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Publicado el 29 de octubre, 2018

José Antonio Viera-Gallo: Acuerdos parlamentarios

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

El Parlamento es el lugar institucional de la confrontación de ideas, donde debe imperar la argumentación política con el propósito de convencer y con capacidad para dejarse convencer. Cuando la discrepancia permanece, entonces el tema se zanja por votación. Pero la intencionalidad primera debe ser alcanzar el consenso, como ocurrió en el Senado con el proyecto de Aula Segura que obtuvo el respaldo de una inmensa mayoría: solo un senador manifestó su disenso.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El acuerdo alcanzado en el Senado sobre el proyecto contra la violencia en los establecimientos educacionales es una buena noticia que deja varias lecciones. En Chile el principal impulsor legislativo es el gobierno, que en este período no cuenta con mayoría en ninguna de las dos ramas del Congreso. Cuando el Gobierno presenta una iniciativa sobre un problema real y está dispuesto a mejorarla en el Parlamento, encuentra el respaldo suficiente. Favorece este resultado cuando el proyecto cuenta con un amplio respaldo en la opinión pública, como ocurre en este caso. Así ha pasado, por ejemplo, con proyectos relativos a combatir la corrupción, reconocer la identidad de género y la libertad condicional.

 

No es justo hablar de sequía legislativa, como tampoco de obstruccionismo opositor. Lo que hay es un diálogo no exento de dificultades entre dos poderes del Estado con distinta orientación política llamados a participar activamente en el proceso legislativo. El debate en el proyecto de Aula Segura en el Senado no fue fácil, pero terminó en un acuerdo, que  será sometido a una revisión en la Cámara de Diputados.

 

Normalmente los proyectos se inician por la Cámara Baja. En el proyecto de Aula Segura el Gobierno decidió invertir el orden y comenzar su tramitación por el Senado.

 

El Senado y la Cámara de Diputados, contando con iguales potestades legislativas, tienen un espíritu diferente. Normalmente los proyectos se inician por la Cámara Baja, que opera como un filtro mediante fuertes controversias, muchas veces con claras referencias ideológicas, principalmente en la discusión general de las ideas matrices de una iniciativa legislativa; en tanto, el Senado aparece como la instancia en que se pueden revisar los proyectos con mayor detención y en un clima de menor confrontación, alcanzar acuerdos sustanciales. En el proyecto de Aula Segura el Gobierno decidió invertir el orden y comenzar su tramitación por el Senado. Habrá que esperar ahora la reacción de los diputados frente al consenso alcanzado. Es posible que los que representan a las mismas corrientes políticas que dieron su apoyo en el Senado, tengan una predisposición más favorable a respetar las líneas gruesas del acuerdo alcanzado, mientras que los diputados del Frente Amplio planteen una actitud más crítica y que en ese conglomerado se produzcan diversas opiniones, como ha ocurrido en casos anteriores. Ya anuncian propuestas de cambio los diputados DC y de diversas corrientes de izquierda en línea con proyectos presentados con anterioridad sobre la materia.

 

Frente a una disparidad significativa de criterios entre ambas cámaras, se abre siempre una nueva posibilidad de solución en la Comisión Mixta, innovación institucional interesante de la actual Constitución, que se ha demostrado eficaz para armonizar puntos de vista entre las dos ramas del  Congreso. El Ejecutivo tiene además la última arma del veto, que opera con mayor eficacia para impedir el nacimiento de una nueva norma. Entre nosotros solo hay ley cuando coinciden las voluntades de las mayorías del Senado y de la Cámara y del Ejecutivo, según los quórum exigidos por la Constitución.

 

Varias iniciativas claves del Gobierno concentrarán la atención pública: la reforma tributaria,  la previsional, la de Isapres y la laboral.

 

Veremos también qué sucederá con la discusión de la Ley de Presupuesto, que tiene una tramitación especial y donde tradicionalmente el Gobierno y la oposición llegan a un acuerdo que se plasma en un protocolo adicional. Desde el retorno a la democracia el Congreso ha aprobado a tiempo el Presupuesto, sin que se haya aplicado la norma constitucional que da valor al Presupuesto presentado por el Gobierno en caso que el Congreso no lo despache dentro de plazo.

 

Varias iniciativas claves del Gobierno concentrarán la atención pública: la reforma tributaria,  la previsional, la de Isapres y la laboral. La primera, por mandato constitucional, debe comenzar su tramitación en la Cámara de Diputados, mientras que las otras  pueden hacerlo en cualquier cámara. Es probable que el Ejecutivo decida seguir el mismo itinerario que el del proyecto de Aula Segura buscando un acuerdo político al inicio de su tramitación.

 

Cuando se discute sobre la “política de los acuerdos” de los años 90 se apunta, precisamente, a una situación de mayor responsabilidad cívica que favorecía el entendimiento.

 

El resultado de la última elección parlamentaria introdujo una diferencia importante entre las dos corporaciones legislativas: en la Cámara el Frente Amplio tiene una significativa presencia con 20 diputados, en tanto que solo cuenta con un senador, y el PC cuenta con 8 diputados, pero  no tiene representación en el Senado. Esta circunstancia determina que los equilibrios políticos en ambas corporaciones sean bien diferentes. Para usar un lenguaje simple que nunca me ha  convencido, se podría decir que en el Senado opera el espíritu de la Concertación, mientras que en la Cámara lo hacen los de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio. El comportamiento y la coordinación de las fuerzas opositoras transcurren por carriles diferentes en ambas cámaras: en la Cámara es más fácil que, además, se produzcan disensos al interior de los grupos parlamentarios haciendo más difícil alcanzar la mayoría necesaria.

 

En todo caso, como lo demuestra el proyecto de Aula Segura, el éxito de cualquier iniciativa legislativa gubernamental depende sobre todo del clima político general imperante en el país y de la decisión que demuestren las autoridades en llevar adelante una determinada propuesta. Si cundiera la polarización política, se harían más difíciles los acuerdos parlamentarios. Cuando se discute sobre la “política de los acuerdos” de los años 90 se apunta, precisamente, a una situación de mayor responsabilidad cívica que favorecía el entendimiento. Lo que no quiere decir que los acuerdos hayan sido fáciles. Muchos de ellos tardaron largos años en producirse, como ocurrió con el término de los principales enclaves autoritarios que fueron eliminados en la reforma constitucional del 2005. Pero, en general, se operaba buscando el mayor consenso posible en el Congreso, como auspiciaba Kelsen al defender el rol del parlamento en la democracia.

 

Denostar los acuerdos  es sustraerse de la deliberación política democrática. El Parlamento es el lugar institucional de la confrontación de ideas, donde debe imperar la argumentación política con el propósito de convencer y con capacidad para dejarse convencer. Cuando la discrepancia permanece, entonces el tema se zanja por votación. Pero la intencionalidad primera debe ser alcanzar el consenso, como ocurrió en el Senado con el proyecto de Aula Segura que obtuvo el respaldo de una inmensa mayoría: solo un senador manifestó su disenso.

 

Por otra parte, si el Gobierno no manifiesta con claridad y persistencia su voluntad de impulsar ciertas reformas, sin caer en el sectarismo o la cerrazón, los proyectos pueden empantanarse sin llegar a puerto. Además esa decisión es indispensable para obtener y mantener el respaldo de las bancadas parlamentarias oficialistas, que pueden verse tentadas en promover sus agendas particulares o recurrir a instancias de control, como  el Tribunal Constitucional, para impedir que ciertas normas adquieran plena vigencia contradiciendo la postura del Gobierno. Cuando la dispersión se apodera de Chile Vamos, entonces las autoridades se ven debilitadas para alcanzar acuerdos con la oposición. Puede ocurrir también que un partido oficialista se sume a la oposición cuestionando algún punto específico de un proyecto, como sucede con Evópoli respecto a la disminución de las subvenciones a importantes instituciones culturales en la Ley de Presupuesto: en tal caso, el Gobierno está forzado a ceder.

 

El Parlamento, al final de cuentas, refleja lo que ocurre en la sociedad. Si bien en muchos países los ciudadanos muestran una visión crítica respecto de su funcionamiento, no se ha ideado otra fórmula institucional  mejor para fiscalizar,  legislar y servir de contrapeso político al poder de los Gobiernos. El espíritu democrático debe estar siempre dispuesto a los acuerdos, sin escabullir el debate ni la manifestación de las propias ideas.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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