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Publicado el 12 de noviembre, 2018

José Antonio Viera-Gallo: Aborto, laicismo y pluralismo

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo

Lo razonable para que se garantice la convivencia pacífica es que el Estado asegure un razonable pluralismo institucional dentro de un marco jurídico general. Para los casos de aborto de emergencia, no puede regir la objeción de conciencia –como lo ha reconocido el Rector de la PUC– pues está en peligro la vida de la madre, pero para los demás bastaría con asegurar un sistema eficiente de derivación hacia algún otro establecimiento de salud que hubiera en la comuna.

José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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En toda sociedad las creencias y convicciones deben ser respetadas. Sobre todo en materias religiosas, que suelen ser pasto de cultivo para la intolerancia y el fanatismo, siendo que por el contrario –como afirmaba Giordano Bruno– la religión (y su contrapartida, la secularización) deberían servir para afianzar la estabilidad de la república. Es un asunto que interesa sobre todo a los hombres.

 

El Estado debe ser neutral en lo referente a lo sagrado, a la filosofía, a las ciencias y a las artes. Costó mucho lograr que se separara de la Iglesia y que ésta aceptara su legítima autonomía, que se funda en el reconocimiento de los derechos humanos, entre ellos la libertad de conciencia y de pensamiento para buscar y expresar la verdad, que será siempre parcial y provisoria a medida que los humanos vamos progresando en la historia. Por afirmar ese derecho G. Bruno fue condenado a muerte por la Inquisición en pleno renacimiento. Una estatua recuerda hoy su figura de humanista y pensador en la Piazza Campo dei Fiori en el centro de Roma. La Iglesia terminó por aceptar la modernidad y la autonomía de la política y el derecho con la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y los documentos del Concilio.

 

Una forma de entender esa libertad conquistada es –como sucede en Francia– imponer la ley a todos los ciudadanos por igual, independientemente de sus creencias: es el laicismo.

 

El problema está hoy en el campo del Estado, que se define pluralista y democrático. Una forma de entender esa libertad conquistada es –como sucede en Francia– imponer la ley a todos los ciudadanos por igual, independientemente de sus creencias: es el laicismo. Se expresa, por ejemplo, en la prohibición de que alumnos y profesores porten signos religiosos en las escuelas públicas o que éstos tengan alguna cabida en los recintos del Estado. Esta actitud ha llevado a más de un conflicto con la comunidad musulmana que se nutre de inmigrantes. Otra forma de reaccionar es la de la sociedad norteamericana, donde el Estado permite que cada cual exprese públicamente sus creencias incluso en lugares públicos y que las organizaciones de la sociedad civil  definan cultural o religiosamente su identidad y la mantengan frente al Estado.

 

Traigo a colación estas reflexiones por la polémica actual sobre la objeción de conciencia institucional y el reglamento de la ley que permite el aborto en tres causales. Algunos razonan “a la francesa”: el Estado puede y debe imponer una regla igual para todas las instituciones que colaboran con sus prestaciones en el campo de la salud, de lo contrario no podrían recibir aportes financieros públicos. Es decir, se pretende imponer a los establecimientos de salud dependientes de la Iglesia que para seguir participando de la red pública de salud, deban realizar ciertos servicios que van contra las convicciones del personal que trabaja en ellos y la definición institucional de esos hospitales o policlínicos. Y el instrumento para lograrlo es la amenaza de suspender el flujo de recursos públicos para todas sus actividades sanitarias, que atienden a miles de personas. Un caso emblemático es el Hospital de San Bernardo.

 

La autoridad debe reconocer la libertad y el pluralismo en materias valóricas. No sólo a los individuos, sino también a las instituciones. ¿Puede el Estado, por ejemplo, propiciar un criterio de homologación análogo para la educación particular subvencionada? ¿En qué quedaría la libertad de enseñanza? ¿No establece acaso la ley que, por ejemplo, en materia de educación sexual los colegios pueden optar entre diversos modelos o tipos de enseñanza?

 

Frente al laicismo decimonónico que tuvo su razón de ser en la confrontación con la Iglesia, debemos encaminarnos a una laicidad respetuosa de la pluralidad de creencias de todos los ciudadanos.

 

Lo razonable para que se garantice la convivencia pacífica es que el Estado asegure un razonable pluralismo institucional dentro de un marco jurídico general. Para los casos de aborto de emergencia, no puede regir la objeción de conciencia –como lo ha reconocido el Rector de la PUC– pues está en peligro la vida de la madre, pero para los demás bastaría con asegurar un sistema eficiente de derivación hacia algún otro establecimiento de salud que hubiera en la comuna. Además, a poco andar las mujeres sabrían que en ciertos hospitales y consultorios no se practica el aborto e irían directamente a aquéllos en que su caso sería atendido.

 

Frente al laicismo decimonónico que tuvo su razón de ser en la confrontación con la Iglesia, debemos encaminarnos a una laicidad respetuosa de la pluralidad de creencias de todos los ciudadanos. El Presidente Macron ha auspiciado en Francia “un pacto republicano” entre el Estado laico y las organizaciones religiosas para la construcción de la sociedad. Se trata de una laicidad de colaboración y mutuo respeto. Macron en el Colegio de los Bernardinos afirmó: “Lo que golpea a nuestro país no es solamente la crisis económica. Es el relativismo. Es incluso el nihilismo. Es todo lo que da que pensar que nada vale la pena. No vale la pena aprender. No vale la pena trabajar. Y sobre todo no vale la pena tender la mano y ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo”.

 

Hay que dejar de lado las confrontaciones estériles y trabajar por el cumplimiento de una ley de la república que favorece a las mujeres, respetando las convicciones de todos.

 

 

FOTO: SANTIAGO MORALES/AGENCIAUNO

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