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Publicado el 13 abril, 2021

José Antonio Calvi y Tomás Henríquez: Futuro de la libertad religiosa en América Latina

Presidente Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa / Director de Área para América Latina y el Caribe ADF International José Antonio Calvi y Tomás Henríquez

Existe un caso que se encuentra ad-portas de ser fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que representa un potencial perjuicio considerablemente mayor que el de las prohibiciones de la pandemia en contra de la libertad de culto.

José Antonio Calvi y Tomás Henríquez Presidente Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa / Director de Área para América Latina y el Caribe ADF International
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La pandemia ha sido una para todos los países y ha golpeado con especial fuerza en América Latina. La mayoría de los gobiernos de la región han hecho su mejor esfuerzo para mitigar sus efectos, pero no cabe duda de que no todos han sido acertados. Al daño del virus se ha sumado el inconmensurable perjuicio ocasionado por algunas de las restricciones o prohibiciones que, en múltiples ocasiones, han exhibido desproporción, falta de razonabilidad y un trato desigual, como es en el caso de las restricciones a la libertad religiosa y de culto.

Pero por gravísimo que sea aquello, existe un caso que se encuentra ad-portas de ser fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que representa un potencial perjuicio considerablemente mayor que el de las prohibiciones de la pandemia en contra de esta libertad. Se trata del asunto de Pavez Pavez v. Chile, que pone en tela de juicio la autonomía de las comunidades religiosas y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa acorde con sus convicciones.

Sandra Pavez dictaba clases de religión católica en una escuela municipal de la comuna de San Bernardo, Chile. Cuando en la diócesis local se enteraron de que ella estaba en una relación romántica con otra mujer, contraviniendo las enseñanzas de la Iglesia Católica, le informaron que ya no podrían certificarla como idónea para enseñar la fe católica a sus mismos fieles, con lo que legalmente no podía seguir impartiendo la clase. Sin perjuicio de ello, la Sra. Pavez continuó con su vínculo laboral inafectado, asignándosele nuevas funciones, siendo incluso promovida a miembro del equipo directivo de la escuela en que trabaja.

La mujer demandó a la Iglesia por discriminación, pero su demanda fue rechazada tanto por la Corte de Apelaciones local como por la Corte Suprema de Chile. En 2008 llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy el caso se encuentra ante la CIDH y se espera que el fallo sea emitido durante 2021. De la decisión de la Corte dependerá si escuelas Católicas, Evangélicas, Judías, Musulmanas o de cualquier otra comunidad religiosa, podrán procurar que sus educadores religiosos guarden sus deberes de fidelidad hacia la fe que voluntariamente dicen profesar y si los Estados respetarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones.

El caso tiene un indudable interés público para toda la región, y se litiga en un contexto en que la CIDH no ha desarrollado una jurisprudencia relevante sobre la materia. Sin embargo, ha de destacarse que asuntos como este no son nuevos. La Corte Europea y el Comité de DDHH, así como las más altas cortes de numerosos países han convergido en reconocer y proteger el principio de la autonomía de las comunidades religiosas. Sin embargo, la CIDH pretende que aquel sea desconocido en términos absolutos, pretendiendo que la Sra. Pavez fuese “una profesora más”, omitiendo la relevancia jurídica de la dimensión religiosa de su tarea. El resultado es, en todo caso, incierto. De aceptar lo pedido por la Comisión, la CIDH rompería con lo que ha sido el incuestionable consenso internacional, adoptando una posición extrema que de alguna forma degradaría esta libertad y derecho humano a una categoría inferior, de manera inaceptable.

Sin duda, las tensiones presentes en nuestras sociedades hacen prever que conflictos como éste serán cada vez más visibles. Es el deber de todos encontrar formas de coexistencia pacífica y respetuosa de la justicia. Pero si la libertad en cuestión significa algo, es que el Estado no ha sido dotado del poder de incidir en la decisión sobre quién es moralmente idóneo para actuar en representación de una determinada comunidad de fe, ni para educar sobre aquella a sus miembros. Una conclusión como aquella no debiera ser controversial, y esperamos que así lo vea la Corte. Esperamos, entonces, que ella no ignore el derecho humano básico a la libertad de religión ni el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos. De su decisión depende no sólo el ejercicio de estos derechos humanos en Chile, sino para toda América Latina y las comunidades religiosas de toda la región.

  1. Gabriel Berczely dice:

    Realmente un tema muy interesante. En lo personal concuerdo con la noción de que debe haber consistencia entre lo que uno enseña y lo que realmente hace frente a esa enseñanza. Y debiera ser facultad de la institución la de determinar si una persona es la idónea para actuar en representación de una comunidad de fe.
    El tema se complica en situaciones menos evidentes. Por ejemplo, un club deportivo que adopte formalmente la religión católica como guía de esa institución. En este caso, cualquier postulante que no comulgara con la fe, por ejemplo homosexuales, o incluso divorciados, podrían ser rechazados. Sería altamente probable que ganen un juicio por discriminación.
    todo un tema, y muy probablemente vayamos a ver muchos casos de esta naturaleza

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