlamentarios en ejercicio formen parte del organismo constituyente. El Ejecutivo quedará de todas maneras al margen: sus Ministros pueden ser invitados, pero no tendrían ninguna prerrogativa como sí ocurre en el proceso legislativo, y el Presidente no podrá ni formular indicaciones, ni ejercer el derecho a veto.

Además, el carácter paritario que se le ha conferido a la Convención, reservando un número significativo de asientos para representantes de los pueblos originarios, dificultaría aún más la presencia de un 50% de parlamentario.

Tampoco se advierte actualmente la presencia de claros liderazgos políticos en el Parlamento, cuya presencia en la Convención pudiera ayudar a concordar posiciones diversas y aun ideológicamente opuestas, como sucedió por ejemplo en la Italia de post guerra o en la España luego de la muerte de Franco. Los dirigentes, o debieran ser elegidos por la ciudadanía o bien deberán ejercer su labor de orientación política desde fuera de la Convención, por el peso de su argumentación y prestigio.

Creo, entonces, que la respuesta a la segunda pregunta en el plebiscito debe inclinarse decididamente en favor de una Convención plenamente electa.

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