Cuando un diputado asume su cargo, tiene que hacer un juramento o promesa de desempeñarlo fielmente y de respetar la Constitución y la Ley. Entre otras cosas, nuestras leyes establecen el ordenamiento jurídico, la forma de relacionarnos y las sanciones que resultan de su quebrantamiento. Es por ello que la reunión secreta de los diputados Boric y Orsini con Palma Salamanca representa una afrenta a nuestro ordenamiento jurídico, un grave daño al honor a nuestra institucionalidad y, por qué no decirlo, una traición a nuestra patria.

 

Lo es, porque los diputados no son ciudadanos comunes y corrientes. Son autoridades, representan al Estado de Chile y fue en esa condición, no en otra, en la que se reunieron con un terrorista condenado por el asesinato de un senador de la República y que está prófugo desde 1996. Ni más, ni menos.

 

¿Por qué no se reveló nada de esa reunión una vez que ésta se concretó?

 

Más allá de que el viaje haya sido financiado por la Comunidad Palestina en Chile, lo concreto es que la Cámara de Diputados le dio el carácter oficial a esa visita, le entregó inmunidad diplomática a los diputados para viajar e, incluso, le dieron permiso para ausentarse del Congreso. El desvío a París para juntarse con un terrorista no era parte de ese acuerdo y fue hecho a espaldas de la institucionalidad a la cual el pertenece.

 

Un segundo hecho reprochable, tiene que ver con el secreto sobre la reunión. Si tanto se cree en la inocencia de Palma Salamanca, ¿por qué no se anunció que se reunirían con él de manera previa? ¿Por qué no se reveló nada de esa reunión una vez que ésta se concretó? ¿Por qué tuvieron que pasar dos meses para que un diario lo expusiera y no fueron ellos, de manera transparente, quienes revelaron este hecho?

 

Fue una reunión clandestina entre un prófugo de la justicia y sus cómplices de clandestinidad. Gabriel Boric y Maite Orsini eligieron ocultar esto a la opinión pública y luego usaron su plataforma pública para defender a Palma Salamanca y afirmar que es inocente, sin revelar su grave conflicto de interés. Nuevamente, un engaño o un acto de traición a la Patria, por la incapacidad de unos diputados de decir la verdad y validar sus argumentos de manera pública.

 

Un último elemento, tiene que ver con la coherencia para cuestionar este hecho. La izquierda, desesperada por esta revelación, ha tratado de empatar las cosas, afirmando que muchos de nosotros hemos ido a visitar a militares presos en Punta Peuco. Eso es verdad, y no hay ninguna falta en ello. Hemos ido a conocer las historias de algunos que dicen estar injustamente encarcelados y de otros que, estando condenados, no están en condiciones humanitarias para sobrellevar esa prisión. Pero en ambos casos estamos hablando de personas que están condenadas y que están en la cárcel, sirviendo sus condenas. Cada visita ha sido registrada y publicitada, porque no hay nada que ocultar ni nada de qué avergonzarnos.

 

El caso de Ricardo Palma Salamanca es totalmente opuesto. Se trata de un terrorista condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Que se fugó de la justicia en 1996 y que siguió en clandestinidad, aparentemente cometiendo delitos en México, y que recién ahora se acoge a la justicia francesa para conseguir el asilo. Reunirse con alguien en la cárcel en Chile no es lo mismo que juntarse con un prófugo en un café. Sea de izquierda o de derecha, no es aceptable.

 

Por estas razones, este caso reviste la mayor gravedad y requiere de una acción decidida de los parlamentarios, especialmente de la UDI. El daño al proceso de extradición de Palma Salamanca puede ser de gran magnitud, pero el daño a la institucionalidad, es irreparable. Este hecho no puede quedar impune y corresponde que estos Diputados sean sancionados con el mayor rigor por un acto que, esencialmente, es una traición a la Patria.

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO