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Publicado el 04 de febrero, 2019

José  Antonio Viera-Gallo: El magnicidio

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo
Conocidos los antecedentes del proceso judicial, la investigación periodística tiene una importante tarea por delante. El debate sobre la calificación jurídica del delito, que tiene relevancia judicial, no debe ocultar el hecho cierto del homicidio, ni menos el papel que cupo no sólo a los ejecutores directos, sino también a sus mandantes y autores intelectuales.
José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El crimen de Eduardo Frei Montalva no debiera sorprender a nadie. Pese a la gravedad del magnicidio. La acuciosa investigación del Ministro Madrid y la confirmación de las encargarías de reo por los altos tribunales anunciaban el resultado. Por lo demás, ¿cómo asombrarse de un homicidio planeado por un régimen que en reiteradas ocasiones usó el asesinato como arma política? ¿No está el Informe Rettig para demostrarlo y el Museo de la Memoria para ilustrarlo?

La represión no golpeó sólo a los partidarios de Allende, a quienes involucraba en una estrategia de “enemigo interno” como justificación; también se dirigió en contra de quienes fueron sus opositores. Muchos fueron detenidos, torturados, relegados o exiliados. Algunos también asesinados.

Para quienes vivimos el exilio en Italia –y muy en especial los que colaborábamos a diario con Bernardo Leighton-, el atentado en su contra fue una campanada de alerta. Corría el año 1975 y nada hacía presagiar la tormenta, pese a que el año anterior fueron  asesinados en Buenos Aires el antecesor de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército, General Carlos Prat, y su esposa, con una bomba en su auto.

El crimen de Leighton ha sido completamente aclarado por la justicia italiana: fue decidido por la dictadura, planificado por el aparato exterior de la DINA y ejecutado por Townley en colaboración con grupos italianos de extrema derecha que mantenían una estrecha relación con Pinochet. Así lo narra la periodista Patricia Mayorga en su libro “El cóndor negro”, editado por el Mercurio. Leighton se salvó milagrosamente, pero quedó gravemente herido junto a su esposa Ana Fresno. Tuvo que ser sometido a dos operaciones al cerebro y vivir una larga convalecencia en hospitales y sanatorios italianos hasta que se autorizó su regreso a Chile. La gota que rebalsó el vaso fue un discurso de Leighton ante sindicatos DC holandeses en que propiciaba una colaboración opositora contra Pinochet.

Quien quiera tener un panorama completo de las acciones represivas de la DINA en el exterior puede leer el libro “Laberinto”, escrito por dos agentes del FBI encargados de investigar el asesinato, también con bomba, de Orlando Letelier y Rony Mofit en Washington en 1976. La DINA intentó asesinar también a Gabriel Valdés, Carlos Altamirano y otros dirigentes opositores. ¿Qué tiene de extraño, entonces, que eliminara a Eduardo Frei, quien se había convertido en el referente indiscutido de la oposición y había cuestionado en duros términos la legitimidad de la Constitución aprobada en 1980 en un plebiscito amañado, sobre todo cuando además comenzaba a articularse un frente social amplio de oposición, uno de cuyos principales líderes era Tucapel Jiménez, quien también fuera bárbaramente degollado?

Frei era el referente natural de la oposición por su trayectoria, por su condición de ex Presidente y por su imagen internacional. Acababa de ser designado presidente de la Comisión Norte-Sur por Willy Brandt. Entonces, la reacción de Pinochet no se hizo esperar. Por eso es lógico que ahora la familia, por boca de Eduardo y Carmen Frei, apunte a los responsables políticos del magnicidio.

Conocidos los antecedentes del proceso judicial, la investigación periodística tiene una importante tarea por delante. El debate sobre la calificación jurídica del delito, que tiene relevancia judicial, no debe ocultar el hecho cierto del homicidio, ni menos el papel que cupo no sólo a los ejecutores directos, sino también a sus mandantes y autores intelectuales.

Así fue la dictadura de Augusto Pinochet. A estas alturas nadie puede alegar ignorancia o aminorar su responsabilidad. Menos luego de la sentencia condenatoria en el caso Eduardo Frei Montalva. Por su parte, la UC debería actuar en forma consecuente, como lo ha hecho en casos anteriores.

FOTO: CESAR BELTRAN/AGENCIUNO

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