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Publicado el 03 de febrero, 2020

José Antonio Viera-Gallo: Divortium aquarum

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

En el horizonte se bifurcan los caminos: uno es el del plebiscito y el cambio constitucional, que presupone la continuidad del actual gobierno, y el otro es el de la insurrección y la asonada violenta hasta provocar el fin anticipado del gobierno y hacer inviable el proceso constituyente como está concebido. No hay una alternativa intermedia, ni menos la posibilidad de tomar elementos de uno y otro lado.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.

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Esta expresión latina se usa en el Derecho Internacional para indicar la divisoria de aguas entre dos cuencas hidrográfica adyacentes, que evacúan las lluvias por ríos diferentes, como ocurre por ejemplo en el límite montañoso entre Argentina y Chile. A veces, sin embargo, no es tan nítida esta separación y por un cierto trecho –en los lagos de aguas compartidas– no resulta sencilla la distinción.

Algo similar ha sucedido en la política nacional desde el inicio de lo que se ha dado en llamar “el estallido”. Hasta hace poco el masivo movimiento ciudadano de reivindicaciones sociales se entremezclaba con actos de destrucción material. Incluso personas pacíficas admitían que la violencia era la única manera de hacerse escuchar, como un niño que reclama insistentemente con llantos y gritos y, ante la indiferencia de sus padres, termina rompiendo algo para que le presten atención.

Es verdad que el 18 de octubre nació con la destrucción de las estaciones de metro y otros hechos violentos. Pero luego vinieron las marchas ciudadanas, los cacerolazos masivos, las cicletadas, y las distintas manifestaciones pacíficas en que los ciudadanos expresaron su descontento, que según las encuestas alcanzan un apoyo alrededor del 65%. Fruto de esa reacción popular, las fuerzas políticas acordaron un proceso constituyente reglado, que comienza con el plebiscito del próximo 26 de abril y sigue con la elección de una Convención Constitucional para dar forma a una nueva Carta Fundamental; en el intertanto, el Gobierno, con apoyo de la oposición, ha dado origen a una serie de medidas de corte social para comenzar a paliar los efectos negativos que en parte han motivado la protesta y están en discusión en el Parlamento transformaciones más estructurales en materia de pensiones y salud.

Luego de lo ocurrido con la PSU y las jornadas violentas vividas la semana pasada, ha llegado el momento de separar aguas y clarificar las posiciones. Quienes estamos por el proceso constituyente no sólo debemos repudiar los hechos violentos, sino que aislar a los grupos minoritarios que los llevan  cabo y no aceptar ninguna justificación de los mismos. Si el vandalismo continuara y se expandiera en marzo y abril, el clima en que se realizaría el plebiscito sería muy enrarecido y no pocos ciudadanos votarían atemorizados.

Es cierto que Carabineros ha demostrado deficiencias y que en su accionar algunos de sus miembros han violado gravemente los derechos humanos, como lo ha reconocido la propia institución. Pero la provocación viene de los violentos.

Quienes protagonizan la violencia, y quienes los respaldan o justifican, alientan una insurrección que provoque un quiebre institucional o, al menos, la renuncia del Presidente Piñera y el término anticipado del actual gobierno. Si triunfara la asonada, el país entraría en un período de inestabilidad de consecuencias imprevisibles, pero donde la última palabra la tendrían los fusiles; si el Presidente se fuera, el mecanismo de reemplazo no asegura una sucesión con suficiente respaldo y legitimidad y menos la orientación que la nueva autoridad tendría. Nada bueno se ve en el horizonte de ese camino.

Por el contrario, el proceso constituyente y la implementación de una agenda de cambios sociales, aun en una etapa de restricciones económicas, es una ruta que puede llevar a un gran acuerdo nacional y asegurar la estabilidad y la tranquilidad. Además la violencia erosiona el apoyo a este itinerario y por eso la practican unos y la resaltan otros, que coinciden en su rechazo al plebiscito. Si los acontecimientos políticos se ajustaran al diseño institucional, Chile podría salir fortalecido de esta dura experiencia con un nuevo esquema constitucional en que todos pudiéramos no sólo convivir mejor, recuperando la dignidad de cada cual, sino con mejores instrumentos para enfrentar el futuro.

Tampoco resulta posible a estas alturas equiparar el vandalismo con la acción policial. Es cierto que Carabineros ha demostrado deficiencias y que en su accionar algunos de sus miembros han violado gravemente los derechos humanos, como lo ha reconocido la propia institución. Pero la provocación viene de los violentos. No vivimos en Chile en un campo de concentración, donde sea justificable cualquier método para recuperar la libertad. Vivimos en una democracia que,pese a sus límites, entrega herramientas para canalizar las aspiraciones ciudadanas y dirimir en elecciones las diferencias. Nada avala el recurso a la violencia. ¿Qué puede justificar el ataque simultáneo a decenas de cuarteles policiales? ¿Y los saqueos o quemas de Iglesias, negocios, peajes de autopistas o edificios de servicios públicos? Una cosa es reformar Carabineros, otra refundar la institución.

Tampoco el frente del “rechazo” puede coquetear con la ambigüedad.

Por eso –insisto– ha llegado el momento de clarificar el panorama y dividir aguas.

En el horizonte se bifurcan los caminos: uno es el del plebiscito y el cambio constitucional, que presupone la continuidad del actual gobierno, y el otro es el de la insurrección y la asonada violenta hasta provocar el fin anticipado del gobierno y hacer inviable el proceso constituyente como está concebido. No hay una alternativa intermedia, ni menos la posibilidad de tomar elementos de uno y otro lado.

Quienes aprobamos el plebiscito somos una inmensa mayoría. Amplia y variada. Ningún partido político se puede atribuir su representación. Hay dirigentes representativos de todas las tendencias.  Esa es la mejor garantía de éxito. La tarea principal, el eje ordenador, debe ser llevar a cabo con éxito el proceso constituyente. Quienes planifican y promueven manifestaciones pacíficas deben, de ahora en adelante, reflexionar bien sobre sus efectos políticos y en ningún caso admitir acciones violentas. No caben ni los encapuchados, ni los de la “primera línea”.

Por su parte, quienes se oponen al plebiscito también deben clarificar su posición: unos claman por el recurso a la mano dura y critican duramente al Presidente Piñera por no decretar estado de excepción y recurrir a los militares; también entre ellos se escuchan voces que piden su renuncia. Otros, en cambio, señalan que las reformas a la Constitución se pueden hacer en el actual Parlamento en forma más eficaz y rápida. Los primeros defienden la Constitución actual tal cual es; los otros la quieren cambiar; unos no reconocen el valor de los derechos humanos al momento de resguardar el orden público, otros sí. No pueden estar en un mismo frente quienes añoran la dictadura y la derecha republicana, aunque circunstancialmente coincidan por la opción “rechazo”.

La alternativa autoritaria está fuera del arco democrático. A quienes propician los cambios a través del actual Parlamento cabría no sólo preguntarles porqué no lo hicieron desde el 2005 a esta parte, sino también por qué el actual Gobierno no ha impulsado un proyecto de reforma constitucional o sus parlamentarios no presentan uno ahora mismo para demostrar la sinceridad de sus planteamientos.

Tampoco el frente del “rechazo” puede coquetear con la ambigüedad. Ni menos sumarse a quienes desde el extremismo anarquista cuestionan la posibilidad de realizar el plebiscito de abril. Al resaltar los hechos de violencia, socavan, de hecho, la sustentabilidad del actual Gobierno llamado a mantener el orden público, y cuestionan el aval que el Presidente Piñera dio al camino constituyente al promulgar la reforma constitucional que lo echó a andar.

No hay que esperar marzo para separar aguas ante los desafíos que enfrenta el país.

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