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Publicado el 7 marzo, 2021

José A. Ugolini: Normalidad en construcción

Entre todas esas erradas decisiones legislativas, quizá la más grave fue la que no se tomó en su oportunidad: discutir una nueva Constitución en democracia, al interior del Congreso, ajustándose a las reglas que contemplaba la propia Constitución para ello.

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A fines de febrero el canciller Andrés Allamand afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que nuestro país “vivió un estallido social con jornadas de protestas y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política”, y que “hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional.” Frente a tan optimista visión, cabe preguntarse: ¿qué es lo “normal”?

La respuesta no es fácil, más aún cuando la afirmación del Canciller hace referencia a fenómenos sociales que han afectado en el último tiempo a nuestra nación, que como toda sociedad se sustenta en valores y paradigmas en constante cambio, frente a los cuales un grupo tiende a ser reaccionario (aquel que añora ese tiempo pasado que siempre fue mejor), y otro revolucionario (aquel que pretende imponer cambios radicales conforme a su ideología o cosmovisión, incluso por la fuerza). Y entre ambos extremos, se encuentran aquellos que toman palco creyéndose meros espectadores de una realidad que más temprano que tarde los afecta, condiciona y golpea.

De este modo, el marco que delimita “lo normal” suele tener una forma bastante irregular, y bordes más o menos difusos, en los que las líneas más gruesas son aquellas marcadas por el ordenamiento jurídico, a través del cual la sociedad define los valores o bienes jurídicos que quiere proteger, y el orden institucional que se quiere dar. Así las cosas, ¿qué ocurre cuando dichas líneas comienzan a desdibujarse?

A mi juicio, el denominado estallido social no provocó ni derivó en una grave crisis política, sino todo lo contrario: la grave crisis política que ha afectado a nuestro país en los últimos años, derivó en el mal llamado estallido social. En la última década, la clase política se ha dedicado, por una parte, a mirarse el ombligo, y por la otra a legislar para lo que cree que quiere la galería, abandonando la racionalidad, prudencia y responsabilidad que caracterizó a la transición democrática de los años gobernados por la Concertación de Partidos por la Democracia.

Entre los graves errores legislativos de los últimos años se encuentra el voto voluntario, en tiempos en que la educación cívica fue erradicada de los colegios, y consecuencialmente se comenzó a perder la responsabilidad ciudadana y la valorización de las elecciones como el principal instrumento de participación democrática. Otro fue la eliminación del sistema electoral binominal, y su reemplazo por un mal diseñado sistema proporcional, que ha derivado en la atomización del Congreso, permitiendo la elección de personajes de escasa representatividad y competencias para la función que desempeñan, lo que dificulta gravemente los acuerdos, que es en definitiva la esencia del debate político. A modo de ejemplo, uno de los grandes logros del presente gobierno -y quizá el único- ha sido la forma cómo se ha manejado la pandemia, y especialmente el exitoso plan de vacunación en actual ejecución. Ello ha sido posible porque dicha política pública no ha requerido de la intervención de nuestros parlamentarios: ¿se imagina qué habría ocurrido si se hubiera necesitado una ley para enfrentar el covid-19? Los honorables aún estarían discutiendo si el virus es de derecha o de izquierda. Esperemos que en la inminente discusión de la prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe, nuestros parlamentarios estén a la altura de lo que necesita el país para seguir intentando controlar la pandemia.

En esa línea, el actual debate sobre la realización de las próximas elecciones en dos días es una muestra más de la falta de criterio del mundo político: la cuestión de la custodia de las urnas de un día para otro se va a prestar para que los perdedores cuestionen los resultados y acusen fraudes y manipulaciones nocturnas o trasnochadas. Estamos ad portas de una de las elecciones más importantes de los últimos cuarenta años, y la clase política pretende experimentar con ella modificaciones de última hora a un sistema electoral que es de los más confiables y eficientes del mundo.

En fin, entre todas esas erradas decisiones legislativas, quizá la más grave fue la que no se tomó en su oportunidad: discutir una nueva Constitución en democracia, al interior del Congreso, ajustándose a las reglas que contemplaba la propia Constitución para ello. Ese ha sido a mi juicio el más grave pecado de la derecha, y la penitencia la estamos pagando todos los chilenos.

Así, en un momento en que la Constitución es menospreciada y violada incluso por los propios legisladores, quienes no tienen empacho en presentar e incluso aprobar proyectos inconstitucionales; cuando el Estado de Derecho no se respeta en la Plaza Italia, a pocas cuadras de La Moneda; cuando la violencia y el terrorismo se imponen en la macrozona sur; cuando las policías no actúan frente a la delincuencia, y cuando actúan, lo hacen mal; cuando se justifica o incluso avala la violencia como herramienta política; cuando el marco jurídico no sólo se ha desdibujado, sino que es constantemente borroneado por quienes son llamados a definirlo, ¿hemos recuperado la normalidad? Es evidente que no: hoy más que nunca la normalidad está en construcción, y lamentablemente deberemos esperar al menos algunos años para que el nuevo marco jurídico que la definirá esté más o menos consolidado.

Por último, lo más importante: ¿estaremos conformes con esa nueva normalidad? En gran parte, dependerá de quiénes redacten la nueva Constitución, y para eso es fundamental elegir a las personas más idóneas y competentes para esa labor.

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