El pasado martes 12 de octubre se conmemoró lo que en nuestro país se denomina desde el año 2000 “Día del Encuentro de Dos Mundos”. Con anterioridad, se le conoció como Día de la Raza, aunque formalmente se lo declaró feriado en el año 1922, para celebrar el Aniversario del Descubrimiento de América. Cada una de dichas denominaciones parece más incorrecta que la otra, y su conmemoración parece tener cada vez menos sentido. Tanto menos, que es de aquellos feriados que se corren para el fin de semana más próximo: en efecto, este año fue el lunes día 11 de octubre.

Lo cierto es que la visión del encuentro entre europeos y americanos ha ido cambiando a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos años, en que pequeños grupos organizados a nivel latinoamericano han cuestionado cada vez más la figura del descubridor, Cristóbal Colón, y de los conquistadores españoles, pretendiendo desconocer la riqueza cultural derivada de la mezcla de las culturas de ambos lados del Atlántico. Al parecer, para algunos el único acervo cultural que tiene valor en sí es el indígena. Se pretende desconocer así el aporte que ha significado para nuestro país la inmigración que ha recibido constantemente a lo largo de su historia, y la forma cómo ello ha influido en la formación de nuestra idiosincrasia nacional.

Ese mismo día martes 12 de octubre, el encuentro de dos mundos fue conmemorado también con la publicación en el Diario Oficial de un decreto que declara estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, lo que se denomina la Macrozona Sur. En fundamento para tal decisión, fue la grave alteración del orden público que desde hace años se advierte en dicha zona, y que se ha exacerbado en los últimos meses.

Los estados de excepción constitucional consisten en un acto del Presidente de la República, que en algunos casos requiere del acuerdo del Congreso Nacional, en virtud del cual se afecta en mayor o menor medida los derechos y garantías asegurados por la Constitución, con ocasión de situaciones excepcionales, tales como guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, en cuanto dichas situaciones afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

El estado de Emergencia, es aquel que afecta en menor medida dichos derechos y garantías constitucionales, ya que sólo permite restringir las libertades de locomoción y de reunión. En el otro extremo encontramos el estado de Asamblea, que permite suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo; y restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir y registrar documentos y comunicaciones, requisar bienes y limitar el ejercicio del derecho de propiedad.

De este modo, y a contar del 12 de octubre, para las provincias en estado de Emergencia, se han designado en el mismo decreto sendos Jefes de la Defensa Nacional – uno contraalmirante de la Armada y un general de brigada del Ejército-, quienes asumieron “el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, bajo su jurisdicción, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción”. Para cumplir dicho cometido, “podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia”.

Lo cierto es que la violencia e inseguridad en que viven las personas que habitan en dichas provincias exige los mayores esfuerzos del Estado en orden a reponer el estado de derecho, y desarticular a todos los grupos que se han ido apoderando del control de ese territorio del país por la vía de las armas, ya sean narcotraficantes, terroristas, crimen organizado, o grupos con objetivos políticos o sociales que reivindican y utilizan la violencia como herramienta para lograr sus fines.

El problema es que el tiempo es poco: el estado de Emergencia tiene una vigencia de 15 días, y se puede prorrogar por una vez, para llegar a los 30 días. Si después de ello se quiere extender su vigencia, el Presidente de la República requiere del acuerdo del Congreso, y sabemos desde ya que ese acuerdo no lo va a lograr.

¿Es posible obtener resultados en tan sólo 30 días? Eso dependerá de la eficiencia de nuestras policías, y de las estrategias que hayan acordado con las fuerzas armadas para ocupar de la mejor forma posible los recursos que éstas pueden poner a su disposición.

El riesgo es que en estos 15 o 30 días de estado de Emergencia los resultados sean nulos. Espero que no seamos testigos una vez más de cómo el Gobierno desaprovecha una oportunidad de resolver, al menos en parte, uno de los más graves problemas que nos afecta como país.

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