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Publicado el 25 de noviembre, 2019

José Antonio Viera-Gallo: El dilema del voto

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Ha resurgido con fuerza el interés por reponer el voto obligatorio, como fue tradicionalmente en Chile. Un poco de historia reciente puede ser útil para el debate.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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Al inicio de la elaboracion de la actual Constitución, durante el régimen militar, primaba una profunda desconfianza hacia el sufragio universal y una inclinación en favor de fórmulas corporativas. No era de extrañar. Quienes querían refundar el Estado se sabían minoría: sólo podían contar con un tercio del electorado y habían gobernado en solitario unicamente los primeros tres años de Jorge Alessandri. El General Pinochet llegó a decir que pasarían varias generaciones antes que hubieran elecciones y cuando terminó aceptando la democracia, la estableció restringida, excluyente y protegida.

Poco a poco fue ganando terreno la opción por las elecciones para elegir autoridades. Pero la suspicacia inicial fue la fuente para diseñar un sistema electoral sui generis, que si bien se basaba en el sufragio universal, desincentivaba su ejercicio al establecer por primera vez en el país la inscripción voluntaria en los registros electorales y el voto obligatorio. Por su parte el Servel no facilitaba la inscripción.

Sólo la intensidad e importancia del plebiscito de 1988 hizo subir las inscripciones electorales y la participación, lo que se mantuvo en la elección de Patricio Aylwin. Sin embargo, paulatinamente empezó a aumentar la abstención, lo que se hizo patente en la elección parlamentaria de 1997. Se formó así una especie de no inscripción oculta, principalmente de jóvenes, de más de 3 millones de personas que no se inscribían ni participaban, y no aparecían en las estadísticas sobre abstención.

Además de los efectos negativos del sistema binoninal para elegir a los parlamentarios, que en la mayoría de los distritos se podía prever un empate entre los dos bloques principales excluyendo otras opciones, se volvió una prioridad establecer la inscripción automática para los mayores de 18 años, para facilitar la participación en el voto.

El tema fue planteado en reiteradas ocasiones, siendo rechazado por la derecha. Solo en el primer gobierno de Michelle Bachelet se abrió la posibilidad de cambiar esta situación anómala, pero para lograr el apoyo parlamentario fue necesario establecer el voto voluntario. Algunos lo querían sinceramente, otros lo exigían para establecer la inscripción automática y, por último, muchos lo aceptaron como un mal menor transitorio.

Como suele suceder en política, el debate se centró en dilucidar si el voto era un derecho o un deber o ambos a la vez. No faltaron los estudios de los expertos electorales sobre el sesgo de clase que te diría el voto voluntario y sobre las exigencias que ponía a los candidatos y a los partidos de encantar, atraer y seducir al electorado. Quedó relegado a un segudo plano el problema principal:
la inscripción automática.

La exigencia de la inscripción es hoy una norma que subsiste para el voto de los chilenos en el extrior, que se agrava con la exigencia de residencia de un año para los no nacidos en Chile.

Además se tuvo en cuenta que la sanción de multa por el no cumplimiento con la obligatoriedad del sufragio no se había demostrado efectiva. Periódicamente se dictaban leyes de amnistía ante la imposibilidad de los Juzgados de Policía Local de tramitar un número tan alto de infracciones.

Después de 10 años parece llegado el momento de reabrir el debate sobre la obligatoriedad del voto. Hoy existe además la evidencia empírica de que el voto voluntario favorece a los extremos más militantes. Lo que debe pensarse bien es el tipo de sanción en caso de incumplimiento. También se puede establecer algún tipo de incentivo, como existe, por ejemplo, en Colombia.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que ningún sistema asegura la participación electoral. Puede favorecerla, pero no garantizarla. Ella dependerá de la cultura y madurez política de los ciudadanos, de la calidad de las instituciones democráticas y la trascendencia de lo que se decide en cada elección.

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