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Publicado el 30 mayo, 2021

José A. Ugolini: Mínimos comunes

Los llamados “mínimos comunes” no son tales porque gran parte de la clase política no quiere tener nada en común con el resto, ya que una mayoría de sus actores consideran que cualquier acuerdo solo puede ser leído por la ciudadanía como debilidad, falta de convicciones, o una vulgar maquinación a espaldas del pueblo.

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En los últimos días se ha puesto de moda la expresión “mínimos comunes” para referirse a las políticas públicas destinadas a ayudar a quienes se han visto afectados económicamente por los confinamientos y demás restricciones impuestas por la autoridad con ocasión de la pandemia por Covid-19. Dicha expresión me hizo recordar mis tiempos escolares, y los ejercicios matemáticos para determinar el mínimo común denominador de dos o más fracciones, esto es, aquel mínimo común múltiplo aplicable a todos los denominadores de dichas fracciones, para así expresarlas de manera tal que sea posible sumarlas o restarlas. En efecto, estas dos últimas operaciones solo son posibles cuando las fracciones tienen un denominador común.

La oposición fue la primera facción que presentó su propuesta al Gobierno, la que contemplaba prácticamente los mismos beneficios que se vienen otorgando hasta la fecha, pero con un nombre distinto (para que no se vaya a pensar que es más de lo mismo), y por montos superiores, proponiendo un gasto estatal muy superior al que se ha asumido hasta ahora. Luego, la coalición de Gobierno, Chile Vamos, también presentó una propuesta al Ejecutivo, que por supuesto es distinta a la de la oposición. Y por último el Presidente de la República ha enviado al Congreso un proyecto que aparentemente pretende recoger algo de ambas propuestas, el que se basa en mantener a las personas por sobre o en el límite de la llamada línea de la pobreza, y la creación de un fondo para ayudar a las Pymes por US$2.000 millones. Pero como no recogió la propuesta de la oposición, se lo está acusando de no respetar los mínimos comunes que exige toda la sociedad. A dicho respecto, la Presidenta del Senado Yasna Provoste afirmó: “Sin duda que estos anuncios son débiles, son débiles para las familias y para la empresas de menor tamaño” (La Tercera, 26 de mayo).

En ningún momento la oposición, Chile Vamos y el Ejecutivo se sentaron a conversar sobre sus respectivas propuestas, porque ese tipo de diálogo está vedado desde que se lo calificó de “cocina”, condenándolo públicamente y por lo tanto proscribiéndolo de nuestra política. Se supone que el único lugar válido y sacrosanto para que se dé legítimamente el diálogo político es el Congreso, con su trabajo en comisiones y su posterior discusión en las respectivas salas: no vaya a ser que el ciudadano vociferante de Twitter se entere de algún acercamiento entre los distintos actores políticos fuera de los templos de la democracia, porque los considerarán sospechosos, y por lo tanto culpables de arreglines y conciertos en perjuicio de la ciudadanía. Sí, culpables, porque hoy las condenas no son judiciales, sino meramente ciudadanas, para lo que basta un posteo de pocos caracteres en alguna red social, que por el solo hecho de estar ahí se transforma en una verdad irrefutable.

En fin, los llamados “mínimos comunes” no son tales porque gran parte de la clase política no quiere tener nada en común con el resto, ya que una mayoría de sus actores consideran que cualquier acuerdo solo puede ser leído por la ciudadanía como debilidad, falta de convicciones, o una vulgar maquinación a espaldas del pueblo.

La gran mayoría de aquellos constituyentes “aparecidos” en la política nacional tienen un ideario propio y bastante estrecho.

Esa misma carencia de disposición al diálogo y a buscar puntos en común que nos unan y aglutinen como nación podría llegar a ser un escenario más que probable en la recién elegida Convención Constitucional. La mayor parte de la opinión pública -y privada- se ha mostrado sorprendida por el gran número de convencionales electos de listas independientes, y por la escasa votación que obtuvieron los partidos políticos, especialmente de la derecha y la ex Concertación. A mi juicio, una de las explicaciones de este fenómeno electoral fue el esfuerzo desplegado por los candidatos independientes para diferenciarse no sólo de los partidos tradicionales y sus idearios, sino también para parecer prístinos y puros, ajenos a esa clase política a la que paradójicamente, desde el momento mismo de su elección, comenzaron a pertenecer. Así, la gran mayoría de aquellos constituyentes “aparecidos” en la política nacional tienen un ideario propio y bastante estrecho, que cada uno de ellos pretende plasmar en la nueva constitución. Son personas que abrazan las más diversas banderas: estatistas, ecologistas, animalistas, feministas, y así una innumerable serie de “istas”, un número importante de “istes”, y Baradit. Y como suelen ser los jóvenes idealistas, que más encima se sienten triunfadores, no tienen voluntad de diálogo (salvo, por supuesto, que sus interlocutores estén de acuerdo con ellos), como lo dejó claro el constituyente Daniel Stingo en una de sus primeras intervenciones post-elección.

Así, tendiendo todos a la diferenciación y a clavar su propia bandera en el texto constitucional, con escasa voluntad de diálogo, creo que pueden dificultar los acuerdos en cuáles serán los “mínimos comunes” de la nueva Constitución, sobre todo cuando muchos pretenden que ésta sea una página en blanco, ojalá sin siquiera un cuadriculado o líneas que los pauteen.

Estando ya los constituyentes dentro de esa cancha de la Convención, quiéranlo o no van a tener que dialogar para encontrar esos “mínimos comunes” que ojalá les permitan sumar -y no restar- en pro del futuro de nuestro país.

Afortunadamente la Ley 21.200 que regula este proceso constituyente, contempla ciertos aspectos básicos a los que deberá someterse el nuevo texto constitucional, ya que la nueva Constitución “deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La última condición, esto es, la de respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, es a mi juicio la mayor garantía para tener una nueva constitución no se aparte de los mínimos comunes sobre los cuales se ha construido hasta la fecha nuestra sociedad y su institucionalidad. Especialmente, porque no se limita tan solo a aquellos tratados que se refieran a “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” (que ya tienen rango constitucional, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución vigente), sino a todo tipo de tratados, lo que extiende considerablemente el abanico de aspectos a respetar por los flamantes constituyentes.

Entre las reglas del juego, también se contempla un procedimiento para el funcionamiento de la convención: los famosos dos tercios a los que aspiraba la derecha y que no consiguió. En efecto, se exige que la Convención apruebe “las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”. Y como todo poder estatal, la Convención Constituyente tiene que tener sus controles y contrapesos, por lo que se dio la posibilidad de reclamar por la infracción a dichas reglas de procedimiento. El reclamo debe ser interpuesto por al menos un cuarto de los constituyentes en ejercicio, y su decisión fue entregada a cinco ministros de la Corte Suprema, que son elegidos por sorteo, caso a caso, para conocer de cada reclamación. Al parecer, se consideró que el actual Tribunal Constitucional no se encuentra capacitado para conocer de este tipo de conflictos (ya que con los propios tiene más que suficiente).

De este modo, la página no está en blanco: no sólo tiene líneas y cuadrículas que respetar, sino también se encuentra parcialmente escrita con tinta indeleble, de la que los constituyentes no se podrán sustraer sin apartarse de las reglas del juego que han decidido voluntariamente jugar. Así, entendemos que si han querido participar del proceso de redacción de una nueva Constitución, es porque respetan y valoran el estado de derecho, cuya ley fundamental pretenden redactar. Si no, no se comprendería para qué postularon a estar ahí.

En fin, estando ya los constituyentes dentro de esa cancha de la Convención, quiéranlo o no van a tener que dialogar para encontrar esos “mínimos comunes” que ojalá les permitan sumar -y no restar- en pro del futuro de nuestro país.

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