Hace unos días la casa de subastas Christie’s anunció que durante el mes de mayo rematará una de las obras más icónicas de Andy Warhol: “Shot Sage Blue Marilyn”, uno de los cinco cuadros que el artista pintó de la actriz: pelo amarillo, cara rosada y sombra de ojos azul, sobre un fondo celeste, fue la paleta elegida por el artista. Con su venta se espera recaudar más de 200 millones de dólares, que serán destinados por la actual propietaria del cuadro, la Fundación Thomas y Doris Ammann, a obras benéficas en favor de los niños.

Afortunadamente el remate no se efectuará en Chile: acá sería impensable obtener un precio así por ese cuadro. Y no lo digo solamente por la realidad económica del país. Es un problema más de fondo: a la luz de recientes acontecimientos, la cotización de los rubios y las rubias en Chile está a la baja. 

No puede ser de otra forma después de las declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches, el pasado jueves en ICARE: mal que mal, la ministra discriminó a la población natural o artificialmente rubia, en el contexto de una presentación al empresariado de la mirada que de nuestra sociedad tiene el nuevo Gobierno. En efecto, señaló: “Ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno: si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio, y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, y agarro a los niños, y violento a toda una comunidad […]”.

Sus palabras dejan en evidencia que el discurso dirigido por el nuevo Gobierno a “todos y todas” es solo de la boca para afuera: parece que los rubios y las rubias, especialmente de Las Condes, no caben en ese universo. Al parecer, solo hacen una excepción con la ex presidenta Michelle Bachelet, quien ha exhibido distintos tonos blondos a lo largo del tiempo, sin que por ello deje de ser un referente para la coalición gobernante. 

Pero volvamos a la intervención de la ministra del Interior en ICARE: en esa misma oportunidad, volvió a defender la cosmovisión plurinacional que se le quiere imponer al país, argumentando que, sin ser parte de los pueblos originarios, ella era seguramente la más indígena de quienes integraban el panel. Porque parece que eso es lo que la lleva. Les recomiendo ver la cara de angustia de los demás panelistas cuando se les enrostró su carencia de indigenismo (disponible en www.icare.cl).

Ahora bien, en un intento de apartarnos de las caricaturas que, con sus dichos, ha dibujado la propia autoridad, me parece absolutamente grave su diagnóstico, sobre todo cuando viene de quien tiene a su cargo la Seguridad Pública al interior del país: por lo visto, estima que las distintas instituciones que participan de la lucha contra la delincuencia -policías, Ministerio Público, y Tribunales- están haciendo mal la pega, y que se dejan llevar por prejuicios económicos y sociales, permitiéndose criticar la forma cómo enfrentan la delincuencia, sin asumir que es a ella, como autoridad política, a quien le corresponde definir los criterios de seguridad pública. Por ello, ya se ganó un conflicto con la Corte Suprema, quien a través de su vocera, la rubia ministra Ángela Vivanco, le aseguró que “el Poder Judicial no tiene una formación clasista”.

Por mi parte, también considero que todas esas instituciones están haciendo mal la pega, pero no por las mismas razones que señala la ministra Izkia Siches. 

Las policías están en deuda porque su labor preventiva es prácticamente nula: casi no se ven carabineros en las calles, los controles policiales son cada vez más escasos, y la delincuencia actúa en algunos sectores -que son cada vez más- con total impunidad. Basta ver las imágenes de la guerra campal que se vivió este viernes en Estación Central, cuando los vendedores ambulantes del lugar atacaron a los estudiantes que se manifestaban, golpeándolos con palos, e incluso portando armas de fuego. Por su parte, la PDI también muestra ineficiencia en su labor: muchas veces un equipo de investigación periodística es más eficaz que la policía al momento de investigar un delito. 

El Ministerio Público también está en deuda, porque muchas de las investigaciones no se llevan adelante con la acuciosidad necesaria, e incluso se deja de hacer lo mínimo para asegurar el resultado de la acción criminal, incluso en casos emblemáticos como el de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien se pudo fugar del país para no cumplir su condena, porque en su oportunidad no se solicitó una orden de arraigo en su contra. 

Y el Poder Judicial también está al debe, porque extremando el carácter garantista que se le ha dado a su labor, ha generado en la gente la sensación de que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Y ello ha llevado a que los ciudadanos sientan la necesidad de hacer justicia por su propia mano, con el riesgo de matar a un inocente, como ocurrió recientemente en La Florida. 

Así, queda demostrado que el Estado de Chile ha sido incapaz de imponer el orden público y proteger adecuadamente la integridad de los ciudadanos frente al avance de la delincuencia, y especialmente del narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. 

Y, por las señales que se nos han dado en estos primeros días del nuevo Gobierno, es poco probable que esta realidad vaya a cambiar en los próximos cuatro años. Lamentablemente, la historia de quienes ahora gobiernan deja de manifiesto su desprecio por el Estado de Derecho, y los bienes jurídicos necesarios para el desarrollo pleno de las personas en sociedad, como son el orden público, la seguridad pública, y en definitiva la paz social. Y lo han dejado de manifiesto al desistirse de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los imputados por delitos en el contexto del “estallido social”; al no querellarse por el ataque a la propia ministra Siches en la Araucanía; o al calificar de presos políticos a los ciudadanos de ascendencia mapuche condenados por delitos tan graves como el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, lo que significa desconocer toda la institucionalidad del país. 

En fin, ante esta triste realidad, y para no ser además discriminados por ser simples nacionales y no plurinacionales, parece que lo más conveniente será adentrarse en la propia genealogía e intentar encontrar algún antepasado o gen indígena que nos permita alegar nuestra pertenencia o cercanía, como lo ha hecho la ministra Siches, a algún pueblo originario. En las farmacias están disponibles unos test genéticos que nos pueden ayudar en esa búsqueda. Y para los rubios y las rubias, especialmente quienes viven en Las Condes, he descubierto que existen unas tinturas llamadas tono sobre tono, de fácil aplicación, que les permitirán disimular tan vergonzosa cabellera. También disponible en farmacias. 

*José A. Ugolini es abogado.

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