Las campañas electorales exacerban los ánimos: candidatos, comandos y partidarios abusan de los argumentos con el propósito de perjudicar al adversario. Este espíritu beligerante ha llegado incluso a La Moneda.

Esta actitud cobra particular gravedad cuando se imputa responsabilidad política en los actos de vandalismo, saqueos y pillaje que suelen acompañar a las manifestaciones callejeras masivas, como ocurrió en la conmemoración de dos años del inicio de las protestas sociales del 2019.

No hay nada más cruel, disruptivo y deleznable que la violencia. Merece siempre una condena y un rechazo a quienes recurren a ella. Además, cuando es obra de grupos minoritarios -sean anarquistas, terroristas de distintos signos ideológicos o sectores espontáneos impulsados por la agresividad destructiva- no produce el efecto buscado por sus autores. Resulta ineficaz. Más bien provoca la reacción, a veces desproporcionada, de sus adversarios, hundiendo a la sociedad en un círculo ciego de guerra de baja intensidad, como hemos visto tantas veces en América Latina y también en Chile.

Las causas de la violencia son sociales, pero también anidan en el alma humana, como lo analiza bien Eric Fromm en su libro Anatomía de la agresividad destructiva, donde busca comprender las raíces, las características y los antídotos de la destructividad que sacude a la sociedad actual. ¿Por qué hay personas que afirman y desarrollan su personalidad -incluso sacrificando sus vidas- recurriendo a la fuerza en contra de bienes públicos o privados y dañando a otras personas? Necesitan arrasar, devastar y asolar ciertos sitios simbólicos, desafiar a la policía; el fuego es su expresión por antonomasia.

Por eso resulta tan absurda imputar a Yasna Provoste responsabilidad en los hechos de violencia recientes. Ella, desde que inició la candidatura presidencial en Vallenar, ha desarrollado un hilo conductor: buscar el reencuentro de los chilenos, restañar las heridas de la crisis social y sanitaria vivida, apelar al diálogo y condenar reiteradamente los actos de violencia vengan de donde vengan.

Se le reprocha haber suscrito un proyecto de ley de indulto a los llamados presos de la revuelta, que llevan privados de libertad más de dos años. Se dice que así se favorecería la impunidad de los violentos, desconociendo su propósito pacificador. En varias ocasiones las fuerzas políticas han aprobado leyes de indulto en favor de quienes han delinquido, incluso gravemente, motivados por causas políticas. Así ocurrió en el Gobierno del Presidente Aylwin con quienes empuñaron las armas contra la dictadura; luego, años más tarde, con la ley promovida por la Iglesia Católica, que benefició a los miembros del grupo Lautaro, condenados por graves crímenes, tras permanecer en una cárcel de alta seguridad por más de 10 años y firmar un compromiso de no realizar ningún delito so pena de perder el beneficio.

Al tomar esta decisión de clemencia el Parlamento no justificó los delitos por los cuales estaban condenados los beneficiarios del indulto, ni mucho menos exaltó una suerte impunidad. Por el contrario, se buscó tender la mano a personas que por diversas razones políticas o ideológicas habían recurrido a la violencia política extrema. La idea era restablecer la paz, restañar heridas y fortalecer las instituciones democráticas.

Ese es el espíritu que animó a Yasna Provoste al suscribir el proyecto de ley en cuestión. Quien lo redactó cometió el error de concebirlo como un indulto cuando se trata de una amnistía al referirse a procesos judiciales en curso, como han señalado destacados penalistas. Corresponderá a los parlamentarios discutir su mérito, su oportunidad y precisar su alcance (no hay acuerdo en el número de personas que podrían ser beneficiadas) y las condiciones que deberían cumplir para salir en libertad. En definitiva, aprobarlo con modificaciones o rechazarlo.

Nadie puede negar que resulta anómalo desde el punto de vista del debido proceso, que los imputados permanezcan privados de libertad por un tiempo tan prolongado. Es verdad que el trabajo de la Fiscalía para reunir las pruebas suficientes para convencer a los Jueces no es fácil tratándose de delitos cometidos en el marco de disturbios masivos, además del número abultado de investigaciones que deben realizar. Hasta ahora la Fiscalía no ha identificado el accionar de una organización, es decir, que haya una planificación y acción concertada para delinquir, por ejemplo, incendiando y destruyendo tantas estaciones del Metro en tan poco tiempo.

El éxito de los Fiscales sería, precisamente, dilucidar esa interrogante y desbaratar un eventual grupo violento, tal vez de naturaleza anarquista.

Por eso mismo los parlamentarios deben sopesar bien los argumentos en pro y en contra de otorgar un beneficio penal a quienes se encuentran encarcelados por hechos violentos durante la revuelta social durante tanto tiempo. La repetición de este tipo de actos hace aun más compleja la decisión. Afirmar que la violencia en el 2019 merecería un trato más favorable por las circunstancias en que ocurrió y el desenlace institucional que tuvo la movilización social no parece ser un argumento de peso.

Pero lo que no se puede aceptar es achacar a una candidata a la Presidencia de ser responsable de hechos violentos por haber presentado un proyecto de ley. Es tal la desmesura del agravio que es probable que no tenga ningún efecto electoral. ¿Quién puede creer que Yasna Provoste forma parte de quienes instigan, avalan o justifican la violencia? Como cualquier político –sobre todo si es candidata– está sometida al escrutinio y al debate público, pero sus contrincantes debieran mantener la compostura al momento de esgrimir sus reproches.

Desde el sector político opuesto algunos exponentes del PC y de la candidatura de Gabriel Boric han emplazado a Yasna Provoste por la tardanza en la tramitación del proyecto de ley en el Senado, como si la senadora al haber adherido a la iniciativa tuviera en su poder determinar el ritmo del debate legislativo. El alegato de la diputada Carol Cariola otra vez coloca el tema de lleno en la contienda electoral.

La madre de uno de los jóvenes que acaba de salir libre por decisión judicial declaró el otro día al diario La Tercera que el grupo de familiares al que representa rechaza la violencia y sólo está interesado en lograr una solución justa y pronta para sus hijos, en polémica con otras organizaciones que reivindican las distintas acciones -pacíficas o violentas- de quienes participaron en los movimientos de protesta.

El tema ha entrado de mala manera en la contienda presidencial. Jugar con la violencia equivale a banalizarla. Cuando se la usa como un arma electoral, ella pierde toda significación. Se vuelve una crítica más en un mar de recriminaciones cruzadas. Recordemos la advertencia de H. Arendt sobre el peligro de presentar el mal de manera trivial, transformando el sufrimiento en una acción rutinaria o en espectáculo como sucede en la teleserie Pablo Escobar, el patrón del mal; el ejercicio de la violencia pasa a operar en una normalidad colectiva carente de parámetros morales.

Tampoco sirven los alegatos contra Yasna Provoste para escamotear la inoperancia de los responsables de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. En vez de unir en contra de los violentos, agranda la grieta de la polarización favoreciendo su actuar.

El Ministro del Interior debería convocar a las fuerzas parlamentarias para informarles en detalle de la grave situación de inseguridad que vive el país e intentar concordar algunas medidas en lo que resta del actual mandato presidencial. Lo mismo debería hacer con el Ministerio Público y la Magistratura. Y no descender a la arena electoral formulando acusaciones sin fundamento.

El tema de la violencia es demasiado importante para reducirlo a un alegato electoral.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta