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Publicado el 10 diciembre, 2020

Jorge Pedrals: Chile en la paradoja de una transición justa y equitativa

Ingeniero civil de minas Jorge Pedrals

Si bien Chile contribuye con un 0,2% de la generación de gases efecto invernadero, tiene -conforme al CR2- siete de las nueve vulnerabilidades asociadas al calentamiento global. Lo anterior impone la urgencia para que el Estado y el Gobierno de Chile generen políticas públicas orientadas a preparar al país para enfrentar con urgencia los efectos del cambio climático, más aún cuando el país ya enfrenta una sequía prolongada.

Jorge Pedrals Ingeniero civil de minas
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Los últimos meses se ha visto la tramitación de vistosos proyectos que buscan proteger el medio ambiente, como el de la des-carbonización acelerada al 2025 y la ley de protección de glaciares. Ante ambos proyectos han surgido voces de alerta respecto de la competitividad del país, así como también de la calidad de los proyectos.

En el primero, el Coordinador Eléctrico Nacional, entidad independiente que vela por la calidad y competitividad de las tarifas, indicó que el país no estaba preparado para adelantar a ese año la detención de centrales térmicas. Con relación al segundo, surgió la voz de distintos especialistas, entre ellos el Instituto de Ingenieros de Chile, quienes advirtieron de errores importantes en los supuestos que amparan la propuesta de ley. No está demás decir que ambos proyectos impactarán negativamente también a la minería, que es uno de los motores más importantes de la economía del país.

Durante el año 2019 en Chile se discutió la des-carbonización de la matriz energética, acordando que esto ocurriría en el 2040. Para poner esta política pública en perspectiva, es interesante saber que Alemania, un país con un ingreso per cápita de US$50.850 -comparado con el de Chile, de US$15.900-, tiene un compromiso de eliminar el carbón de la generación eléctrica el año 2038.

Una de las ideas discutidas en el Acuerdo de París (COP 21) el 2015 tiene relación con el concepto de “transición justa y equitativa”, el que pareciera que pocos están teniendo en consideración. Este concepto se origina en la década de los 70 y 80 en Estados Unidos, primero como consecuencia de nuevas regulaciones ambientales que ponían en riesgo fuentes de trabajo existentes y luego, asociado al término de la Guerra Fría con la necesidad de reubicar a los trabajadores desde la industria de los armamentos a una economía centrada en la paz.

El año 2015, cuando se realiza la COP 21, se alcanza un “acuerdo histórico para combatir el cambio climático, donde una de las conclusiones fue acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono”. Dentro de los muchos acuerdos alcanzados, existía conciencia en la necesidad de dar un “mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo”.

Dado lo anterior, conscientes de las dificultades para la adaptación de las economías del mundo, se planteó dentro del documento la necesidad de reconvertir la fuerza laboral de los países, acorde con las prioridades definidas en cada país, conforme a lo siguiente: “…Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional…”

La adaptación a una economía sustentable en el largo plazo, que no genere gases con efecto invernadero, implicará impactos que, si no se manejan bien, generarán pérdidas y dificultades, especialmente en comunidades que hoy dependen de actividades intensivas en carbono. Esta idea tiene relación con la necesidad de avanzar en el proceso de des-carbonización, pero con un “imperativo moral de no dejar a nadie atrás, y también respecto al imperativo político de reducir la resistencia al cambio de los potenciales perdedores”.

Cuando el país enfrenta los desafíos sociales del 18–O, unidos a los que nos ha impuesto la pandemia, generando esta última más de un 35% de la fuerza laboral del país en una condición de trabajo precaria, es cuando debiéramos ser capaces de conjugar los desafíos del largo plazo, con los del corto plazo. Para esto, es urgente que revisitemos las mismas ideas que se discutieron en el Acuerdo de París, pero en debida consideración del país en el que vivimos, incorporando en la discusión pública el concepto de una “transición justa y equitativa”.

Si bien Chile contribuye con un 0,2% de la generación de gases efecto invernadero, tiene conforme al CR2 siete de las nueve vulnerabilidades asociadas al calentamiento global. Lo anterior impone la urgencia para que el Estado y el Gobierno de Chile, generen políticas públicas orientadas a preparar al país para enfrentar con urgencia los efectos del cambio climático, más aún cuando el país ya enfrenta una sequía prolongada.

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