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Publicado el 02 de agosto, 2020

José Antonio Viera-Gallo: Chile tiene una pena…

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Para restablecer la tranquilidad es indispensable destapar la olla a presión. Insistir sólo en el actuar policial y militar puede ser contraproducente y caer en la trampa de los sectores extremistas que buscan precisamente “agudizar las contradicciones” y mostrar que el Estado chileno es hostil al pueblo mapuche en cuanto tal.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.

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Las crisis en la Araucanía y en la provincia de Arauco se arrastra por décadas. Ahora ha cobrado un cariz más violento y amenaza con transformarse en un conflicto racial, que puede extenderse al resto del país, donde viven 500.000 mapuches que mantienen fuertes vínculos con sus comunidades de origen.

Esta crisis es el mayor desafío social y político que tiene la sociedad chilena. Cuenta con todos los ingredientes para “explotar”: un pueblo despojado de sus tierras por la fuerza, que sufre la discriminación y que, a lo largo de la historia, su gente “no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida”; el proceso de modernización ha impactado de lleno en las comunidades mapuches, dando origen a una nueva generación de dirigentes que ha tenido la oportunidad de cursar la educación completa e ir a la universidad, incluso obtener postgrados en el extranjero. Esa nueva generación no se ha desligado de su tierra y sus ancestros y tiene una conciencia más clara de sus derechos, en concordancia con el desarrollo del derecho de los pueblos originarios a nivel internacional.

Esos nuevos dirigentes mapuches, con justa razón, son los que han dado contenido y forma a la llamada “deuda histórica” de la sociedad chilena. El informe de la Comisión sobre la Verdad Histórica impulsado por Ricardo Lagos, bajo la conducción de Patricio Aylwin, da cuenta de esa deuda. Ese documento, debidamente resumido, debería ser parte obligatoria de la enseñanza.

Los gobiernos democráticos han intentado avanzar con una política indígena que pudiera restañar heridas abiertas y hacer efectivos derechos reconocidos tan sólo en el enunciado de la ley. Pero no lo han hecho con la decisión y rapidez necesaria. El punto más álgido es que los títulos tradicionales de dominio, aceptados por la Ley Indígena, todavía en una gran proporción no se han hecho efectivos.

La sociedad chilena, abierta o solapadamente, sigue discriminando a los mapuches. No hay una sola figura indígena en la televisión pública. Brillan por su ausencia los profesionales mapuches en los cargos de poder político –salvo algunos municipios rurales y escasa representación entre los diputados– o de conducción económica. A nivel de las letras y las artes ha habido mayor apertura, pero no hay Premios Nacionales indígenas. Mientras se desalojaba por la fuerza la Municipalidad de Curacautín, la gente se movía al grito: “el que no salta es mapuche”.

Resuena actual la canción de la Violeta: “Arauco tiene una pena…”. Pero esa pena hoy es de todo Chile.

El vacío de incomprensión e indolencia ha sido llenado por la protesta indígena y por actos violentos llevados a cabo por grupos extremistas minoritarios, pero que cuentan con el amparo de un pueblo que puede rechazar sus acciones y votar mayoritariamente por la centro derecha, pero que no está dispuesto a colaborar con las policías para poner atajo a sus planes.

Hasta hace poco en la elite santiaguina predominaba un enfoque unilateral del problema, que ponía el acento sólo en el orden público y en la necesidad de restablecer el imperio de la ley, sin percatarse que la violencia es la manifestación más visible de un malestar difuso que ha ido creciendo con el tiempo. Esa mirada ha ido cambiando: por ejemplo, algunas grandes empresas empiezan a asociarse con comunidades indígenas fomentando el emprendimiento. Pero la experiencia, siendo valiosa, es incipiente. Y todavía no existe a nivel nacional un acuerdo compartido para implementar una política indígena de largo aliento.

Por diversas razones, que podría explicitar en otra ocasión, un ejemplo a seguir es Nueva Zelandia con su trato al pueblo maorí. Pero estamos a años luz de esa realidad. Lo importante es tener un norte y ahora apurar el paso.

El Gobierno tiene un desafío de orden público difícil de enfrentar, cuando los grupos más extremos se han diversificado y han adquirido mayor capacidad operativa, como lo demuestran los descarrilamientos de trenes de carga, el atentado contra la torre de control del aeropuerto, el corte de caminos, la quema reiterada de camiones y maquinaria agrícola y forestal y el intento de volar el viaducto del Malleco. La ocupación simultánea de varios municipios demuestra que cuentan con un cierto apoyo social. La visita relámpago del ministro Víctor Pérez a la zona no parece haber calmado los ánimos.

Para restablecer la tranquilidad es indispensable destapar la olla a presión. Insistir sólo en el actuar policial y militar puede ser contraproducente y caer en la trampa de los sectores extremistas que buscan precisamente “agudizar las contradicciones” y mostrar que el Estado chileno es hostil al pueblo mapuche en cuanto tal.

La autoridad debería poner urgencia, aunque sea tarde, a una agenda indígena positiva. En primer lugar, resolver la representación indígena en la futura Convención constitucional reservando un número a asientos para sus diputados. Además, debe cambiar la institucionalidad que se relaciona con el tema, la que se ha demostrado inoperante, burocrática y no exenta de corrupción. Me refiero a la CONADI, que tiene la anomalía de contar en su dirección con representantes elegidos de las distintas etnias, siendo que luego ellos pueden incidir en la implementación de las políticas públicas hacia esos sectores, lo cual ha generado una relación clientelar donde prima muchas veces el “amiguismo”; además tampoco es transparente y serio el mercado de la compra de tierras para responder a las demandas legales de las comunidades.

Al estar radicado el tema indígena en el Ministerio de Desarrollo Social, queda siempre postergado a un segundo plano por las urgencias coyunturales de esa cartera. Entonces, los temas escalan hasta La Moneda y suelen golpear las puertas del Ministerio del Interior, cuando no llegan directamente al escritorio del Presidente. No hay una autoridad de alto rango que se haga responsable del asunto en forma exclusiva. Por eso es importante que se ponga urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, termina con la CONADI y crea una Agencia de Desarrollo Indígena, como su brazo operativo. Ese proyecto duerme hace 10 años en el Parlamento. El ministro Moreno anunció que lo impulsaría, pero luego, una vez más, las urgencias de otros problemas determinaron que saliera de la agenda legislativa. No se trata de aumentar el gasto y la burocracia estatal, ni tampoco pensar que el nuevo ministerio va a resolver los problemas por su sola existencia, sino de modernizar un sector del aparato público para hacer más eficaz y pertinente el actuar del Estado.

Otro tanto ocurre con el proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas como organismo representativo autónomo con competencia para evacuar consultas intersectoriales requeridas por el Convenio 169 de la OIT y entregar su opinión sobre las políticas indígenas en general. Ese Consejo podría articularse con consejos por cada una de las principales etnias, que presentan características diversas. En el caso mapuche existe la experiencia histórica de sus Parlamentos.

El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios debiera, en cambio, quedar para el futuro debate sobre la nueva Constitución. Por su importancia y significación requiere una discusión más de fondo. Sobre su contenido tampoco se advierte que exista aún un consenso suficiente en la sociedad.

Poner de relieve una agenda positiva en el tema indígena podría contribuir a ir desactivando la lógica del enfrentamiento, que peligrosamente se asoma en el horizonte. Quienes han sufrido la violencia deberían ser los más interesados, porque ellos deben seguir conviviendo con el pueblo mapuche y deben entender que deben hacerlo de un modo más solidario.

La pena de Arauco es de mapuches y no mapuches. Es una herida abierta en el alma de Chile.

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