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Publicado el 22 de julio, 2019

José Antonio Viera-Gallo: El Tribunal Constitucional

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Luego de casi 15 años de experiencia, el Tribunal Constitucional requiere varios cambios, a mi juicio, dos de ellos prioritarios. Uno se refiere al nombramiento y número de sus integrantes, y el otro, más profundo, a sus atribuciones.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El debate sobre el Tribunal Constitucional parece haber encontrado su centro. Ya no se discute su existencia. La Justicia Constitucional es una característica esencial del Estado democrático de post guerra, sea que la ejerza la Corte Suprema o un órgano jurisdiccional especializado. Al incorporar las Constituciones los derechos humanos como principios fundamentales del orden político, recuperaron su carácter de norma jurídica con facultad de imperio, verdadera piedra angular del sistema jurídico. Dejaron de ser un conjunto de aspiraciones políticas derivadas de las circunstancias históricas que les dieron origen.

Entonces, como decía H. Kelsen en la década del 20 del siglo pasado, se requiere una instancia jurisdiccional que vele por la supremacía constitucional. Este principio fue recogido por los artículos 5, 6 y 7 de la actual Constitución. Todos estamos sometidos a su imperio. Según Zagrebelsky, así se definen las reglas que hacen posible la convivencia y el debate político democrático.

La mayor novedad radica en que esa instancia jurisdiccional debe procurar que el proceso legislativo se ajuste a la Constitución, tanto en lo esencial de sus formas como en su contenido. De la Revolución Francesa proviene una sobrevaloración de la ley y una desconfianza hacia los jueces que habían sido designados por la monarquía. El problema surge cuando la ley se aparta de la Constitución. Entonces, son los jueces –como nuevos tribunos de la plebe– los que deben sanear el vicio y resguardar el respeto de los principios y normas constitucionales, en especial los derechos humanos. Es una instancia contra mayoritaria. Hasta Francia hace algunos años ha terminado por admitir la justicia constitucional. Hoy prácticamente no existe ninguna democracia donde ella no forme parte del sistema político.

Entre nosotros, el primero que visionariamente propuso un Tribunal para resolver los conflictos constitucionales fue el Presidente Balmaceda. La idea se plasmó en los 70 con la creación del Tribunal Constitucional que funcionó durante la Unidad Popular, fue clausurado por la dictadura y renació con la actual Constitución reformada en 1989 y más profundamente el 2005.

Luego de casi 15 años de experiencia, el Tribunal Constitucional requiere varios cambios. A mi juicio hay dos reformas prioritarias. Una se refiere al nombramiento y número de sus integrantes. En su designación intervienen los tres poderes. La Corte Suprema lo hace mediante un concurso de antecedentes. El Presidente deberían recurrir al sistema de alta dirección pública para seleccionar a los postulantes y el Congreso seguir el ejemplo de la Corte Suprema. Respecto a su número –hoy son 1 – debería reducirse a 7, sin que el Presidente pueda dirimir los empates: dos nombrados por el Presidente, dos por la Corte Suprema y tres por el Parlamento.

Pero el cambio más de fondo se refiere a las atribuciones del TC. En cuanto órgano de jurisdicción, debería limitarse a resolver los conflictos que se sometan a su conocimiento, eliminando su función preventiva. El control preventivo obligatorio de los proyectos de ley cuando contienen normas propias de leyes interpretativas de la Constitución o de carácter orgánico constitucional está tomado de la Constitución francesa de 1958, que surgió bajo la inspiración del General De Gaulle para frenar a los partidos presentes en la Asamblea Legislativa. No proviene del pensamiento de Kelsen y no se consagra ni en Alemania, ni en España, ni en América Latina, que contemplan el control preventivo provocado por requerimiento del gobierno, de los parlamentarios u otras personas habilitadas durante la discusión de un proyecto de ley.

Mediante el control obligatorio el actual TC puede anular por simple mayoría disposiciones de un proyecto de ley que nadie ha cuestionado, interfiriendo en el proceso legislativo que culmina con la promulgación de la iniciativa. Así se distorsiona la naturaleza jurisdiccional del TC y pasa a jugar un papel más político como defensor de la Constitución para usar la expresión de C. Schmitt. Sobre todo cuando el TC no circunscribe su análisis a las normas que la Cámara de origen ha considerado de quórum especial entrando a revisar todo el proyecto.

La facultad preventiva está íntimamente relacionada con la norma constitucional que estableció altos quórum para aprobar ciertas leyes, como garantía para que el proceso de transición a la democracia fuera consensuado, según la teoría de Lijphart de la democracia consosciativa necesaria para países que han atravesado un largo período de confrontación. Esa etapa ha terminado. Lo lógico es que vuelva a imperar en plenitud el principio de mayoría y que para ciertas materias de mayor importancia se exija un quórum más alto de aprobación similar a la Constitución francesa o española. No más alto. Las actuales exigencias le dan un poder de veto a los grupos de los extremos del cuadro político, situación que se podría acentuar en un futuro.

En su reemplazo se podría estudiar la introducción de la consulta de constitucionalidad como existe en Costa Rica, donde se establece quienes pueden requerirla y que efectos producen las resoluciones del TC dando respuesta a las mismas. Estos cambios deberían ser el eje del actual debate sobre las reformas institucionales que dicen relación con el Tribunal Constitucional.

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