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Publicado el 2 septiembre, 2020

José Alonso Ugolini: Derecho sin Estado

El problema no es nuevo: durante las últimas décadas el Estado ha ido perdiendo herramientas para mantener el orden público, y ha renunciado a utilizar las pocas que le quedan. Tenemos una ley antiterrorista prácticamente imposible de aplicar, una agencia nacional de inteligencia bastante tontorrona, una policía desprestigiada

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Este sábado, el Presidente Piñera nos deleitó nuevamente con una de sus bromas, pidiendo al coronavirus “que nos deje tranquilos y se vaya del país”. Coincidimos con los anhelos del Mandatario, pero sabemos que los problemas no se solucionan por mero voluntarismo.

Lo triste es que el Ejecutivo parece ver en el voluntarismo no solo la solución a la pandemia, sino también a los graves problemas de seguridad pública -y derechamente terrorismo- que afectan a nuestro país, especialmente en la denominada “zona de conflicto mapuche”. En los últimos días hemos sido testigos de nuevos ataques -entre otros, un dramático testimonio de múltiples incendios a orillas del lago Lanalhue-, mientras gremios de camioneros han iniciado un paro en búsqueda de seguridad para sus choferes, camiones y cargas. Frente a ello, el Presidente ha sostenido que no permitirá “que se violente el Estado de Derecho”.

A mi juicio, el problema no es que se esté violentando el Estado de Derecho, sino que el Derecho se está quedando sin Estado. En efecto, desde octubre de 2019 el Presidente de la República ha ido claudicando cada vez más en el ejercicio de su autoridad para la conservación del orden público, mientras algunos parlamentarios de izquierda se han restado sistemáticamente de la condena a la violencia, especialmente cuando ésta se utiliza como herramienta política.

De este modo, el Estado ha ido renunciando paulatinamente al ejercicio de lo que, según Max Weber, lo define como tal: el monopolio de la violencia legítima y de los medios de coacción. Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su libro “Por qué fracasan los países”, ven precisamente en la incapacidad del Estado para imponer la ley y el orden, y en consecuencia para proporcionar servicios públicos y fomentar y regular la actividad económica, una de las razones del fracaso institucional y económico de las naciones. Los índices de pobreza de la Región de la Araucanía y la precariedad en la que se encuentra su población -mapuches y no mapuches- parecen validar su teoría.

El problema no es nuevo: durante las últimas décadas el Estado ha ido perdiendo herramientas para mantener el orden público, y ha renunciado a utilizar las pocas que le quedan. Tenemos una ley antiterrorista prácticamente imposible de aplicar, una agencia nacional de inteligencia bastante tontorrona, una policía desprestigiada, etcétera.

Todo ello, en el contexto de un fenómeno social que ha significado una pérdida del respeto hacia las fuerzas de orden y, en general, a quienes ejercen la autoridad en todo ámbito: político, judicial, religioso, educacional, e incluso familiar. En resumen: un deterioro social e institucional, que hace más difícil contar con las condiciones necesarias para cada uno de nosotros consiga el mayor nivel de bienestar espiritual y material posible.

No niego la necesidad de diálogo y de la implementación de políticas que permitan superar el denominado conflicto mapuche y en general los graves problemas sociales que enfrenta el país. Pero sin renunciar a mantener el orden público. Para ello, es necesario que los tres poderes del Estado se encaminen a contar con una institucionalidad que lo permita: una policía más profesional y empoderada; una institucionalidad de inteligencia robusta; una legislación antiterrorista práctica y eficaz. Y por último, lo más importante: la valoración social del orden público como un bien jurídico a resguardar, y la voluntad política necesaria para ello.

Para cerrar, una anécdota. Hace poco más de una década, fui a un bar en un pequeño pueblo de Guatemala a orillas del Lago Atitlán: un lugar maravilloso, con un paisaje similar al de Villarrica o Pucón. En la entrada me sorprendió un letrero: “Por favor deje sus armas afuera”. Creí que era broma, pero el barman me sacó de mi error: la zona había sido desmilitarizada de la guerrilla hacía muy poco tiempo, por lo que el letrero tenía su razón de ser. Orgulloso, le dije que en Chile algo así sería imposible. Hoy no estoy tan seguro. ¿Y usted?

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