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Publicado el 26 abril, 2021

José Antonio Viera-Gallo: El silencio de la bioética

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

En la Ley 20.120 se creó una Comisión Nacional de Bioética (2006), sin embargo, ningún gobierno desde entonces la ha echado a andar. ¿Por qué se ha producido esa grave omisión y cuál es la razón que nadie haya levantado la voz?

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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La democracia se nutre de la deliberación pública. Mientras mejor sea la calidad de la información, más posibilidades hay de que las decisiones sean acertadas. Es un hecho que entre nosotros el debate ha perdido altura. Por eso no sorprende la ausencia de la bioética en los debates de hoy.

La aprobación de dos iniciativas legales en la cámara de origen -el proyecto de ley que regula la eutanasia y el que protege los llamados neuroderechos– me trajeron a la memoria dos artículos incumplidos de la Ley 20.120 del 2006 que, además de crear la Comisión Nacional de Bioética, busca proteger la vida de los seres humanos, su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas. La ley surgió para prohibir la clonación humana y regular la investigación en seres humanos, permite la terapia génica y establece que el conocimiento sobre el genoma es patrimonio común de la humanidad, y que el cultivo de tejidos y órganos sólo procederá con fines de diagnóstico terapéutico o de investigación científica y sanciona las prácticas eugenésicas, entre otras materias.

Las iniciativas legales mencionadas suscitan interés y múltiples debates, sobre todo lo relativo al buen morir, los cuidados paliativos y la eutanasia. Son temas propios de la bioética, que tuvo un desarrollo espectacular a partir del conocimiento de la estructura del ADN, lo que abrió las puertas a la intervención humana sobre la genética. Por primera vez el hombre podía actuar directamente sobre la reproducción de la vida.

El actual debate sobre la nueva tecnología para fabricar vacunas frente al Covid-19 también nos habla de los múltiples usos de la ciencia en el cuidado y desarrollo de la vida humana.

El contraste entre estos adelantos y la situación deficitaria en términos de salud pública en que viven millones de personas y los posibles usos de los adelantos científicos llevó a la UNESCO a  sancionar dos documentos que contienen el consenso ético sobre el uso de las biotecnologías en seres humanos: la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos del 11 de noviembre de 1997 y, el 19 de octubre de 2005, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que contienen un conjunto de principios orientadores para el avance en las ciencias biológicas y su aplicación. Se habla de 4 criterios básicos: respetar la voluntad de las personas, promover el bien, la salud, el bienestar, evitar el daño y el sufrimiento y actuar equitativamente impidiendo cualquier discriminación abusiva.

Con la mayor conciencia de los desafíos medio ambientales, en especial el calentamiento global, la bioética ha extendido su mirada más allá del ser humano, hacia su entorno vital, su hábitat. Nuestros procesos biológicos están en permanente interacción con el medio ambiente; por tanto, la mirada ecológica resulta indispensable para que podamos vivir en un ambiente sano y sostenible, evitando las amenazas a las diversas formas de vida en el planeta.

Acaba de realizarse un encuentro promovido por el Consejo Pontificio para la Cultura del Vaticano sobre el uso de células madre extraídas directamente del cuerpo y no de los embriones para su empleo médico. La recolección de células madre embrionarias requiere la destrucción de embriones fertilizados, que se considera como vida humana naciente en la doctrina católica. En cambio, las células madre adultas se pueden tomar sin riesgo de las personas. Esta posibilidad abre el campo a la investigación científica sin entrar en el debate sobre la naturaleza ontológica y jurídica del embrión. Habría más de 4.000 tratamientos médicos en ensayo clínicos basados en el uso de este tipo de células madre. Hay muchos temas sobre la mesa y la bioética tiene que intervenir en el debate con criterio científico y visión abierta y plural.

En la Ley 20.120 se creó una Comisión Nacional de Bioética como existe en varios países como Francia, Italia, India y en América Latina. El artículo 16 es ilustrativo de su finalidad: “La Comisión Nacional de Bioética tendrá, entre sus funciones, asesorar a los distintos Poderes del Estado en los asuntos éticos que se presenten como producto de los avances científicos y tecnológicos en biomedicina, así como en las materias relacionadas con la investigación científica biomédica en seres humanos, recomendando la dictación, modificación y supresión de las normas que la regulen. Las resoluciones o acuerdos de la Comisión se adoptarán por simple mayoría, no obstante, lo cual deberán hacerse constar las diferencias producidas en su seno y la posición de minoría”.

Se concibió un organismo técnico, independiente y plural, altamente especializado, compuesto por 9 profesionales de alto nivel designados por el Presidente de la República con acuerdo de los 2/3 del Senado, destinado a asesorar a los poderes públicos en la toma de sus decisiones. Como en el país sobre estas materias existen diversas visiones, la norma prevé que sus dictámenes se adopten por mayoría consignando todas las visiones.

Hasta aquí todo parece lógico. Chile parecía haber tomado decisiones oportunas frente a las consecuencias del uso de la biotecnología, adoptando las recomendaciones de la UNESCO. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bioética nunca ha sido creada. Ningún gobierno la ha echado a andar. Estamos ante un caso palmario en que la autoridad ha dejado en letra muerta una importante decisión legislativa.

La responsabilidad recae en el Ministerio de Salud desde 2006 en adelante, órgano encargado de servir como Secretaría técnica. Cabría preguntar: ¿por qué se ha producido esa grave omisión y cuál es la razón que nadie haya levantado la voz para exigir que se le ponga término? Es evidente que ni el Departamento de Bioética del Colegio Médico, ni los Comités de los centros hospitalarios, ni las respectivas cátedras universitarias tienen el peso en la sociedad que podría alcanzar la Comisión Nacional de Bioética. Tampoco lo tienen las comisiones asesoras del Ministro de Salud sobre ética de la investigación y ética asistencial, creadas por decreto supremo.

Existe en el país la capacidad científica para dar vida a ese organismo. Hay importantes centros académicos, por ejemplo, en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, y existe la Sociedad Chilena de Bioética que realiza una significativa labor. La comisión Nacional debería ser la contraparte idónea de instancias similares a nivel internacional y con la OPS/OMS.

Escoger determinados valores éticos entre los múltiples que componen nuestras sociedades y filosofías de vida puede ser difícil, sobre todo cuando se enfrentan problemas nuevos. Por ejemplo: algunos tribunales extranjeros han reconocido el derecho a ser abuelos permitiendo fecundar el óvulo de una viuda con el semen de un varón fallecido. Decisión judicial que provoca múltiples interrogantes: ¿se respeta el interés superior del niño consagrado por la Convención de Derechos del Niño? Y los casos dudosos podrían multiplicarse, como los derivados de la ingeniería o manipulación genética.

Es de esperar que cuando pase la pandemia y el Ministro de Salud tenga un cuadro de preocupaciones menos apremiante, se ponga término a este incumplimiento de la ley y el debate público se vea entonces enriquecido por los aportes de los especialistas, como ocurre en otros países.

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