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Publicado el 03 de octubre, 2019

José Antonio Viera-Gallo: Después de la tormenta

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

La Constitución, al tipificar las causales de acusación para los ministros de Estado, además de enumerar delitos específicos establece un motivo genérico: dejar las leyes sin aplicación. Apelando a este precepto todos los sectores políticos han presentado acusaciones constitucionales y los juristas se esfuerzan en cada ocasión por argumentar  dando un significado amplio o restringido a la norma, según sea de qué lado se encuentren.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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La acusación constitucional contra Marcela Cubillos acaparó la atención noticiosa y crispó los ánimos políticos. Siempre ocurre con este tipo de medidas, máxime cuando se trata de una figura emergente en la derecha, que se presenta casi como la única exponente del sello diferenciador del gobierno, encarnando un ideario propio en un sector particularmente sensible como es la educación, desafiando “el legado de Bachelet”. Ella comenzó su gestión con un espíritu amplio y de consenso, pero a poco andar cambió el tono de sus discursos y su plan de acción adquirió un cariz desafiante. Más allá de su popularidad oscilante, se ha convertido en una persona clave del gobierno.

El rechazo de la acusación constitucional en su contra potenciará por un tiempo esa imagen. Pasada la tormenta, cuando la adrenalina baja sus decibeles, es justo preguntarse qué lecciones se pueden sacar de este incidente, sin magnificar el asunto. Desde el retorno a la democracia se han presentado más de 22 acusaciones, de las cuales han sido acogidas sólo tres.

En primer lugar, se puede afirmar que la oposición no calcula bien sus pasos. Lo lógico hubiera sido primero citar a la ministra a que rindiera cuenta de su gestión, luego interpelarla por los distintos capítulos contenidos en la acusación: su forma de informar sobre el nuevo sistema de admisión escolar, los correos masivos enviados a padres y apoderados, la baja ejecución presupuestaria y la falta de nombramientos  en la Dirección de Educación Pública, que ha dificultado la implementación de los nuevos servicios locales de educación. La acusación es la última y más fuerte medida de fiscalización, que sólo se debe usar cuando sus causales son evidentes y, sobre todo, cuando existe un amplio y sólido consenso y apoyo entre los parlamentarios y la opinión pública. Ninguna de esas dos condiciones se  daba en esta oportunidad.

La bancada de diputados socialistas tuvo que andar convenciendo a las otras componentes de la oposición de la conveniencia de presentar la acusación. Hubo resistencias en el Frente Amplio, en la DC y en los radicales. Lo lógico hubiera sido gestar en conjunto la acusación luego de asegurar el apoyo necesario.

Por su parte el Gobierno y la propia ministra centraron su defensa en argumentos jurídicos, sosteniendo que la acusación carecía de fundamento constitucional. El punto es discutible porque la Constitución, al tipificar las causales de acusación para los ministros de Estado, además de enumerar delitos específicos, establece un motivo genérico: dejar las leyes sin aplicación. Apelando a este precepto todos los sectores políticos han presentado acusaciones constitucionales y los juristas se esfuerzan en cada ocasión por argumentar  dando un significado amplio o restringido a la norma, según sea de qué lado se encuentren. Los mismos que sostuvieron que la acusación contra la entonces también ministra de Educación Yasna Provoste se ajustaba a la causal porque habría dejado de cumplir su obligación de vigilancia respecto de lo ocurrido en la Seremi de Santiago, ahora afirmaban que el libelo contra la ministra Cubillos era solo político mientras se daba la misma interpretación de la norma constitucional. Otro tanto ocurrió en el caso del ex ministro Harald Bayer.

Ni el Gobierno ni la ministra se defendieron en público de las acusaciones sobre las críticas a la gestión en educación y principalmente respecto a la promesa de mejorar la educación pública. El propósito original del Gobierno de hacer entrar la reforma en el aula parece haber quedado en un segundo lugar. ¿Dónde están las innovaciones pedagógicas? ¿Dónde la implementación del cambio en los ciclos educativos contemplados en la LEGE? ¿Y el perfeccionamiento docente para asumir los nuevos desafíos? Parece que la idea de “aula segura” hubiera sido más rentable, aunque su implementación ha dejado mucho que desear, como se ha visto en el Instituto Nacional y en el INBA.

A estas alturas sería conveniente revisar las causales vagas de acusación constitucional y precisarlas mejor para evitar este tipo de contradicciones. Lo mismo ocurre cada vez que se presenta una acusación contra altos magistrados de Justicia por “notable abandono de deberes”.

La oposición tiene que actuar teniendo en cuenta sus fuerzas reales y el sentir de la opinión pública. No siempre los que más se exaltan son representativos. Por su parte, sorteado el escollo, la ministra y el Gobierno deben arremangarse las mangas y ponerse a la ardua tarea de enfrentar los desafíos de la educación con un nuevo espíritu de diálogo, y no hacer de las diferencias un caballo de batalla electoral. La ocasión está a la vuelta de la esquina, en el debate de la Ley de Presupuesto. Pero supone de su parte de la ministra un regreso a su postura original cuando recién asumió la cartera.

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