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Publicado el 4 enero, 2021

José Antonio Viera-Gallo: Año de definiciones

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Será este año un tiempo de debates y decisiones. Es de esperar que la Convención no sólo logre los acuerdos necesarios con el quórum requerido, sino que se acierte con un texto constitucional que pase la prueba de la historia, el más exigente de todos los exámenes. Sumemos a lo anterior la contienda presidencial, y tendremos la prueba de que hemos entrado en “modo deliberativo”.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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2021 será en cierto sentido un año clave. La Convención Constitucional está llamada a elaborar por amplio consenso una nueva Carta Fundamental, que debería marcar una nueva etapa en el desarrollo del país, una suerte de cuarta República. En esa tarea los convencionales deben tomar opciones sobre muchos temas cruciales.

Indicaré tres:

1.- Los principios que van a caracterizar al nuevo Estado en su relación con los ciudadanos, el mercado y la sociedad civil. Se discutirá sobre el concepto de “Estado social” como contrapartida a una visión de Estado mínimo propia del neoliberalismo. El primer concepto aparece en las Constituciones de Alemania y España, y en algunas de América Latina, e implica un compromiso más activo y permanente con los derechos económicos, sociales y culturales. Y hoy añadiríamos el respeto a los equilibrios ecológicos y a la biodiversidad. Este debate supondrá una discusión sobre los principios de subsidiariedad y solidaridad y determinar cuáles derechos o bien que aspectos de ellos podrían ser reclamados ante los tribunales, lo que supone un análisis del recurso de protección y de los recursos consagrados por la legislación sectorial. Otro aspecto será si el Estado recupera su capacidad empresarial propia o en sociedad con la empresa privada y en que ámbitos.

2.- Otro tema a discutir será la arquitectura institucional del Estado. A partir de las nociones de Estado unitario y de régimen presidencial, se plantearán varias disyuntivas:

a) El grado de descentralización, tanto en materias políticas como administrativas y económicas, sobre todo de los gobiernos regionales, hoy con una configuración incoherente.

B) La amplitud de la autonomía constitucional de ciertos órganos del Estado. Demos por descontada la independencia del Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público y el Servicio Electoral, se analizará en la Convención el criterio para definir si otros organismos públicos deben disponer también de ese estatus de autonomía constitucional, o continuar con un rango meramente legal.

C) Habrá que decidir sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, tema central para alcanzar un buen gobierno con adecuada fiscalización y alternancia política. Algunos abogan por un sistema semi presidencial, pese a las experiencias de Francia y sobre todo del Perú. Lo hacen en el afán de asegurar que el Gobierno cuente con mayoría parlamentaria. Esta alternativa supondría un cambio del sistema electoral proporcional actual, lo que se advierte como algo bien improbable. Otro camino es reforzar las atribuciones del Congreso manteniendo el régimen presidencial. Incluso podría crearse la figura de un jefe de gabinete con ciertas funciones propias, pero siempre bajo el mando jerárquico del Presidente.

3.- El otro punto será la relación del Estado con la sociedad civil y sus organizaciones, que normalmente se encubre bajo el concepto de participación. El desarrollo de Internet supone un cambio de los ciudadanos con el poder. No basta ahora con asegurar una adecuada representación de la soberanía. La gente, más informada, quiere acceder a los datos públicos, que el Estado sea más transparente y accesible y así poder incidir en las decisiones públicas, sobre todo en aquellas que los atañen directamente.

Hasta ahora el sistema de acceso a la información pública y la transparencia activa del Estado ha funcionado en general bien. Lo mismo se puede decir del Consejo para la Transparencia. En cambio, los mecanismos de participación introducidos en la Ley de Bases de la Administración del Estado han tenido un desempeño más bien feble y rutinario. La nueva Constitución debería reconocer explícitamente el principio de transparencia de la gestión pública y el derecho de acceso a la información en poder del Estado, para robustecer el sistema actual y evitar oscilaciones en la jurisprudencia.

Además los convencionales tendrán que pronunciarse sobre la conveniencia de introducir mecanismos de democracia directa, como las consultas no vinculantes, los referéndum, la iniciativa popular de ley y el referéndum derogatoria de ley y el aumento de las hipótesis de plebiscito. Estos instrumentos bien diseñados pueden contribuir a mantener la vitalidad de una democracia, gracias a un contacto más fluido entre gobernantes y gobernados, sin alterar las características propias de un régimen representativo. La idea de participación va íntimamente unida a la de control ciudadano como antídoto a los abusos y las desviaciones de poder, la corrupción y las arbitrariedades, temas que estuvieron presentes en las grandes movilizaciones sociales antes de la pandemia.

Como se puede apreciar, será este año un tiempo de debates y decisiones. Es de esperar que la Convención no sólo logre los acuerdos necesarios con el quórum requerido, sino que se acierte con un texto constitucional que pase la prueba de la historia, el más exigente de todos los exámenes. Ha habido casos en que ello ha sido posible (Italia con la constituyente de post guerra), y otros en que la nueva Constitución se la ha llevado el vendaval de los acontecimientos (la Cuarta República francesa no superó el desafío de la descolonización de Indochina, y Argelia o Venezuela el rumbo autoritario del régimen chavista, tanto que se habla de fraude constitucional).

Sumemos a lo anterior la contienda presidencial, y tendremos la prueba de que hemos entrado en “modo deliberativo”.

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