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Publicado el 20 septiembre, 2020

José A. Ugolini: ¡Que lo funen las barras bravas!

Esta práctica, que en el último tiempo se ha hecho más masiva a través de las redes sociales, a mi modesto entender no puede ni debe ser una herramienta de reproche o condena, ya que va en contra de los más mínimos principios de convivencia en sociedad.

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Hace un par de semanas, en un educativo matinal de televisión, la expareja de un futbolista denunció haber sido víctima de violencia intrafamiliar, relatando un historial de agresiones y abusos que en nuestra sociedad son, lamentablemente, más comunes de lo que quisiéramos.

A los pocos días, consultada sobre dicha denuncia, la señora Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y Equidad de Género declaró en Radio Universo: “Aquí en nuestro país nos estamos acostumbrando a funarnos de todo, yo hago un llamado a las barras bravas. A ver, si tenemos un deportista que violenta a una mujer, ¿qué dicen las barras? Yo espero que no sean condescendiente con personas que tienen actos de violencia contra las mujeres, honestamente, yo creo que aquí no podemos tener doble discurso en el país” (www.soychile.cl, 09/09/2020).

Las palabras de la ministra me provocan una doble inquietud.

Primero, me sorprende la validación que la Sra. Zalaquett hace de la “funa” como mecanismo de sanción social. Esta práctica, que en el último tiempo se ha hecho más masiva a través de las redes sociales, a mi modesto entender no puede ni debe ser una herramienta de reproche o condena, ya que va en contra de los más mínimos principios de convivencia en sociedad. En algún momento de la evolución cultural y política, se consideró conveniente que la solución de los conflictos entre las personas fuera entregada al Estado. Ello significó la renuncia a la vindicta privada -hacer justicia por propia mano, autotutela, o simple venganza-, y exigió aceptar la vindicta pública -la aplicación de las sanciones que el Estado considera convenientes para cada acto reprochable-. Con el tiempo, el mecanismo fue perfeccionado, reconociendo ciertos derechos fundamentales de las personas frente a la persecución punitiva del Estado, entre los que se encuentran el debido proceso y la presunción de inocencia. Como comprenderán, la “funa” no respeta ninguno de esos derechos fundamentales, ya que suele condenar públicamente ante la sola denuncia de un acto reprochable, cierto o no, punible o no. Y lo que es más obvio, tampoco respeta el derecho a la honra del “funado”. El daño es mayor aún cuando, en definitiva, el Estado a través de los Tribunales de Justicia concluye que el imputado es inocente.

Pero más me sorprende que la ministra recurra a las “barras bravas” como garantes de la convivencia familiar. La Sra. Zalaquett parece desconocer que tan solo en los últimos meses dichas barras han sido protagonistas de vandalismo y destrucción en Plaza Italia o Baquedano (me niego a darle otro nombre), y sabotearon la reanudación del fútbol, provocando incluso la cancelación de partidos durante el verano. En resumen, son una de las más claras manifestaciones de validación de la violencia en nuestra sociedad.

Ya hace algunas semanas, a propósito del denominado conflicto mapuche y el paro de camioneros, me referí a la renuncia del Gobierno a ejercer las facultades con que cuenta para imponer el orden público, que constituye una de las funciones esenciales del Estado. Ahora, las palabras de la ministra Zalaquett me hacen temer que el Estado pretenda también renunciar a administrar justicia, proteger a las víctimas, y hacer cumplir las condenas. ¿Para qué, si para eso están las funas y las barras bravas?

Para hacer frente a las situaciones de violencia que afectan a gran cantidad de familias en nuestro país -no solo a mujeres, sino también a niños, a ancianos y personas en situación de discapacidad-, en el año 1994 se dictó una primera ley con el propósito de sancionar dichas conductas, y también prevenirlas. Esa legislación se ha ido perfeccionando en el tiempo, con el propósito de dar una protección efectiva a las víctimas frente a sus agresores, y sancionar a estos últimos. El problema, como en todo orden de cosas, suele ser la falta de recursos para cumplir con dichos propósitos. A modo de ejemplo, generalmente al imputado se le imponen medidas cautelares, como el abandono del hogar común o la prohibición de acercarse a las víctimas, cuyo control se hace muy difícil, dado su gran número.

Frente a esta realidad, creo necesario que se destinen más recursos a la prevención de la violencia intrafamiliar (por ejemplo, con campañas publicitarias masivas y permanentes), y a la protección de las víctimas, y dejar de lado la respuesta fácil y para la galería -donde se ubican las barras bravas- en que ha caído no sólo la ministra Zalaquett, sino también las senadoras Rincón y Sabat, que pretenden legislar para impedir la contratación de futbolistas con condenas por violencia intrafamiliar (algo así como vender el sofá de don Otto), cesantía que dejaría a la familia respectiva sin la posibilidad de contar con una pensión de alimentos. O sea, el remedio peor que la enfermedad.

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