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Publicado el 18 enero, 2021

José Antonio Viera-Gallo: El ingreso básico universal

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

En la ENADE, Juan Sutil ha dado el puntapié inicial para una discusión de fondo sobre la organización de la sociedad en una década que, según The Economist, estará caracterizada por múltiples cambios y avances científicos, que incentivará la deliberación política desafiando los paradigmas tradicionales.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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En ENADE se ha vuelto a plantear la idea de un ingreso básico universal (IBU). La propuesta fue valorada por el ministro Briones. La pandemia ha dado un nuevo impulso a un concepto que ha venido rondando en diversos ambientes a nivel internacional desde hace varias décadas y retomado en la más reciente encíclica papal, Fratelli Tutti.

El concepto es simple: cada ciudadano recibiría una suma básica mensual sin necesidad de ninguna contraprestación, cualquiera fuese su condición social. Siguiendo este postulado, se han hecho diversos experimentos en zonas o comunidades tanto de países ricos, como Canadá o Finlandia, como de países en desarrollo de África, América Latina y Asia. Todos han sido programas restringidos y en la mayoría de ellos se ha implementado parcialmente la idea. Resulta difícil llegar a una conclusión de esos experimentos.

La causa de fondo que ha suscitado un renovado interés en el IBU -además del sentimiento de solidaridad- es la incertidumbre sobre el futuro del trabajo en la medida en que avanza la robótica y la posibilidad de que un alto porcentaje de jóvenes vaya quedando fuera del mercado laboral, esos que entre nosotros se llaman “ni ni”, pues ni trabajan, ni estudian. Esa masa juvenil, que no encuentra espacio en la sociedad y que vive de la informalidad, es el caldo de cultivo para la delincuencia y el crimen organizado. Ellos son los principales protagonistas de los masivos movimientos migratorios que sacuden a las sociedades de destino.

El IBU también ha surgido como un sustituto de los altos costos de los servicios públicos destinados a cubrir las necesidades de los sectores vulnerables, principalmente por el incremento de la burocracia, de tal manera que una parte significativa del gasto del Estado no llega a sus beneficiarios.

Curiosamente la idea del IBU no conoce fronteras ideológicas, al menos en su formulación general. Otra cosa son los diversos planes para ponerla en práctica y la discusión sobre la fuente de financiamiento. Las objeciones de los sectores conservadores van por el lado de que se podría favorecer que la gente no se interese en el trabajo. Por su parte, en el progresismo se teme que al poner en práctica el IBU, se desmantele la red pública de protección social y se incentive el papel del mercado.

Sin embargo, pese a estas reticencias, el tema está sobre la mesa. Tarde o temprano habrá que afrontarlo. Al hacerlo hay que considerar no solo los costos de los programas, sino también el ahorro de recursos públicos, por ejemplo, en las policías y en general en la manutención del orden público y la seguridad ciudadana.

Lo más razonable sería que Chile pusiera en marcha un plan piloto para evaluar sus efectos. Tal vez se podría empezar en la zona austral con los jóvenes que no trabajan ni estudian y que no cumplen con el servicio militar, pero exigiendo como contraprestacion que realicen un servicio social en alguna repartición pública, empresa u ONG. Esta u otra idea análoga debería ser debatida en la campaña presidencial. Podría constituir un punto de convergencia para un plan distintivo del próximo gobierno. Las universidades, a través de sus centros de políticas públicas, podrían participar en su diseño y evaluar su implementación.

Entre las propuestas para la Convención Constitucional también ha surgido el IBU como un compromiso del Estado de realización progresiva. Creo que antes de asumir una obligación de esa naturaleza sería conveniente realizar algunos proyectos pilotos para sopesar sus resultados.

En la ENADE, Juan Sutil ha dado el puntapie inicial para una discusión de fondo sobre la organización de la sociedad en una década que, según The Ecomist, estará caracterizada por múltiples cambios y avances científicos, que incentivará la deliberación política desafiando los paradigmas tradicionales.

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